“No tenemos ningún control sobre la ANFP”

“La Superintendencia de Valores y Seguros no tiene ninguna facultad para controlar los manejos económicos de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, como la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Simplemente porque no podemos ir más allá de lo que el ámbito de la ley nos señala”, dice José Antonio Gaspar, fiscal del organismo que más de una vez fue aludido respecto de temas referentes al fútbol donde no era precisamente la transparencia la que mandaba.

De hecho, El Mostrador, en sucesivas notas donde dimos cuenta de esos manejos, se preguntó más de una vez qué organismo era el encargado de supervisar que todo se mantuviera apegado a la ley y a los reglamentos que rigen al fútbol nacional, toda vez que en los últimos años, con platas que vienen y van, que se reparten y se quitan, la ANFP se había transformado en un verdadero “agujero negro” que parece actuar sin control.

Considerando, además, que la inmensa mayoría de los clubes que acoge son Sociedades Anónimas Deportivas, que de tanto en tango gozan de jugosos ingresos disfrazados de “excedentes”, destinados supuestamente a sus series formativas, o Fútbol Joven, aunque en este ámbito, salvo una que otra excepción, no se aprecia inversión alguna, más de una vez apelamos a la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, como el ente que debía fiscalizar.

Personeros del propio organismo se contactaron con El Mostrador para sacarnos del error. Al fiscal Cáceres, se sumaron Nicolás Cáceres y Diego García, funcionarios de la SVS, para señalarnos que “las únicas Sociedades Anónimas que caen en nuestro ámbito son Blanco y Negro, Azul Azul y Cruzados S.A., simplemente porque, al cotizar en la bolsa, son entidades emisoras de valores, en otras palabras, acciones. Y el mercado requiere saber, para su funcionamiento y transparencia, si el valor de esas acciones se ajustan o no a la realidad”.

Se apresuran en aclarar, sin embargo, que el resto de los clubes que son Sociedades Anónimas Deportivas también tienen un control, sólo que mucho más acotado.

Dice el fiscal José Antonio Gaspar:

“Las actividades de fiscalización de estas entidades, que en nuestra Política de Fiscalización denominamos ODP (Organizaciones Deportivas Profesionales), son básicamente de gabinete, contemplándose el control de envío de la totalidad de la información anual entregada por ellas, es decir, Memoria Anual, que incluye los estados financieros e informes de auditores y envío de presupuestos. Además, el análisis de las opiniones de los auditores externos que acompañan los estados financiaros a diciembre de cada año o el control del envío del 100% de la información trimestral entregada por las entidades contenidas en el listado mantenido y actualizado por este servicio, en relación al cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y capital mínimo de funcionamiento, que es de 1.000 UF”.

Agrega:

“En suma, nuestro deber es analizar sus aspectos presupuestarios, sus estados financieros y sus balances. Sin embargo, respecto de estos últimos damos fe que son los reales, dado que todas estas Sociedades Anónimas Deportivas deben ser revisadas y auditadas por empresas externas especializadas y que tengan un nombre y un prestigio en el mercado de valores”.

Cuando le hacemos ver que el escándalo de La Polar estalló a pesar de que supuestamente todos los balances presentados se ajustaban a la realidad económica de la empresa, señala Gaspar:

“Nosotros no podemos descartar que algo así finalmente ocurra, por lo que en nuestra política de fiscalización se contemplan sanciones tanto para la Sociedad Anónima Deportiva como para la empresa que, consciente o inconscientemente, falseó los balances. Para la empresa de auditoría la multa va desde las 100 UTM hasta su eliminación del registro”.

Gaspar, sin embargo, se apresura en señalar que “esto no es la norma, sino más bien la excepción. De hecho, el caso que usted menciona causó tanto revuelo precisamente por ser una excepción. Un caso muy mediático y de montos millonarios, pero claramente excepcional”.

Reconocen que el trabajo de fiscalización de la SVS no es fácil. Señalan:

“Son aproximadamente 7 mil las entidades que debemos fiscalizar y el servicio sólo cuenta con 340 funcionarios. Es una tarea que, por su tamaño y complejidad, se torna en ocasiones muy dificultosa”.

Consultados cómo puede la Superintendencia dar fe de que un balance presentado por una Sociedad Anónima Deportiva es real, dicen:

“Si se confirma que existe información falsa, el artículo 39 de la ley 20.019, que regula a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, contempla diversas sanciones, que van desde la amonestación escrita y pública, una multa no inferior a 10 ni superior a 100 UTM e, incluso, la eliminación del registro de organizaciones deportivas profesionales en los casos de incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones contempladas en la ley”.

Sobre de qué forma la SVS puede intervenir respecto de aquellos clubes que, siendo Sociedades Anónimas Deportivas, no cotizan en bolsa, señalan:

“Actuamos siempre y cuando recibamos una denuncia fundada de que un balance presentado no corresponda a la realidad”.

Interrogados acerca de cómo es efectivo que se ha sabido de al menos ocho Sociedades Anónimas Deportivas que están técnicamente quebradas, sin que se haya actuado, responden que “no hemos tenido denuncias en tal sentido”.

Aclaran luego que “producida la disolución de una organización deportiva profesional por insolvencia, en todo caso, es el Instituto Nacional del Deporte quien debe proceder a su retiro del registro. Su eventual eliminación es algo que a nosotros no nos compete”.

Todo indica, entonces, que es el Ministerio de Justicia el ente que debe actuar. Y ya lo hizo, luego que determinara que los sueldos que reciben desde enero de 2015 el presidente de la ANFP, Sergio Jadue, y su directorio, son ilegales, y que deben ser devueltos al organismo.

Más allá de ese hecho, sin embargo, que puede ser zanjado en apariencia sin mayores dificultades por la ANFP, toda vez que para pagarle un sueldo a su plana ejecutiva modificó sus estatutos más que oportunamente, sin que el Ministerio de Justicia hiciera ninguna objeción u observación, existen muchos otros aspectos respecto de los cuales la cartera al parecer tiene los dientes mellados.

A saber:

¿Cómo es posible que en los hechos la entidad madre del fútbol chileno, esto es, la Federación de Fútbol de Chile, deglutida por la ANFP en los hechos, no exista y eso no le llame la atención?

¿Cómo es posible que esa entidad, que acoge a todo el fútbol nacional, tanto profesional como amateur, ni siquiera tenga página web?

¿Cómo es posible que, durante años, no se haya sabido de una reunión del directorio de la Federación?

¿Cómo es posible que la ANFP disponga a su arbitrio de dineros que no son suyos, que por ser generados por la Selección pertenecen a la Federación, y los reparta graciosa y generosamente entre sus clubes afiliados, con la martingala de que van destinados a fortalecer el “Fútbol Joven”?

¿Cómo es posible que el fútbol haya recibido 3 millones de dólares de parte de la empresa Datisa y ello no haya llevado al Ministerio a investigar su origen, cómo ingresaron al país, sus destinatarios y su destino?

¿Cuántas partidas más en millones de dólares han ingresado al país sin pasar por la cuenta corriente de la Federación?

Son preguntas que todos aquellos que conocen el fútbol chileno, que se sorprenden de su manejo económico arbitrario y sin control, se hacen.

Todos, menos hasta ahora aquellas entidades que, debiendo hacer su trabajo, hasta ahora no lo hacen.

Porque dejar sin sueldo a quienes manejan la ANFP es apenas un detalle respecto de otros casos mucho más trascendentes y donde claramente la transparencia no es la imperante.