El senador condenado, ex gobernador del departamento del Cesar (norte), fue acusado de aliarse con el ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40», extraditado el pasado martes a Estados Unidos por narcotráfico junto con otro trece dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó este viernes a siete años de prisión al ex senador Mauricio Pimiento por nexos con grupos paramilitares de derecha, informó el presidente de ese tribunal, Francisco Ricaurte.
El magistrado Ricaurte declaró a los periodistas que la condena se impuso a Pimiento por «concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector».
Pimiento, que pertenecía a un grupo aliado del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, es el cuarto ex congresista condenado dentro del escándalo de la «parapolítica», por el que han sido detenidos más de 60 políticos, entre ellos 38 congresistas o ex congresistas.
El senador condenado, ex gobernador del departamento del Cesar (norte), fue acusado de aliarse con el ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40», extraditado el pasado martes a Estados Unidos por narcotráfico junto con otro trece dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El ex senador Pimiento, natural del departamento del Cesar y miembro del «Partido de U» (uribista), y preso desde febrero del año pasado, admitió haberse reunido en 2005 con «Jorge 40», pero aseguró que lo hizo para gestionar la paz.
Además, indicó que conocía a «Jorge 40» desde la infancia, ya que este, antes de ser líder paramilitar, era un cultivador de arroz de perteneciente a una familia importante de Valledupar, la capital del Cesar.
El abogado Hernán Jiménez, defensor de Pimiento, declaró a los periodistas que hubo «una decisión política y no judicial».
«Recibimos con sorpresa que eso (la argumentación jurídica) no tuvo ningún tipo de valoración, sino que desde el principio se estaba planteando que esto debía ser una condena», manifestó Jiménez.
El escándalo de la «parapolítica» se desató a finales de 2006, cuando se descubrieron pactos electorales o la recepción por parte de políticos de dinero de jefes de las AUC para financiar sus campañas.
Las AUC, que reunían los escuadrones de justicia privada creados para combatir a las guerrillas, celebraron conversaciones de paz con el Gobierno entre 2002 y 2006 y desmovilizaron a más de 31.000 combatientes.
EFE
