El defensor del Pueblo colombiano, Volmar Pérez, expresó este lunes su confianza en que la designación de «Cano», un antropólogo próximo a cumplir 60 años y considerado de «la línea política», facilite el acuerdo humanitario y «revalúe la guerra».
La suerte de los secuestrados por la principal guerrilla colombiana se hace más incierta tras la muerte de su máximo líder, «Manuel Marulanda», y la falta de señales de su sucesor, «Alfonso Cano», sobre la postura que tomará acerca de las demandas de un acuerdo humanitario o de liberación de los rehenes.
Sin embargo, familiares de los secuestrados, funcionarios y analistas, confían en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con su nueva dirección, den algún viraje y posibiliten una salida negociada al problema.
Pedro Antonio Marín, alias «Manuel Marulanda» y «Tirofijo» murió el 26 de marzo de un ataque cardíaco, según admitieron este domingo las FARC, que también anunciaron que su sucesor en el mando es Guillermo León Saénz, alias «Alfonso Cano», de quien aún no se sabe si mantendrá o modificará la línea de su antecesor.
El defensor del Pueblo colombiano, Volmar Pérez, expresó este lunes su confianza en que la designación de «Cano», un antropólogo próximo a cumplir 60 años y considerado de «la línea política», facilite el acuerdo humanitario y «revalúe la guerra».
«Si al frente de las FARC predomina la línea política, uno podría esperar que los nuevos responsables de su conducción entiendan esa necesidad, que hay que privilegiar más el diálogo político, que hay que acogerse a las normas del derecho internacional humanitario», dijo hoy Pérez a los periodistas.
Añadió que en esa línea confía en que la nueva jefatura baje la intensidad de la confrontación armada y urgió a posibilitar un acuerdo humanitario que «garantice el retorno a la libertad de todos los secuestrados».
Entre las más de 700 personas en poder de las FARC, según cifras del Gobierno, hay 40, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y políticos, soldados y policías, que la guerrilla considera «canjeables» por unos 500 rebeldes presos.
Para negociar el acuerdo humanitario las FARC también han exigido la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera, en el departamento del Valle, suroeste del país, a lo que se opone el presidente Álvaro Uribe.
La senadora opositora Piedad Córdoba, que junto al presidente venezolano, Hugo Chávez, actuó como mediadora para la búsqueda del acuerdo humanitario, consideró este lunes que con «Alfonso Cano» será posible seguir trabajando en ese objetivo
La ex mediadora admitió que ve el acceso de «Cano» a la máxima comandancia de la FARC con «mucha esperanza por la paz, en el acuerdo humanitario y por la salida negociada al conflicto que vive Colombia».
Astrid Betancourt, hermana de Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC el 23 de febrero de 2002, también expresó su confianza en que con «Alfonso Cano» se podrá concretar un acuerdo por la libertad de los secuestrados.
Según Astrid Betancourt, que habló con Radio Caracol desde París, la designación de «Cano» «devuelve la esperanza», pues -dijo- el nuevo líder de las FARC está más adscrito a la línea política que «a la guerrerista».
El analista y columnista Pedro Medellín también coincidió con Betancourt, con el defensor del Pueblo y con la senadora Córdoba y expresó que, en efecto, se impuso la línea de conciliación y de acción política de «Cano», antes que «la guerrerista» del «Mono Jojoy», alias de Jorge Briceño Suárez, jefe militar de las FARC.
El asesor presidencial José Obdulio Gaviria, por su parte, consideró que la suerte de los secuestrados «depende de la suerte del debilitamiento de la fuerza, de la banda secuestradora, y eso está ocurriendo, y es probable que ellos comiencen a ser liberados».
El sábado el presidente Uribe reveló que guerrilleros de las FARC han ofrecido desmovilizarse y liberar a la ex candidata presidencial Betancourt y a otros secuestrados, pero han preguntado qué contraprestación recibirán por ello.
Esos guerrilleros, señaló ese día Uribe, deben saber que el gobierno creó «un fondo de recompensas de hasta 100 millones de dólares (para) los integrantes (de las FARC) que se desmovilicen, abandonen ese grupo y liberen secuestrados».
La segunda oferta, añadió Uribe, es que se buscará «un mecanismo de libertad condicional», y explicó que este lo hará efectivo el gobierno, «en el momento en que estas personas lleguen y podamos recibir a los secuestrados».
Gaviria dijo a Radio Cadena Nacional (RCN) que el Gobierno espera que «el llamado y la oferta de recompensa sea oído y ellos mismos se presenten».
EFE
