El Gobierno de EE.UU levantó una orden que protegía la divulgación pública de esos nombres por cuestiones de seguridad y diplomáticas.
El Gobierno de EE.UU. divulgó hoy ante un tribunal los nombres de los 56 presos de Guantánamo que están a la espera de ser transferidos a su país o a un tercero, indicaron a Efe fuentes del Departamento de Estado.
El Gobierno levantó una orden que protegía la divulgación pública de esos nombres por cuestiones de seguridad y diplomáticas.
En una presentación ante una corte del Distrito de Columbia, los abogados gubernamentales sostuvieron que las circunstancias que motivaron la protección de esa información han cambiado.
Inicialmente se pidió la protección de esa información «con el fin de mantener la flexibilidad en los acuerdos diplomáticos con los Gobiernos extranjeros sobre posibles traslados de detenidos», explicaron las fuentes.
De los 56 presos cuyo traslado está aprobado «solo un pequeño número requiere un reasentamiento en un tercer país» debido a las preocupaciones sobre su integridad personal, según esas fuentes.
El Gobierno del presidente Barack Obama «continúa con sus esfuerzos para transferir» a esos detenidos. Un total de 40 presos de Guantánamo han sido ubicados en terceros países desde 2009 y otros 28 han sido repatriados a sus naciones de origen, de acuerdo con el Departamento de Estado.
Los presos de la cárcel de Guantánamo (este de Cuba) han sido capturados en diferentes puntos del planeta desde que Estados Unidos comenzó su guerra global contra el terrorismo a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Aunque la cárcel alcanzó a albergar en un momento a casi 800 reclusos, en la actualidad tiene unos 170.
El cierre de Guantánamo fue la primera promesa de Obama a su llegada a la Casa Blanca en enero de 2009, pero no la ha cumplido y, además, en marzo pasado decretó el restablecimiento de las comisiones militares para juzgar a los presos.
Según el Gobierno, el culpable de la marcha atrás en la decisión de juzgar a los detenidos en tribunales ordinarios fue el Congreso, que se negó a trasladar a los presos a territorio estadounidense.
