La CMPC, más conocida como La Papelera, también estuvo coludida durante 15 años en Colombia, en lo que ha sido denominado como el «cartel de los pañales», junto con las empresas colombianas Tecnosur y Tecnoquímicas; además de la empresa con capitales suecos Familia y la transnacional Kimberly-Clark; y Drypress, productores de los pañales Huggies y del papel higiénico Scott en Chile.
Desde que salió a la luz el caso de colusión del denominado «Cartel del Confort», las ventas en supermercados de las marcas producidas por las empresas CMPC de la familia Matte y la sueca SCA, han bajado sus ventas. Por otra parte, marcas de la competencia –como Scott– han quebrado su stock en distintos puntos de venta, esto debido a una campaña en redes sociales que llama a no comprar los productos de las empresas coludidas.
Lo que no se sabe es que la CMPC, más conocida como La Papelera, también estuvo coludida durante 15 años en Colombia, en lo que ha sido denominado como el «cartel de los pañales», junto con las empresas colombianas Tecnosur y Tecnoquímicas; además de la empresa con capitales suecos Familia y la transnacional Kimberly-Clark; y Drypress, productores de los pañales Huggies y del papel higiénico Scott en Chile.
Según datos de la Superindustria colombiana, las cuatro marcas de pañales obtuvieron el 96% del mercado: Winny Ultratrim (41 %), Pequeñín (28 %), Huggies (21 %) y Baby Sec (6 %).
Además, en los últimos 15 años las ventas de los pañales en Colombia ascendieron a más de 7,7 billones de pesos, lo que correspondería al consumo de más de 11.300 millones de pañales.
Según informó el sitio El Tiempo, de Colombia, el proceso de investigación del caso del cartel de los pañales duraría casi dos años, tiempo en el que se escuchará a los investigados y la Superintendencia de la Industria estudiará el caso. Entre agosto del 2015 y febrero del 2016, el superintendente de Industria, Pablo Felipe Robledo, decidiría si sanciona o absuelve.
Si se sanciona a las empresas, además de tomar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, la entidad impondría multas de hasta 61.600 millones de pesos, por cada infracción. Por su parte, cada persona se sometería a una sanción que llegaría a 1.232 millones de pesos.
En tanto, en Chile el proceso de investigación siguen curso, al igual que las denominadas protestas ciudadanas en contra de las empresas coludidas.
