Han puesto contra las cuerdas a algunos de sus pupilos por la filtración de conversaciones privadas, como la que hoy derivó en la «licencia» del cargo del ministro de Planificación, Romero Jucá.
Las escuchas telefónicas han convulsionado los cimientos de la política brasileña y han puesto contra las cuerdas a algunos de sus pupilos por la filtración de conversaciones privadas, como la que hoy derivó en la «licencia» del cargo del ministro de Planificación, Romero Jucá.
Legales o ilegales, las grabaciones de conversaciones telefónicas entre políticos han salido a la luz al ritmo que han avanzado las investigaciones de las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras, por las que son investigados medio centenar de parlamentarios, entre ellos Jucá.
El ministro, un hombre cercano al presidente interino, Michel Temer, e investigado por desvíos en Petrobras, ha protagonizado el primer escándalo del nuevo Gobierno apenas once días después de asumir en sustitución de Dilma Rousseff, separada de la Presidencia por el Congreso.
En una grabación divulgada por el diario Folha de Sao Paulo, Jucá mantiene una conversación con el expresidente de la estatal Transpetro Sergio Machado, también sospechoso de participar en la gigantesca red de corrupción de Petrobras.
En la conversación, grabada en marzo pasado, Jucá sugiere, todavía como senador, que un cambio en el Gobierno y la llegada al poder de Temer podría propiciar la creación de un «pacto nacional» que «delimitase» las investigaciones sobre ese escándalo.
En su primera reacción pública, Jucá admitió la charla pero dijo que fue «sacada de contexto» y rechazó la posibilidad de dimitir.
Sin embargo, arrastrado por el vendaval y presionado por sus correligionarios, Jucá pidió horas más tarde una «licencia» de su cargo.
Quien también fue víctima de escuchas telefónicas este año fue el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el político más carismático de Brasil y blanco de dos investigaciones judiciales por supuesta corrupción.
Las grabaciones al ex jefe de Estado fueron autorizadas por el temido juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones de Petrobras, y pusieron en jaque al Gobierno de Rousseff.
En una de ellas, Lula conversa con su sucesora, Dilma Rousseff, quien sugiere que nombró a su padrino político ministro para que pudiera obtener el fuero privilegiado y huir de las garras de la justicia común.
La grabación, filtrada por órdenes de Moro, causó un terremoto político en Brasil y aumentó la presión del Legislativo sobre Rousseff, quien enfrenta un juicio político en el Senado que podría terminar en su destitución por irregularidades en las cuentas públicas.
En la novela política que desde hace meses mantiene en vilo a Brasil, la grabación telefónica se convirtió en un as en la manga para el exdirector de Petrobras, Nestor Cerveró, salpicado por la trama corrupta.
Su hijo, Bernardo Cerveró, entregó a las autoridades una grabación en la que el entonces senador y jefe del oficialismo en la Cámara alta Delcídio Amaral ofrece dinero al exdirectivo de Petrobras a cambio de su ayuda para anular sus acusaciones.
El senador acabó entre rejas y, para reducir su pena, terminó salpicando al Gobierno, incluida la propia Rousseff, y a la oposición.
Los micrófonos ocultos llegaron recientemente hasta el Supremo Tribunal, donde los servicios de seguridad hallaron un mecanismo de escuchas en el despacho de uno de los magistrados de esa corte, Luis Roberto Barroso.
El aparato estaba en una caja bajo la mesa del juez, nombrado para ese cargo en 2013 por Rousseff, y se encontraba «desactivado» en el momento del hallazgo, durante una inspección de rutina.
El presidente interino, Michel Temer, también aparece en la lista de filtraciones, aunque esta vez por un supuesto descuido.
Semanas antes de que el Congreso iniciara la votación para la apertura de un juicio político contra Rousseff, Temer divulgó por error un audio en el que da por hecho que el Parlamento aprobaría el ‘impeachment’ contra la presidenta, por lo que asumiría su cargo.
Temer anticipó el discurso que pronunciaría si el proceso parlamentario era aprobado por la Cámara y, horas después, fue acusado de «traidor» por Rousseff, ahora mandataria suspendida de Brasil.
