Luego de la salida de Reino Unido de la Unión Europea
A medida que las aguas comienzan a calmarse tras el referendo del «Brexit» para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, se están empezando a barajar las opciones legales sobre la posibilidad de retrasar o incluso evitar una medida tan trascendental para este país.
Horas después de que se conoció el resultado, millones de británicos firmaron una petición para repetir la consulta.
Y no han cesado las especulaciones sobre lo que puede ocurrir ahora.
Aunque el referendo no es legalmente vinculante y el Parlamento puede simplemente anularlo, una medida semejante sería considerada antidemocrática y muchos prevén consecuencias políticas desastrosas.
Sin embargo, tal como ha sido demostrado a lo largo de los años, hay varias formas en las que se puede forzar la decisión del pueblo tras un referendo.
Estos son algunos ejemplos que recogimos en BBC Mundo:
En julio de 2015, el pueblo griego votó sobre un severo paquete de políticas de austeridad de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.
La pregunta que debían responder los griegos era si los términos de los acreedores eran aceptables, cambio de recibir un paquete de rescate de miles de millones de euros.
La respuesta de los griegos fue «No»: con 61% votando contra el paquete y 39% para aceptarlo.
A pesar del resultado, el gobierno del primer ministro girego, Alexis Tsipras, que previamente había renunciado a las negociaciones con los acreedores y había hecho campaña para rechazar las medidas de austeridad, argumentó que el referendo lo había fortalecido para renegociar los términos del rescate financiero.
Y siete días después acordó otro paquete de ayuda, que incluía las mismas medidas de austeridad que los electores habían rechazado en el referendo.
La BBC le preguntó entonces al secretario general del ministro de Interior, Dimitris Tsoukalas, si el referendo no había sido una total pérdida de tiempo, dinero y ánimo.
«No, para nada», respondió. «Los líderes europeos no querían a Tsipras. Querían hacerlo a un lado. Pero nuestra victoria en el referendo fue un mandato para que él continúe con las negociaciones», respondió.
En 2008, Irlanda empujó a la Unión Europea al caos cuando el país decidió realizar un referendo sobre el Tratado de Lisboa, el acuerdo internacional que forma la base del cuerpo constitucional de la Unión Europea.
Los irlandeses lo rechazaron con una mayoría de 53%.
Para que el tratado pudiera convertirse en ley tenía que ser ratificado por todos los Estados miembros de la UE.
Temerosos de que un país relativamente pequeño como Irlanda fuera a descarrillar los esfuerzos para formalizar el funcionamiento de la UE, el bloque urgió al gobierno irlandés a «repensar» el resultado.
El gobierno irlandés llevó a cabo una enmienda en la Constitución con la cual se permitía al Estado ratificar el Tratado de Lisboa y nuevamente presentó a los electores la opción de aprobar o rechazar el acuerdo.
El Tratado fue aprobado en un segundo referendo por los irlandeses en 2009 con 67,1% a favor y 32,9% en contra, con una participación de 59%.
Vale la pena recordar que el Tratado de Lisboa fue diseñado para reemplazar al Tratado para una Constitución de Europea (TCE), que fue rechazado en referendos en 2005 tanto en Francia como Holanda.
En 1992, los daneses fueron a las urnas para votar sobre el Tratado de Maastricht, que establecía las bases para una unión política más integrada en Europa.
Los electores decidieron rechazarlo por una mayoría de 50,7% con una participación de 83,1%.
La decisión fue un golpe para proceso de integración de la UE y como, igual que otros tratados europeos, el de Maastricht sólo podía entrar en vigor con la ratificación de todos los países miembros, se urgió a los daneses a «repensar» el voto.
La UE otorgó ciertas concesiones, incluidas cuatro excepciones con las que Dinamarca no estaba obligada a adoptar el euro ni políticas de seguridad, defensa común y justicia.
Con estas concesiones se volvió a plantear el asunto al electorado danés y el Tratado fue aceptado en un segundo referendo en 1993 con una mayoría de 56,7%.
En abril de este año, los holandeses votaron en contra del establecimiento de vínculos políticos, económicos y de defensa más cercanos entre la UE y Ucrania.
El voto del electorado holandés, con una mayoría de 64%, fue visto como un rechazo de la posición de línea dura que varios gobiernos europeos, incluido el holandés, están adoptando con Rusia.
El referendo, sin embargo, se llevó a cabo cuando el tratado para mayor cooperación con Ucrania ya había sido firmado por el gobierno del primer ministro Mark Rutte y aprobado por otras naciones de la UE.
Provisionalmente entró en vigor en enero.
Tras el referendo, Rutte reconoció que «sería políticamente imposible» ratificar el tratado en su forma actual. Pero indicó que necesitará tiempo para encontrar la manera de alterar el acuerdo y que se pueda satisfacer a todas las partes.
Otros aseguran que Bruselas continúa implementando el tratado con Ucrania y está ignorando el referendo holandés.
Estos cuatro ejemplos demuestran que siempre es posible encontrar un tecnicismo legal -o político- para detener o evitar los grandes recursos democráticos.
Tal como le dijo al The Washington Post Philipp Genschel, profesor del Centro Schuman de Estudios Avanzados de la Universidad Europea, «la forma común de no respetar el resultado de un referendo, no es el abierto desafío… sino la repetición del referendo hasta que éste produzca el resultado ‘correcto'».
