La firma de la orden ejecutiva se esperaba para esta semana, y finalmente aconteció hoy. El nuevo mandatario estadounidense no pierde el tiempo y con este nuevo instructivo podría iniciarse la deportación de hasta 12 millones de personas, en su mayoría latinos.
Él mismo había dicho que no pasaba de esta semana, y cumplió. Donald Trump ha firmado hoy el polémico de nuevas directrices para el Departamento de Seguridad Interior, y que incluye entre otras cosas la incorporación de 15.000 nuevos agentes y la instrucción de expulsar a todo indocumentado que lleve menos de tres años en el país.
A pesar de que desde la administración Trump llama a la calma diciendo que “No queremos crear pánico ni proceder a deportaciones masivas, sino sólo hacer cumplir la ley», hay casi 12 millones de personas, en su mayoría latinos y casi la mitad mexicanos, que están alerta.
Entre otras cosas se acabó con la libertad provisional para los detenidos sin papeles, lo que hasta hoy era una práctica común cuando un indocumentado era apresado por una falta leve. “Esta medida será usada excepcionalmente y solo en los casos donde, después de un atento estudio de las circunstancias, se considere necesaria por razones humanitarias o por un significativo beneficio público”, reza la orden.
Se acabó también con la regla de los 160 kilómetros y las 2 semanas, por la cual los indocumentados que llevaran más de dos semanas en el país y estuvieran a más de 160 kilómetros de la frontera se salvaban de facto de la deportación inmediata. Ahora simplemente todos se irán fuera.
Tampoco se salvan de esta nueva directriz los padres e hijo. Por el contrario, para cortar el flujo de menores procedentes de Centroamérica, superior a los tres millones desde los años ochenta, se endurece el castigo a sus progenitores y se permite su procesamiento penal si han hecho uso, como es práctica habitual, de redes de tráfico humano.
El escenario se completa con una ampliación radical de los poderes de los agentes de inmigración. Para lograr la máxima operatividad, el secretario de Seguridad Nacional, el ex general de marines, John F. Kelly, otorga a sus efectivos “autoridad completa para arrestar al extranjero de quien se considere probable que haya violado las normas de inmigración”. Aunque el texto fija ciertas prioridades para las detenciones, el filtro es tan tenue que llega a reconocer como objetivo a todo aquel que los agentes entiendan que es un “riesgo para la seguridad pública”. Es decir, cualquier sospechoso.
