Un documento similar, menos detallado, fue hallado en enero en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres, parte de un creciente cuerpo de evidencia de que miembros del círculo íntimo de Bolsonaro estaban buscando formas de impedir que Lula de asumiera el cargo y despojar de poderes a los principales tribunales federales de Brasil.
La Policía Federal de Brasil encontró un documento detallado de planificación de una intervención militar en el teléfono de un ayudante del expresidente Jair Bolsonaro para bloquear el traspaso de poder en las elecciones del año pasado, informó la revista de noticias Veja.
No estaba claro quién escribió el documento y si llegó a Bolsonaro, un excapitán del Ejército que perdió por estrecho margen las elecciones de octubre frente a su rival izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Un documento similar, menos detallado, fue hallado en enero en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres, parte de un creciente cuerpo de evidencia de que miembros del círculo íntimo de Bolsonaro estaban buscando formas de impedir que Lula de asumiera el cargo y despojar de poderes a los principales tribunales federales de Brasil.
La revista dijo que un documento de la policía mostró que el plan fue hallado en el teléfono del teniente coronel Mauro Cid, uno de los asistentes personales de Bolsonaro que se continuó como su ayudante después de dejó la presidencia. Cid está actualmente bajo arresto como parte de una investigación sobre la presunta falsificación de la tarjeta de vacunación COVID-19 de Bolsonaro.
El abogado de Cid, Bernardo Fenelon, no respondió a una solicitud de comentarios.
Según Veja, el documento de tres páginas proporcionaba una guía sobre cómo bloquear la investidura de Lula, utilizando a los militares como “fuerza moderadora”. Para justificar tal ruptura institucional, el documento alegaba acciones inconstitucionales del poder judicial y de los medios de comunicación para favorecer a Lula en las elecciones.
El documento pide el nombramiento de un “interventor” con poder sobre las fuerzas armadas y todos los organismos federales de seguridad pública de Brasil. Se investigaría, destituiría y sustituiría a los jueces infractores del Supremo Tribunal Federal y del tribunal electoral federal.
El renovado tribunal electoral supervisaría entonces la celebración de nuevas elecciones, que sólo tendrían lugar una vez que los militares hubieran decidido que se había restablecido el orden constitucional.
El Ejército brasileño dijo que las “opiniones y comentarios personales no representan el pensamiento de la (…) cadena de mando, ni el posicionamiento oficial de la Fuerza”.
“Cualquier conducta individual juzgada irregular será tratada en los tribunales”, añadió.