Conspicuos representantes del círculo duro del general Augusto Pinochet han construido en los últimos días un novedoso y frío argumento para su defensa: que todo el proceso por el desafuero está viciado porque se basa en una ficción jurídica según la cual los detenidos desaparecidos estarían vivos y secuestrados, lo cual convertiría a sus captores en autores del delito de secuestro permanente.
Tanto Sergio Rillón, el férreo abogado que ha estado siempre en el círculo íntimo de Pinochet y de quien se dice que es civil más fiel al ex dictador, como el ex comandante en jefe de la armada y actual senador vitalicio, Jorge Martínez Bush, han utilizado las tribunas de La Segunda y El Mercurio, respectivamente, para defender esta tesis.
Según ambos, todo el mundo sabe que los detenidos desaparecidos están muertos. ¿Por qué, si no, el juez Guzmán anda buscando sus restos en los cementerios?, se pregunta Rillón. Todo lo que en derecho no es verdad, es mentira, dice por su parte, Martínez Bush, para justificar entonces que estaríamos ante una farsa judicial y que, por tanto, sus resultados pueden ser desconocidos.
Uno podría contraargumentar que si personas tan cercanas a Pinochet están en condiciones de asegurar que los detenidos desaparecidos están muertos, entonces ellos debieran saber dónde están sus restos; o al menos podrían decirnos quién lo sabe.
Esta es una obligación moral, ni siquiera jurídica.
Pero, en realidad, la tesis de que el juicio está torcido no está pensada para convencer a nadie, sino probablemente para algo un poco más astuto: servir de justificación jurídica a una eventual demostración práctica de la «intranquilidad» y la «preocupación» que, según advierten los jefes militares, recorren hoy las filas.
La mayor parte de la derecha ha esgrimido en los últimas semanas el argumento de que el proceso de desafuero de Pinochet pone en peligro la paz social del país, pero la realidad es que todo sigue funcionando con plena normalidad. Este argumento, entonces, necesita tener una demostración práctica porque de lo contrario se le dará la razón al Presidente Lagos cuando dice que el país no está intranquilo.
Uno puede prever, entonces, que se esté gestando algún tipo de movimiento al filo de la legalidad dentro de los cuarteles, alentado con la argumentación de que a Pinochet se lo está juzgando sobre la base de una farsa jurídica: la improbable tesis del secuestro permanente.
Cercanos a Pinochet así lo han dicho con todas sus letras en reuniones informales con personeros de la Concertación en las últimas semanas. Incluso han transmitido al Presidente Lagos que, para conveniencia de todos, él debiera influir sobre la Corte de Apelaciones para que Pinochet no sea finalmente desaforado, como todo el mundo prevé.
Este escenario, que ya ha tenido episodios similares en los gobiernos de Aylwin y Frei, podría tener un final conocido: el Presidente apelando a «razones de Estado» para evitar que las cosas pasen a mayores o maniobrando para que Pinochet vuelva a salvarse del banquillo de los acusados, gracias a algún examen médico de última hora.
Pero Lagos ha definido ya su estrategia: mirar fijamente a los ojos a los militares y decirles que eso no se puede.
La escena, entonces, está preparada.
Por un lado, un gobierno firme, respaldado tanto en la moral como en la opinión pública, y unos tribunales que saben que el proceso de desafuero es en realidad una magnífica oportunidad que la historia les pone delante para reivindicar su propia imagen de obsecuencia frente al poder militar en el pasado.
Por otra, un entorno de Pinochet decidido a morir peleando, que necesita alterar la paz social para tener alguna posibilidad de negociar y que ya ha dispuesto su batería jurídica.
Salvando las distancias y las magnitudes, la argumentación de Rillón y Martínez Bush me recuerda a la oposición a Allende y su tesis contra los «resquicios legales», que terminó por pavimentar el camino del golpe.
La historia, hoy, puede ser todo lo contrario.
