El país necesita un debate a fondo sobre si junto a una economía abierta tendremos también una polis abierta, dispuesta a asumir no sólo los derechos sino también los deberes de la ciudadanía internacional.
Observadores como Henry Kissinger han señalado que el conflicto colombiano puede llegar a ser algo peor que lo que fue la guerra de Vietnam, entre otras cosas porque sus fondos de financiamiento, provenientes del narcotráfico, son casi ilimitados. Poca duda cabe que Sudamérica atraviesa por un momento especialmente crítico en términos de la creciente inestabilidad de sus gobiernos y las enormes dificultades que muchos de ellos enfrentan para sobrellevar los desafíos de una nueva era, en la cual las reglas han cambiado y son otros los parámetros del éxito.
Con todo, estas dificultades son hasta ahora más bien internas en cada uno de los países (Venezuela, Argentina, Paraguay, la misma Colombia) y no se han traducido en conflictos internacionales. De acuerdo a muchos indicadores, Sudamérica sigue siendo una de las zonas mas pacíficas del planeta, en la que las guerras, al menos durante gran parte del siglo 20, en general han brillado por su ausencia.
Basta mirar al Medio Oriente, a Africa, Asia Central y el mismo sudeste europeo en el pasado reciente para comprobar lo privilegiados que somos, y cómo nuestra propia marginalidad estratégica en los grandes conflictos mundiales no deja de ser una ventaja.
Esta misma ausencia de conflictos bélicos, sin embargo, me temo que ha contribuido a un cierto letargo en darnos cuenta de los enormes cambios que se han dado en nuestro entorno, sobre todo desde el fin de la Guerra Fría, y de la necesidad de responder a ellos. El paradigma clásico de la defensa territorial mantiene su predominio, sin que internalicemos plenamente el grado al cual las nuevas amenazas se ciernen sobre nuestro continente.
El seminario sobre seguridad hemisférica organizado por el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales y el Ejército, realizado en la Academia de Guerra, constituyó un interesante esfuerzo por avanzar en esta materia, confrontando puntos de vista de analistas civiles y militares.
El número y nivel de los participantes -¿cuántos eventos en Chile logran atraer a ocho senadores para deliberaciones que consumieron gran parte de un día completo de trabajo?- demuestra el interés que existe por este tipo de temas.
Mas de algún participante me comentó que las ponencias de los distintos expositores reflejaban que las diferencias entre civiles y militares sobre estas materias no eran tantas, lo que es cierto.
Lo que se hizo evidente en las distintas exposiciones (comenzando por la de la ministra Michelle Bachelet) es que la tendencia generalizada en el mundo de hoy es dejar atrás el viejo paradigma hobbesiano en que cada país trata de comprometerse los menos posible con otros (para mantener así el máximo grado de flexibilidad y de opciones ante contingencias inesperadas), y reemplazarlo por el de regímenes cooperativos de distinto tipo. El tema no es subordinar porque sí la soberanía del país a algún tipo de ente supranacional: el problema es otro.
Efectivamente, muchos de los problemas de nuestro tiempo son transnacionales y, por ende, requieren soluciones en que está involucrado mas de un país. De ahí la necesidad de la cooperación. Los compromisos internacionales se basan en expectativas que las distintas partes que los adquieren van a cumplir, no por un mal o bien entendido altruismo internacional, sino porque hacerlo es en el propio interés del país. Mal se puede combatir el narcotráfico, el terrorismo global, el crimen organizado o la degradación ambiental, atmosférica u oceánica si cada parte firmante de un acuerdo va a decidir caso a caso si cumple lo que prometió o no.
Es en ese sentido que el desarrollo de regímenes internacionales de cooperación para enfrentar estos desafíos es tan importante. Y es por ello que preocupa que en esta materia, al menos en algunos frentes, Chile esté retrocediendo en vez de avanzar. En lugar de estar a la vanguardia en los nuevos desarrollos del derecho internacional, como tradicionalmente estuvimos, se observa un lamentable repliegue.
El rechazo (entre el fallo del Tribunal Constitucional y el bloqueo de la oposición a una reforma constitucional) del Tratado de Roma, y por ende, a la participación de Chile en el Tribunal Penal Internacional (TPI) es un buen ejemplo de ello, como lo fue con anterioridad el rechazo a la Convención sobre Derechos de la Mujer. Lo que vemos es un darle la espalda a la globalización en esos temas, una verdadera política del avestruz.
El país necesita un debate a fondo sobre si junto a una economía abierta tendremos también una polis abierta, dispuesta a asumir no sólo los derechos sino también los deberes de la ciudadanía internacional. La reputación y el prestigio internacional de Chile, que nos ha abierto tantas puertas (incluyendo el reciente anuncio de un TLC con la Unión Europea) se ha basado tradicionalmente no tanto en el tamaño de nuestra economía (que es relativamente pequeña) o en tener las cuentas ordenadas (con todo lo importante que es), sino en ese sentido de ciudadanía internacional y de respeto por el derecho internacional que siempre nos ha caracterizado.
Me temo que si continuamos por el actual derrotero de desentendernos cada vez más de esa necesidad, hipotecaremos parte importante de nuestros activos internacionales, esos que no miden los analistas de Wall Street pero que sí se transan en las invisibles bolsas de las relaciones internacionales.
* Director del Programa Internacional de la Fundación Chile 21.
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