¿Continuaremos inundándonos?
Nos llamó la atención que la postura del Instituto Libertad y Desarrollo (centro pensante neoliberal) es que el financiamiento total de estas obras debe ser asumido por el Estado, contradiciendo abiertamente su discurso oficial sobre el gasto público.
El crecimiento inmobiliario en la Región Metropolitana y en el resto del país no ha estado acompañado de las indispensables obras de evacuación y drenaje de aguas lluvias, y por tal motivo, cuando tenemos precipitaciones prolongadas nuestra ciudad se inunda, situación que se torna muy grave en las comunas del sector poniente.
Lo anterior sucede porque las autoridades, durante los últimos 40 años, nunca quisieron internalizar, y por lo tanto sincerar, el verdadero costo de esa actividad productiva, cuya asociación gremial ha sido y es tan cercana a las cúpulas del poder.
En 1997 se publicó la ley NÅŸ 19.525, cuyo propósito fue establecer los planes maestros de los colectores primarios y secundarios para todas las ciudades de más de 50 mil habitantes, responsabilidades que recaen en el MOP y en el Minvu respectivamente. A fines de este año 22 ciudades del país tendrán sus instrumentos concluidos, y en términos muy generales la red primaria está constituida por los cauces naturales y por los colectores superiores a cierto diámetro.
La inversión que se necesita solamente para este tipo de redes en Santiago es del orden de los 650 millones de dólares, y una suma cercana a los 200 millones para las secundarias.
Para afinar los detalles y con el objetivo de consensuar las diferentes opciones que se presentan para abordar la tarea recuperadora del pasivo urbano-ambiental que nos afecta se efectuó el seminario «Mitigación de las inundaciones por aguas lluvias : Hacia una visión de país», llevado a cabo durante los días 24 y 25 de julio pasado en el auditorio de la Sofofa. En este encuentro nos impusimos que la inversión pública efectuada a nivel nacional en los diversos tipos de colectores, durante los dos últimos años ha sido de 34 millones de dólares y si no se hace nada extraordinario, manteniéndose el mismo ritmo de inversión estatal, en un horizonte de 50 años habremos ejecutado la mayoría de las obras requeridas.
Afortunadamente la idea de la autoridad es tomar el toro por las astas (por lo tanto, hacer algo extraordinario) e iniciar los trabajos requeridos de acuerdo al sistema más conveniente para cada una de las ciudades que lo necesitan. Es muy injusto que en Santiago sean siempre las mismas urbanizaciones localizadas en ciertas comunas de bajos ingresos las que sufren los perjuicios de la improvisación.
Inexplicablemente, algunos medios han informado a la opinión pública que el gobierno ya ha decidido entregar la concesión de la evacuación de las aguas lluvias en la Región Metropolitana a la empresa sanitaria local, la que propone mezclarlas con las aguas servidas aprovechando sus propias tuberías, instaladas en los subsuelos de los bienes nacionales de uso público entregados en concesión por el Estado. Es una arriesgada posibilidad que tendrá que ser evaluada, y para ello habría que modificar la legislación vigente, tal como lo expresó Juan Carlos Latorre, subsecretario de Obras Públicas, en dicho seminario.
En todo caso, no debemos perder de vista que juntar en un ducto ambos tipos de aguas (las servidas y las que nos envía la naturaleza) nos obliga a realizar obras de más volumen y por lo tanto más caras. Todos sabemos que la red de tuberías actual fue diseñada con un propósito específico que no guarda relación alguna con las aguas lluvia tipo diluvio en 24 horas como las que sufrimos recientemente.
Existen otras y muy variadas soluciones técnicas, las cuales fueron dadas a conocer por diferentes especialistas en la ocasión, pero a la fecha no se ha decidido nada con respecto a esta sensible materia. Incluso algunos plantean que dado el alto monto de la inversión lo mejor es dejar las cosas como están, y contratar seguros contra inundación.
Recordemos que estamos hablando de trabajos que ascienden a los 2 mil millones de dólares en todo el país, y que al respecto el Presidente de la República ha manifestado que una posibilidad es aumentar los impuestos, otra es aumentar las cuentas mensuales del agua y otra es aumentar las contribuciones de bienes raíces, de tal forma que los aportes sean proporcionales al valor de las viviendas y equipamientos.
Nos llamó la atención que la postura del Instituto Libertad y Desarrollo (centro pensante neoliberal) es que el financiamiento total de estas obras debe ser asumido por el Estado, contradiciendo abiertamente su discurso oficial sobre el gasto público.
Si entendemos que los problemas son derivados de la excesiva pavimentación, y por lo tanto, de la imposibilidad para que opere la infiltración en terrenos apropiados, sería interesante que los técnicos consideren la ejecución de parques lineales urbanos con sus bordes arborizados y con una hondonada central por donde discurre el torrente de agua. Esta red estaría conectada a reservorios estratégicamente localizados, tal como lo ha planteado el urbanista y académico Jonás Figueroa en distintas publicaciones.
Lo que sí está claro es que la autoridad todavía no decide el camino a seguir y por ello reconocemos que este seminario fue un verdadero aporte al debate público. El mérito recae en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Capítulo Chileno) y en la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica, organizadores del evento.
Quienes tienen la palabra ahora son el MOP y el Ministerio de Hacienda, celoso guardián -este último- de los equilibrios fiscales.
* Agrupación «Defendamos la Ciudad»
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