Como las cosas bien orientadas en Chile tienen una vida limitada, ahora somos testigos de la mano implacable del dios mercado, con lo cual se borra de una plumada la racional planificación. Y se nos dice que las ya extensas 60 mil hectáreas urbanas que tenemos son pocas para los 6 millones de habitantes que aquí nos desenvolvemos, creciendo demográficamente a una tasa del 1,4 por ciento anual.
Los técnicos dicen que en nuestra región (formada por 52 comunas) tenemos una serie de fenómenos climáticos que, unidos a una situación topográfica de encierro (cordilleras de la Costa y de los Andes, cordón montañoso de Chacabuco y cerros de Angostura y Chada), ponen cortapisas al adecuado manejo de las políticas que buscan reducir la contaminación atmosférica que nos afecta la mitad del año. En Santiago, las masas de aire funcionan como un émbolo que impide la dispersión de los contaminantes.
La Conama afirma que factores como la vaguada costera de superficie, la dorsal cálida en altura, la inversión térmica de subsidencia y otros son los malos de la película . Es más, los meteorólogos aseveran que estas condiciones siempre han estado presentes, y lo que es peor, las tendremos a perpetuidad, situación no prevista -como es lógico- por don Pedro de Valdivia.
Los planificadores urbanos que elaboraron el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) vigente desde 1994, conscientes de nuestra negativa situación, establecieron una sana y prudente normativa territorial, con la cual se buscaba controlar y reducir el problema. Recordemos que el 1 de agosto de 1996 la región fue declarada zona saturada de material particulado respirable, partículas en suspensión, ozono y monóxido de carbono, y zona latente para anhídrido sulfuroso.
Por tal motivo, y para encarar la situación de riesgo, a partir de 1998 se estableció legalmente un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), el que ha sido recientemente desmantelado por razones que no es del caso analizar en esta ocasión.
La normativa ambiental nos dice que se deben hacer esfuerzos para lograr una ciudad racionalmente distribuida, con lo que se evita la generación de viajes prolongados, considerando que el sector más contaminante es el transporte motorizado. Otra medida indispensable para reducir la toxicidad que nos abruma es la preservación de las áreas de valor natural y las áreas de interés silvoagropecuario, establecidas en el PRMS, tal como ordena el Decreto Supremo NÅŸ 20 (12 de abril de 2001) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el cual enfatiza que se debe promover dicha protección ambiental.
Los especialistas nos dicen que debido a las peculiaridades naturales del territorio es necesario administrarlo con gran cautela, y con ese fin se tuvieron a la vista los siguientes lineamientos estratégicos básicos:
1. Establecer los límites máximos de crecimiento urbano, es decir, qué suelo puede transformarse en ciudad, lo cual requiere normas que protejan su uso agrícola o disminuyan los riesgos para el asentamiento humano.
2. Elevar las densidades urbanas y limitar el crecimiento en extensión de la ciudad.
3. Asegurar la accesibilidad equitativa al uso del territorio y sus oportunidades.
4. Mejorar la calidad de vida de sus habitantes y las condiciones medioambientales.
Se decía que el objetivo de la planificación era lograr una progresiva humanización de la ciudad, y por tal motivo se dividió la región en un Area urbana metropolitana y un Area restringida o excluida al desarrollo urbano. En esta última se consideran diversos tipos de zonas, dentro de las cuales se encuentran las de valor natural y las de interés silvoagropecuario, las cuales, a su vez, están clasificadas por su nivel de calidad.
En todo caso, en el propio PRMS se afirma que este tipo de suelo agrícola es el que tiene «mayor categoría a nivel nacional», hecho refrendado por los servicios públicos que dependen del Ministerio de Agricultura. El instrumento regulador también protegió los sectores de preservación ecológica, tales como las áreas cordilleranas y los recursos de agua.
Pero como las cosas bien orientadas en Chile tienen una vida limitada, ahora somos testigos de la mano implacable del dios mercado, con lo cual se borra de una plumada la racional planificación que hemos aludido. Y se nos dice que las ya extensas 60 mil hectáreas urbanas que tenemos son pocas para los 6 millones de habitantes que aquí nos desenvolvemos, creciendo demográficamente a una tasa del 1,4 por ciento anual.
No está de más decir que la actual densidad de 100 habitantes por hectárea es baja tratándose de Santiago, hecho no aceptado por los teóricos de la corriente neoliberal imperante.
Estos apologistas del libre mercado a ultranza desean aumentar el territorio urbano a costa de las 90 mil hectáreas de las zonas silvoagropecuarias de las comunas de Quilicura, Pudahuel, Maipú, Calera de Tango, San Bernardo, La Pintana, Pirque, Lampa, Colina y Tiltil, para que así opere la competencia en plenitud.
Se nos habla desde las cúpulas del poder acerca de las curvas de oferta y demanda de uso de suelo y de la sacrosanta libertad de elegir. A quienes se han atrevido a oponerse al crecimiento en extensión se les descalifica con el manido lenguaje de que este tipo de decisiones no pueden ser sometidas a conocimiento de indoctos.
¿Será así, o hay gato encerrado ? ¿No habrá algún afán especulativo en esta propuesta? Es obvio que el metro cuadrado de un terreno para urbanizar es bastante más caro que si se mantiene como agrícola. Así, cualquier dueño de 300 hectáreas localizadas en las comunas mencionadas puede elaborar para su fundo un Desarrollo Urbano Condicionado a ciertas exigencias, conversables a la hora de los permisos. Recordemos que estamos en Chile.
Los impulsores de la expansión nos dicen que los nuevos proyectos inmobiliarios que se ejecutarían en las actuales zonas agrícolas van a considerar en sus costos todas la externalidades negativas que generen, loable condición que se ve muy bonita en el papel. Es bueno recordar que esto mismo se decía en el PPDA de 1998 para los proyectos de cierta envergadura que se llevarían a cabo en la zona urbana. Incluso se iba más allá, y se afirmaba la necesidad de mecanismos de compensación de impactos ambientales para los cambios de uso de suelo y otras lindezas.
Obviamente, nada se hizo, y esa obligación contenida en el instrumento normativo se dejó sin cumplir, como la mayoría de las ciento y tantas medidas del Plan.
Los dos jueves pasados se reunió la Corema en las oficinas de la Intendencia para resolver sobre la secreta e inicua «Declaración de Impacto Ambiental» respectiva. Fue elaborada sin el concurso de los colegios profesionales, especialistas sectoriales independientes, la comunidad científica, académicos y alumnos universitarios o grupos ambientalistas. Se optó por el camino de imposibilitar la tan pregonada «participación ciudadana». La prensa ha informado que por falta de antecedentes no se ha votado tal proposición, impugnada formalmente, entre otros, por el Colegio de Arquitectos, el municipio de Maipú y organizaciones sociales.
¿Qué se estará escondiendo ? Al constatarse esta situación nos da la impresión que al gobierno le gusta buscarse bochornos. ¿Habrá algo de masoquismo en la institucionalidad ambiental? El cesarismo trasnochado que observamos se contrapone abiertamente con el discurso oficial documentado en el Instructivo presidencial sobre participación ciudadana en la generación de políticas públicas, anunciado con bombos y platillos el 7 de diciembre de 2000 en La Moneda. ¿Estamos ante el típico comportamiento de decir una cosa y hacer lo contrario?
El próximo jueves 21 de noviembre se reúne nuevamente la Corema para resolver (aprobar o rechazar la «Declaración»). El pronóstico no es positivo: posiblemente con los honrosos votos en contra de una selecta minoría, las autoridades políticas que la integran van a aprobar la depredación territorial, lo que significaría que el asunto terminará litigándose en los tribunales de justicia.
(*) Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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