Agenda de Probidad: ¿Blanqueamiento retroactivo?

Días atrás un diario titulaba «El pacto anticorrupción, como salida a la crisis». Me pareció una conclusión acertada del evidente rumbo que intenta tomar el gobierno al enfrentar su peor momento por las razones ya conocidas.



La sospecha se hizo efectiva cuando el ministro Heraldo Muñoz, quien nos tiene acostumbrados a su particular interpretación de la realidad, aseguró a los chilenos que «estamos recuperando un clima de unidad que nos permite mirar al futuro y legislar para bien del país». En otras palabras, cada uno de los escándalos develados en el último mes y la seguidilla de ilícitos en los que han venido incurriendo, tanto éste como los anteriores gobiernos de la Concertación, se esfumarán como por arte de magia y sin mayores consecuencias por el sólo hecho de anunciarse con gran pompa una Agenda de Probidad.



Desde luego, es legítimo que el gobierno, responsable finalmente de mantener la armonía política y la credibilidad del país, explore salidas para salir bien parado del tremendo problema en el que está metido. Lo que no es legítimo, ni ético, ni justo con la ciudadanía, es que la Concertación pretenda salvar su ya deteriorada imagen blanqueando retroactivamente los delitos cometidos no sólo por varios de sus militantes, sino también por el propio aparato estatal.



Lo advertimos desde ya -dado el clima que se vive hoy y la irritación de la gente, harta del desorden, del despilfarro y del oscuro destino de parte de sus impuestos-, el gobierno no podrá como en otras ocasiones eludir su responsabilidad política, jurídica y moral paseándose por todos los canales de televisión con una agenda anticorrupción bajo el brazo.



Después de gobernar durante doce años, la Concertación ha demostrado un repentino interés por legislar para prevenir la corrupción. Una idea apenas mencionada antes, hasta que dos de sus ex ministros, cansados de declaraciones hipócritas y moralistas, decidieron ponerse los pantalones. Mientras uno denunció que a los ministros se les paga mensualmente y Ä„desde 1990! una especie de «suple», disfrazado de gastos de representación, que pese a doblar el sueldo legal no ha sido incluido en declaración de impuestos alguna; el otro confirmó que, a espaldas de la ciudadanía y abusando de la discrecionalidad que les concedía la Constitución, las tres administraciones de la Concertación han financiado a sus partidos políticos, con plata destinada a gastos reservados.



Como si no fueran suficientemente graves esas irregularidades (que en realidad comienzan a configurarse como delitos), el gobierno ha asumido una actitud inexplicable, torpe y arrogante, arriesgando incluso la credibilidad de instituciones que durante décadas han sido representativas de la ética pública.



Se compromete al Consejo de Defensa del Estado, cuando su máxima autoridad designada por el Presidente de la República pide la renuncia de un fiscal por contravenir la instrucción de no alegar el desafuero de uno de los seis diputados requeridos por la Justicia. Se compromete al Servicio de Impuestos Internos cuando se le pide, después de doce años de silencio, que determine si son o no tributables los sobresueldos de los ministros y en un fallo ambiguo y discordante con la opinión de prestigiosos expertos, delata la presión política de que fue objeto. Se compromete a la Contraloría General de la República, cuando el Presidente Lagos la llama severamente al orden, porque contradiciendo sus caprichos y ateniéndose a la ley, esa institución ha confirmado la ilegalidad de la propaganda del Plan Auge.



Esa es la verdad y el resto son discursos, que aunque se hagan desde una testera en La Moneda, no convencen a nadie y dan incluso vergüenza ajena. Hemos sido prudentes y respetuosos, le hemos asegurado a nuestros adversarios que nos ganamos la confianza del electorado por elección y no por corrupción, y que estamos dispuestos a apoyar todo lo que se haga en favor de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Pero de ahí a prestarnos para blanquear la violación reiterada del ordenamiento jurídico y el abuso de poder, a cambio de un paquete de medidas, hay una distancia enorme que no estamos dispuestos a transar.



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