la política agrícola tiene el desafío de diseñar e implementar instrumentos que acoten los distintos riesgos de los negocios agropecuarios, entreguen más información a los mercados y disminuyan los costos de transacción.
Los mercados de financiamiento con frecuencia presentan un conjunto de imperfecciones o fallas, entre ellas las referidas a las asimetrías de información. También las presentan los mercados de crédito y de financiamiento agrícola, los que también están determinados por los riesgos climáticos, técnicos y de mercado característicos de las actividades agropecuarias y por los mayores costos de transacción. Todo ello configura el problema de acceso al crédito y a los servicios financieros de las actividades sectoriales.
Los procesos de transformación sectoriales en curso tendientes a construir fuentes sólidas de competitividad; los nuevos contextos económicos e institucionales, que le asignan roles acotados al Estado, y la disminución de las colocaciones del sistema bancario en la agricultura durante los años ’90, obligan a replantearse el tema del financiamiento de las actividades agropecuarias, explorando un conjunto amplio de opciones e instrumentos.
El Ministerio de Agricultura, en conjunto con otros organismos públicos y el sector privado, han estado analizando y promoviendo diversas iniciativas orientadas a generar nuevos instrumentos de financiamiento, en el convencimiento que el Estado tiene un rol en la superación de las fallas de los mercados y en la generación de marcos regulatorios que estimulen el desarrollo de los mercados financieros agrícolas y rurales.
Complementariamente, la política agrícola tiene el desafío de diseñar e implementar instrumentos que acoten los distintos riesgos de los negocios agropecuarios, entreguen más información a los mercados y disminuyan los costos de transacción.
En este contexto, a fines del año 2000 se implementó el seguro agrícola; a mediados del presente año se aprobó una nueva Ley de Bolsa de Productos Agropecuarios; en los próximos meses se emitirán los bonos que sustentarán la securitización forestal y se está apoyando un estudio de factibilidad económica y legal de un Banco Agrícola.
El primer instrumento busca reducir uno de los riesgos más característicos de las actividades sectoriales (el riesgo climático) y su póliza puede servir, en parte, de garantía a la banca. La Bolsa de Productos tiene por propósito acercar el mercado de capitales al campo, toda vez que en ella se podrán transar tanto físicos como derivados financieros, permitiendo utilizar los productos y no los activos como garantías para el financiamiento.
La securitización forestal tiene por objetivo resolver la falta de capital inicial y el largo período sin retornos de las inversiones forestales, sobre todo en la pequeña y mediana agricultura.
En lo que respecta al Banco Agrícola, se está explorando la posibilidad que actúe como instancia de financiamiento de segundo piso, utilizando «intermediarios financieros informales» fuertemente arraigados en el sector y conocedores de la actividad agropecuaria.
Complementariamente, esta iniciativa podría entregar al sector otros servicios financieros como el factoring y el leasing, entre otros.
En la perspectiva del financiamiento, es preciso mencionar algunas otras iniciativas como la modernización del Indap en este ámbito y las acciones del Banco Estado. En relación al Indap, es preciso destacar su nuevo rol como articulador de un sistema de financiamiento para la agricultura familiar campesina y los nuevos mecanismos que ha diseñado e implementado para incentivar que otros actores del sistema financiero -bancos y cooperativas de ahorro y crédito- presten a este segmento de la agricultura chilena.
En relación al Banco Estado, éste ha implementado hace algunos meses los créditos de enlace forestal y de riego y una línea de crédito agrícola en UF. Especial mención debe hacerse del financiamiento que este banco impulsa a través de convenios de intermediación financiera con organizaciones de productores.
Algunas de estas iniciativas solo se han puesto en marcha en los últimos años, y otras están en diseño. Todas ellas probablemente demorarán un tiempo en expresar su potencial y en hacerse masivas. Sin embargo, todas están en un sentido correcto y debieran contribuir significativamente a aumentar el acceso a financiamiento del sector agropecuario chileno y mejorar su competitividad.
(*) Subsecretario de Agricultura.
