Con este nombre se conoce la licitación internacional del proyecto vial de 22 km. de largo que conecta la comuna de Vitacura con los nuevos sectores urbanos de la Provincia de Chacabuco. A fines de 2000 la unidad de Concesiones del MOP llamó a una licitación pública, la que no tuvo ganadores, porque los diferentes interesados deseaban que el Estado les garantizara el negocio a través de ciertos «ingresos monetarios mínimos».
Muchos dicen que en pedir no hay engaño y estos flamantes «hombres de negocios» pensaron que «en una de esas, este gobierno tan proclive a la actividad privada nos ayuda para satisfacer las necesidades de los automovilistas».
Por resolución exenta NÅŸ 657/02, del 15 de noviembre del año pasado, la Corema acogió a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respectivo, con lo cual se da cumplimiento a lo indicado en la Ley NÅŸ 19.300 y se posibilita la participación ciudadana de todos aquellos que se ven afectados por el trazado.
Hay que tener en cuenta quienes son los nuevos propietarios de esa, otrora (hasta 1997), zona rural y hoy urbana, gracias a los flamantes lobbys de connotados «especialistas»: 12 importantes inmobiliarias. Estas necesitan con urgencia la materialización de la llamada Autopista Acceso Nor-Oriente, cuyas obras de construcción cuestan 130 millones de dólares. Con esta obra vial se reducen, drásticamente, las distancias. Así, esos desarrolladores van a estar en óptimas condiciones para concretar, más rápidamente, las ventas de sus terrenos o modernas casas que ocuparán familias emergentes.
Un viaje entre las comunas de Vitacura y Colina durará 10 escasos minutos con la puesta en marcha de esa vialidad y por tal motivo, 2 de aquellas inmobiliarias, han tomado la sana iniciativa de aportar 15 millones de dólares a la ejecución de la obra y están a la expectativa de los acontecimientos que vendrán.
Hemos tomado nota que la autoridad competente recientemente amplió los plazos para recibir las ofertas técnicas y económicas de los 8 consorcios interesados en la concesión y dado que estamos ante un proyecto de uso público ejecutado como actividad privada dentro del sistema de concesiones, creemos que el resto de las 10 inmobiliarias, que también saldrán gananciosas con esta vialidad, deberán asumir su cuota de responsabilidad monetaria en la ejecución de la misma.
Sería de mal gusto que el Estado los ayude en su objetivo comercial. En todo caso, la inversión que hagan en la autopista la van a recuperar con creces a través del cobro de peajes a sus clientes cautivos y a los ocasionales.
El 29 de enero pasado, nos dirigimos por escrito al Coordinador General de Concesiones del MOP, representándole que, a esa fecha, no se habían establecido los mecanismos necesarios para asegurar la participación de la comunidad organizada de la comuna de Vitacura en el EIA. Resulta que los proyectistas del MOP, irreflexivamente, diseñaron un viaducto de 4 pistas que pasa a 8 metros de altura sobre el río Mapocho, en el sector de La Pirámide, prolongándose al sur sobre el Parque Américo Vespucio Norte hasta la calle Francisco de Aguirre, zona netamente residencial.
Es decir, los cientos de propietarios de viviendas que enfrentan esa excelente área verde, en unos años más, en lugar de ver árboles y toda clase de especies vegetales dentro de un bien organizado conjunto paisajístico, tendrían como vista una dura masa de concreto y miles de vehículos expeliendo sus gases contaminantes a escasos metros de sus ventanas.
También le informábamos que, como estamos ante un proyecto del sector público que será concesionado a un privado, era necesario evaluarlo íntegramente desde el punto de vista de su rentabilidad social. El artículo 22ÅŸ de la ley ambiental aclara que Mideplán debe efectuar este análisis y en este sentido estamos seguros que Andrés Palma, nuevo ministro de esa cartera, tomará la iniciativa conducente a cumplir con los mandatos legales.
Si se mantiene la «doctrina» Etcheberry podríamos estar seguros que esta concesión será asumida por el privado que ofrezca mejores condiciones para el fisco y en este sentido entenderíamos que se acaban los subsidios para esos particulares mal acostumbrados por administraciones pasadas.
Si queremos libre mercado hay que hacerle honor al sistema y eso pasa por asumir el riesgo empresarial en toda actividad económica que acomete el sector privado. El Estado no puede garantizar las utilidades de nuestros inversionistas y por ello esperamos conocer la metodología y parámetros que contemplará la evaluación social del proyecto, aludida anteriormente. Recordemos que es muy fácil manipular su resultado y por tal motivo la sociedad civil organizada tiene que ser intransigente en hacer valer su derecho a conocer en detalle los actos públicos.
Por lo relatado, queremos que el «segundo tiempo» -usando la jerga futbolística- de la administración de Lagos, sea coherente con su programa de gobierno. Ojalá así sea.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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