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Otro anciano se suicida


Pasó prácticamente desapercibida en la prensa nacional la auto inmolación del anciano obrero de Antofagasta, Emilio Cerda Sidgman, de 77 años, el 10 de mayo, quien se quemó vivo con bencina en un sector público costero. El cruel episodio, sólo se comentó en los diarios del Norte y en La Tercera mereció un recuadro en Breves con el titular, sorprendente por lo agresivo: MUERE SUJETO QUE SE QUEMÓ A LO BONZO. Tampoco fue comentada, en su momento, la autoeliminación del matrimonio del dentista Nicolás Vásquez de 79 años y su esposa, la profesora Hilda Césped de 81, el 1 de diciembre del 2003.



En ambos casos las razones fueron económicas. El obrero por razones obvias y el matrimonio por las graves enfermedades que los aquejaban y el alto costo que debían pagar por sus tratamientos médicos.



Lamentablemente, situaciones similares se repetirán, puesto que es una incógnita para la ciudadanía la forma en que se las arreglarán para sobrevivir los ancianos de nuestro país en el futuro, que en 2020 llegarán a más de 3 millones. Mientras la población entre 15 y 59 años, constituirá un 61% de la población, los mayores de 60 pasarán de un 10% en 2000 a un 20% de ésta en 2025, con una esperanza de vida de 80 años, siendo así Chile el tercer país más envejecido de América Latina. Es necesario destacar, que en la actualidad, el 62,2% de los adultos mayores no es autovalente.





Preocupado de esto, el Gobierno ha propuesto, en el marco del Chile Solidario, que en comunas pilotos se analice las necesidades de ingresos, equipamiento, vivienda y salud de los adultos mayores y ha creado el Servicio del Adulto Mayor.



Sin embargo, no es necesario hacer un diagnóstico muy profundo para saber que las necesidades de los adultos mayores son amplias, especialmente en lo referente a salud y que los sistemas de salud existentes no están adaptados a esta situación, por lo tanto los ingresos monetarios mensuales que éstos reciben son determinantes en su vida.



En este marco, es interesante hacer una breve descripción de las pensiones mensuales que reciben los adultos mayores hoy en Chile:



1.- 372.000 Pensiones Asistenciales, PASIS, de $37.000 a enfermos y ancianos indigentes.


Pensiones entregadas por las Administradoras
de Fondo de Pensiones (sistema nuevo)

Beneficiario

Pensión Promedio

109.804 jubilados

$112.830

159.888 jubilados anticipados

$171.638

28.423 inválidos totales

$151.745

3.701 inválidos parciales

$119.242

61.208 viudas

$92.142

363.024 Beneficiarios Totales (2003)

 



Pensiones entregadas por el Instituto
de Normalización Previsional (sistema antiguo)

Beneficiario

Pensión Promedio

77.187 Jubilados antigüedad

$245.438

308.873 Jubilados vejez

$83.361

137.324 Invalidez

$127.423

237.356 Viudez

$78.986

11.910 Montepíos

$43.551

772.650 Beneficiarios Totales (2003)

 




Como se puede observar, sólo 77.187 jubilados tienen pensiones que se pueden considerar altas, y éstas corresponden en promedio a $245.438. Todos sabemos que aún con ese ingreso mensual es imposible costear una invalidez o una enfermedad terminal.



Si el 62% de los ancianos chilenos, según información oficial, no es autovalente, es decir depende de otros incluso para desplazarse, podemos imaginar, que al carecer de ingresos adecuados, su situación de desamparo recae sobre la familia directa y que, la mayor proporción de ancianos desamparados corresponde a los sectores de los quintiles más pobres. De esta manera, la vulnerabilidad de la ancianidad aumenta a su vez la vulnerabilidad de las familias con menos recursos.



Para proyectar la situación de los ancianos en el 2025, cuando constituyan el 20% de la población, es decir más de 3 millones de personas, es necesario analizar la situación actual del mercado de trabajo.



Las nuevas pensiones corresponderán al sistema de AFP y existe la preocupación de la baja afiliación. La tendencia creciente es que esta afiliación disminuya aún más, debido a la tendencia creciente al aumento del trabajo informal, la precariedad del mercado laboral y los bajos salarios.



Según la OIT (Adolfo Arrieta, 2003), en los últimos años en Chile, 300.000 trabajadores se han desplazado al trabajo informal, un 15% de la fuerza de trabajo está subempleada, el trabajo temporal por estacionalidad agrupa a alrededor de 400.000 temporeros y en el 2001 había 1.371.790 trabajadores por cuenta propia. La desocupación en jóvenes entre 15 y 24 años llega al 23,3%. Según la Fundación Terram hay más de 300.000 trabajadores subcontratados, el 70% de los trabajadores con jornada parcial no está afiliado a ningún sistema de previsión y sólo el 17% de los trabajadores sin contrato cotiza.



Todos estos elementos contribuyen a un bajo ahorro para la vejez, a una baja afiliación en AFP, porque no existen las condiciones económicas para prever el futuro. Si el 34,6% de los trabajadores temporales genera ingresos mensuales menores a $80.000 y el sueldo mínimo es de $116.000 esto es imposible.



Pero lo que más debería preocuparnos es que la precariedad en el empleo no corresponde a una situación de crisis coyuntural, sino que tiende a consolidarse en el tiempo por corresponder a una nueva modalidad de funcionamiento de la empresa.



La agroindustria ya no contrata trabajadores permanentes por sus características de estacionalidad y la externalización ya se ha instalado en las grandes empresas incluso en el caso de la manufactura que en Chile también se está externalizando a subcontratistas en China. Probablemente esto se intensificará con un TLC con China.



Por tanto, el porcentaje de ancianos que contará con una pensión será proporcionalmente menor en el futuro y expertos en la materia (OCDE, 2003) señalan que las pensiones en Chile tenderán a bajar. Siendo ya bajas, la salud, aún para los jubilados que cuentan con las más altas pensiones, será de difícil acceso. Nadie habría esperado años atrás que un dentista y una profesora se vieran impedidos de costear sus tratamientos médicos, como fue el caso del matrimonio Vásquez.



Esos viejos, en un mañana que será mucho más duro que el presente, no tendrán alternativas. Los hijos de la mayoría estarán demasiado ocupados en financiar sus propias ISAPRE, AFP y la educación de los hijos, ya que nadie quiere que en su adultez sufran lo mismo que sus abuelos. Cada vez será más difícil que las familias se hagan cargos de sus viejos y sus enfermos como otrora ocurrió.



Los indigentes y pobres urbanos carecen hasta de la infraestructura más elemental para cobijarlos, con casetas o casas de 30 m2 con filtraciones de agua, termitas, rodeados de basurales tóxicos, delincuencia y drogadicción. Los de mejores ingresos, con más espacio en sus viviendas, carecen de las posibilidades anímicas y, también económicas, para darles la protección y cuidados que requieren por la tensión y exigencias de la vida moderna.



En el campo desapareció la familia extendida que permitía el inquilinato o los trabajadores permanentes. El trabajo temporal o por faena en el campo incluso crea problemas de vivienda fija a los que tienen trabajo. Tampoco ya hay lugar para los viejos en el campo.



La soledad, la enfermedad y la pobreza de la nueva vejez larga que nos ha traído la modernidad, obligará a que muchos, para no destruir la vida de hijos y nietos, tengan que tomar el camino del matrimonio Vásquez o del obrero autoinmolado, Emilio Cerda, a quienes, con dolor, les rindo un homenaje.





*Patricia Santa Lucía es periodista.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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