Las actuales tendencias mundiales no auguran nada bueno en relación a la higiene y seguridad de los trabajadores, debido a que éstas están condicionadas a su poder de negociación.
Pese a la búsqueda de la competitividad, a través de la calidad total y las declaraciones de compromiso con la responsabilidad social corporativa y el trabajo decente, los empresarios no están dispuestos a otorgar voluntariamente buenas condiciones laborales a su personal.
Pese a que el crecimiento y desarrollo de los grandes poderes monopólicos ha sido superior a toda experiencia previa y el desarrollo de la ciencia y tecnología magníficos, en el mundo se está viviendo una acelerada desintegración social expresada en el aumento de la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la violencia, la delincuencia, la desintegración familiar y la degradación ambiental.
La seguridad que proveían las comunidades y la familia se desintegra y la confianza en las instituciones se evapora. Aumenta el trabajo temporal, decae la sindicalización y el poder de negociación de los trabajadores.
Chile es un buen ejemplo de esto, ya que mientras más aumentan las rentabilidades de las grandes compañías y el país se destaca por su bajo riesgo-país y su estabilidad social y económica, el desempleo, la violencia, la delincuencia y la desintegración social aumentan.
Empresarios y dirigentes adjudican el desempleo a la falta de flexibilidad laboral que supuestamente hay en Chile, pero, al mismo tiempo, el Banco Central informa que Chile es el país que tiene más flexibilidad laboral en el mundo. Otros datos constatan que el mercado laboral chileno se ha caracterizado en los últimos 30 años por la precarización y la desalarización crecientes.
De acuerdo al Gobierno, un mayor crecimiento traerá consigo, «aunque lentamente», mayores fuentes de empleo, ya que actualmente no habría empleo, porque la economía no está plenamente reactivada. Sin embargo, el gran capital acusa en sus balances permanentes ganancias y las inversiones chilenas tienden a orientarse al capital especulativo o a negocios en el exterior. La inversión chilena en el exterior aumentó entre 2003 y 2004 en 132%. En 2003 alcanzó US$1.723 millones y entre enero y marzo del 2004 ya ha llegado a US$4.013 millones. Los lugares que han recibido estas inversiones son: EEUU, Gran Bretaña y las Islas Caymán. Por lo tanto, mayores garantías al empresariado y mayores rentabilidades no son sinónimos de la creación de fuentes de empleo.
Mercado precario y ausencia de trabajo decente
Según la OIT, en el Chile de hoy no existe trabajo decente. Un 35% de los trabajadores carece de contrato y 70% del empleo es regular o precario, de acuerdo a criterios de ingresos, existencia de contrato y previsión social. En el quintil más pobre, el trabajo precario alcanza al 94%, vale decir, prácticamente todos los puestos que ocupan.
Otras informaciones consideran que sólo 30% del trabajo de la fuerza de trabajo ocupada se puede definir como decente, pero aún este 30% se caracteriza por jornadas que sobrepasan las 50 horas, lo que viola la normativa que sólo permite 48 horas semanales de trabajo. Santiago es la ciudad donde más se trabaja en el mundo, con 2.244 horas anuales promedio, lo cual ha generado que sólo el 8,4% de las familias cumpla el doble requísito de contar con un trabajo decente y con una alta calidad de vida.
En los últimos 20 años han disminuido los contratos indefinidos y han aumentado los contratos a plazo fijo, a honorarios, por obra o faena. Han aumentado los trabajadores por cuenta propia, los que constituyen casi 25% de la fuerza de trabajo ocupada. Estos trabajadores están privados de organización, seguridad y a veces salud y previsión. Si, además, pertenecen a los quintiles de menores ingresos, su situación laboral es altamente vulnerable y seguramente poco sustentable en el largo plazo.
También han diminuído todos los instrumentos colectivos de los asalariados, el número de sindicatos y el número de trabajadores involucrados en organizaciones y en negociaciones colectivas. En 2002, el 75,1% de los trabajadores pertenecientes a las empresas encuestadas por la ENCLA no estaba sindicalizado. Dentro de los sindicatos de dichas empresas, sólo el 37,5% estaba afiliado, es decir aún en las empresas que hay sindicatos pocos trabajadores se atreven a incorporarse.
Posteriormente, estas tendencias se han acentuado. Entre 2000 y 2004, según análisis de la CUT, se observa una nueva pérdida y debilitamiento de su organización, a lo que se debe agregar que esta Central se ha dividido y ha surgido otra, la UNT, Unión Nacional de Trabajadores. Su presidente, el democratacristiano Diego Olivares, está actualmente negociando directamente un acuerdo con Juan Claro, Presidente de la Sosofa, sobre una mayor flexibilidad laboral, planteamiento que la Central Unitaria de Trabajadores no comparte.
Esto significa que la capacidad de los trabajadores para negociar buenas condiciones laborales, higiene y seguridad y protección es mínima actualmente en Chile y el 7,5% de accidentabilidad, que enorgullece al director del INP, no es otra cosa que una trampa estadística.
Externalización, subcontratación y trabajo temporal
La externalización y subcontratación ha aumentado notablemente y los empleos que ofrecen las empresas de externalización han reemplazado a cupos permanentes en la organización, lo que ha significado disminución de salarios, inestabilidad y nulas posibilidades de negociación colectiva, puesto que por sus características los contratistas no tienen la obligación de permitir la organización sindical. Según la ENCLA 2002, 51,5% de las empresas subcontrata actividades a terceros.
Las PYME, en su forma histórica, prácticamente han desaparecido por su imposiblilidad de acceder a los canales de comercialización, por lo tanto, las sobrevivientes producen para las grandes empresas o los grandes almacenes, a los cuales les traspasan sus utilidades.
En esta categoría también se encuentran muchas formas de trabajo a domicilio, donde el trabajador no puede ni tiene interés en organizarse. Los trabajadores a domicilio reciben pago por lo que producen, sin contemplarse feriados, vacaciones, horas extra, contratos de trabajo, seguro por accidentes, licencias, indemnizaciones. La empresa se ahorra los tiempos muertos y los errores y evita los pagos de capital fijo, es decir, maquinaria, equipos, herramientas y otros servicios necesarios para trabajar.
En la legislación chilena no está contemplado el contrato de trabajo a domicilio, por lo tanto, dichos trabajadores carecen de toda protección estatal. El trabajo a domicilio se caracteriza por ser muy irregular a lo largo del año, siendo mayor la inestabilidad en aquellas mujeres que trabajan por cuenta ajena. Sus jornadas laborales muestran bastantes variaciones, siendo las más largas de 9 horas diarias, quienes trabajan de modo independiente y por encargo simultáneamente. El 82% de las trabajadoras y el 72% de los trabajadores por cuenta propia no cotizan en el sistema previsional. Tampoco lo hacen el 80% de las mujeres y el 61% de los hombres que laboran por cuenta ajena.
Las trabajadoras para los grandes almacenes, más de 100 mil, confeccionan ropa, zapatos y otras manufacturas en sus casas en jornadas de más de 12 horas diarias; compran su maquinaria, carecen de organización, protección y salud y en su vejez no contarán con una pensión, porque la mayoría no puede afiliarse a una AFP. Se autoprotegen de los riesgos, accidentes del trabajo, las pérdidas por errores, la depreciación de sus máquinas y el desgaste de su salud y reciben pago a destajo por unidad confeccionada.
El sector más desprotegido, desde todo punto de vista, es el de las temporeras de la agricultura, con 76,4 por ciento de mano de obra subcontratada. El 60% de los temporeros son mujeres, que embarazadas trasmiten a los fetos el daño de los pesticidas. Se prefieren por su mayor motricidad fina y por su facilidad para salir y entrar al mercado laboral. Sin embargo, la falta de protección, previsión y salud, posteriormente, afectará a todo el grupo familiar que deberá costear el desempleo, la enfermedad y la vejez de estos trabajadores. Pocos hijos podrán acceder a una buena educación y las malformaciones congénitas crearán un costo mayor en salud con la sobrecarga de los hijos totalmente discapacitados. Según la Asociación de Exportadores Frutícolas, 69,3 lo constituyen trabajadores temporales y 21,2% por obra o faena. El 60% de los trabajadores agrícolas carece de contrato y trabaja más de 10 horas diarias y no tiene día de descanso semanal durante las cosechas.
No cuentan con recursos para cotizar en los sistemas de salud, por lo que gran parte de ellos carece de esta atención. No existen políticas públicas específicas para el sector y no se ha enfrentado la situación de estos trabajadores cuando estén incapacitados por vejez o enfermedad, ya que tampoco pueden cotizar en las AFP.
Otro de los problemas que los afecta es su capacidad para negociar colectivamente, ya que el Código del Trabajo rechaza la negociación interempresas.
La precariedad del mercado laboral, la vulnerabilidad de los trabajadores, tanto dentro como fuera del mercado formal, no sólo les impide negociar por higiene y seguridad, sino que los está llevando a enfrentar niveles de indignidad, como nunca antes ocurrió en Chile, por el miedo a perder el empleo. Los empleadores, mientras tanto, racionalizan procesos, tecnifican, externalizan y subcontratan para deshacerse de toda negociación con sindicatos.
Los trabajadores quedan inermes desde todo punto de vista, y los representantes de los organismos del Estado, como lo ha expresado el director del INP, frívolamente, se felicitan a sí mismos con estadísticas no representativas, sin profundizar en los graves problemas que afectan a nuestros trabajadores, lo que compromete nuestro futuro, nuestra identidad, historia y sobre todo nuestra dignidad.
*Patricia Santa Lucía es periodista.
