La detención de Carlos Weber, director ejecutivo de CONAF, por su presunta vinculación con la tala ilegal de alerces, tiene dos importantes aristas. La primera es que sacó a la luz pública la depredación ilegal de los alerzales de la X región. La segunda se relaciona con la forma en que la CONAF está cumpliendo su rol fiscalizador. Que la cabeza de la institución haya tenido que enfrentar a la justicia por este caso, otorga a priori un panorama no muy esperanzador.
Para su protección, el alerce fue declarado Monumento Natural en 1976 , mediante el Decreto Supremo N° 490. Sin embargo, esta normativa permite la explotación de los especímenes muertos, lo que debe realizarse bajo la fiscalización de la CONAF, institución encargada de otorgar los permisos de extracción, transporte y comercialización.
Dada la importancia del rol de la CONAF, su labor debería ser lo más transparente posible, llevando un completo registro sobre la cantidad de hectáreas de bosque de alerces que hay en Chile, determinando cuántas de éstas pueden ser explotadas y fiscalizando las talas ilegales.
Un estudio realizado por Fundación Terram determinó que existen significativas diferencias entre los valores entregados oficialmente por CONAF al respecto, lo que pone en evidencia serias irregularidades administrativas en las actividades de control y fiscalización que le otorga la legislación a este organismo.
Según el informe de CONAF de 2004, entre los años 1990 y 1997 se autorizaron 781 planes de extracción para un total de 46.943 hectáreas y un volumen de 569.425 m3 de madera. En cambio, según el documento de Díaz (1998), basado en los archivos de CONAF X Región, las autorizaciones fueron 757, las hectáreas involucradas 48.242 y los metros cúbicos autorizados 714.132. Es decir, las propias cifras oficiales se contradicen en 144.707 metros cúbicos de madera y en 1.299 hectáreas. Resulta además contradictorio que a mayor cantidad de planes de extracción autorizados, menor sea la cantidad de metros cúbicos permitidos a explotar.
Por otro lado, también se pueden analizar las cifras concernientes a las exportaciones. Los montos entregados por la CONAF coinciden con los registrador por la Aduana. Sin embargo, presentan serias inconsistencias. El total de madera de alerce exportada es de 146.233 metros cúbicos, es decir, tan sólo el 0,4% de lo autorizado a explotar por la CONAF. Si se toma en cuenta que el alerce aumenta sideralmente su valor en los mercados internacionales, resulta inverosímil pensar que todo el resto se comercializa sólo en nuestro país.
CONAF permanentemente ha entregado información en forma confusa y, posiblemente, mal intencionada sobre la situación de los alerces. A esto hay que agregar que las cifras oficiales no son consistentes. Con los antecedentes anteriores, se puede inferir que el comercio de la madera de alerce, en sus distintas formas, presenta un alto nivel de comercio ilegal, debido a los fuertes incentivos económicos que se generan por un mercado dispuesto a pagar altas sumas de dinero, en conjunto con una débil actuación de la entidad encargada de las actividades de fiscalización.
Por otro lado, si se toman en cuenta los recursos que destina CONAF a la fiscalización, que durante el período 1993-2003 llegaron al 4,5% de su presupuesto, queda de manifiesto que este objetivo es bastante secundario.
El resto del presupuesto se destina a la otra función del organismo, es decir, fomentar la explotación forestal. Estas dos tareas, al formar parte de la misión de la misma entidad, generan un incentivo perverso, ya que, por un lado, se exige un cierto nivel de explotación forestal y, por otro, se otorga la misión de proteger estos mismos bosques. Lo anterior no hace otra cosa que convertirse en una amenaza no sólo para especies como el alerce, sino para el bosque nativo en general, ya que tal como se ha demostrado, la conservación no es uno de los principales objetivos a alcanzar por esta institución.
*Cristóbal Zolezzi es economista de la Fundación Terram
