La eficacia que las políticas de la Concertación han demostrado para enfrentar la pobreza está a la vista pero, tal vez por eso mismo, hoy se encuentra ante el desafío de responder con igual calidad a las necesidades de los sectores medios.
La reciente Encuesta de Caracterización Socio Económica, Casen, es algo más que una simple medición de los niveles de pobreza. La comprensión de sus cifras y gráficos puede ilustrar, como las fotografías, los rostros de nuestra sociedad.
Pobreza e indigencia
Cuando el actual gobierno diseñó el Programa Chile Solidario más de dos años atrás, los indigentes en Chile eran cercanos a las 850 mil personas. Ya entonces, el problema de la extrema pobreza era un asunto, no sólo urgente, sino posible de resolver. Algo más de 220 mil familias identificables, localizables, con lugares de residencia registrados, con nombres y apellidos, integraban el contingente de los más pobres del país. En tales condiciones, sólo se requiere voluntad y decisión política para actuar contra la pobreza. Y se tuvo. Dos años después, la indigencia se ha reducido en más 120 mil personas, las que han recuperado la dignidad que se pierde cuando se vive una pobreza dura y extrema. Estas son parte de las nuevas cifras que arroja la Casen, aplicada a fines del 2003 en todo el territorio nacional y que acaban de hacerse públicas.
La pobreza ha disminuido en los últimos 3 años desde el 20.6% al 18.8%, siendo la indigencia la que baja de manera más significativa, pasando del 5.7% del año 2000 al 4.7% el año 2003, representando algo más de 720 mil personas, en torno de las 200 mil familias. Lo más importante a destacar es que en estos últimos años se ha roto el estancamiento a que estaban condenadas las cifras de indigencia desde 1998 y, aunque lentamente, han comenzado a moverse a la baja. De continuar el programa Chile Solidario, la promesa de terminar con la indigencia parece ser factible. Y como el empleo se ha estado recuperando más lentamente que la reactivación económica, la pobreza tiende a reducirse muy despacio, a pesar de que ella se vive mucho mejor que en el pasado, pues es una pobreza acompañada de un considerable sostén de políticas sociales. Es decir, escasos ingresos monetarios en los hogares pobres, pero compensados por una importante provisión de servicios sociales básicos y, más importante aún, con un tipo de inversión que abre mayores expectativas futuras, especialmente por los crecientes accesos a la educación.
En el balance, lenta reducción de la pobreza, pero reducción sostenida. Todavía más de 2 millones de ciudadanos son pobres, pero experimentan una nueva pobreza, diferente a la que conocimos tan sólo una década atrás, pobreza escolarizada, con mejorías en las condiciones de habitabilidad, con servicios básicos, atención oportuna en la enfermedad y mayor esperanza de vida. Esa es la fotografía que acaba de entregarnos la Casen, similar a la que arrojó un año antes el Censo nacional.
Inequidad distributiva de los ingresos
En los datos aportados por la Casen se advierte la rigidez de la distribución del ingreso que, al igual que en el pasado, sigue mostrando diferencias enormes entre los más pobres y los más ricos. Si en el año 2000 el diferencial entre el 20% más pobre y el 20% más rico era de 15.3 veces, en el año 2003 este diferencial se reduce a 14.3 veces, apenas un punto menos.
Pero, esta inequidad muestra su mayor expresión cuando contrastamos los ingresos en grupos más reducidos de población. En efecto, la distancia entre el 10% más pobre del país y el 10% más rico es, en la última encuesta, de 34.1 veces. Cuestión que explica que Chile siga siendo, a pesar de los avances sociales que la propia Casen muestra, uno de los países más desiguales del continente, siendo nuestro continente el más desigual del mundo.
Si, en cambio, hacemos la medición de distancias entre el 40% más pobre y el 10% más rico, se aprecia una considerable disminución de las diferencias, del orden de 3.3 veces. O bien, si medimos las diferencias entre el 10% más pobre y el segundo decil más rico (es decir, el 10% de la población que integra el noveno decil) vemos que ésta es de 12.7 veces (un tercio de la distancia entre el 10% más pobre y el 10% más rico). Lo cual nos lleva a la conclusión que la inequidad distributiva en Chile se produce con una alta concentración de la riqueza en el grupo de mayores ingresos, siendo menos acentuadas las diferencias entre los demás segmentos de la sociedad.
Y tomar en consideración estos antecedentes no es una exigencia menor a la hora de discutir cómo enfrentar las inequidades distributivas en el país, pues nos remiten, básicamente, a la gigantesca distancia que separa al 10% de los hogares de mayor riqueza del resto de la sociedad chilena.
El impacto distributivo del gasto social
Siendo ese el panorama que nos revelan las cifras de ingresos de los hogares chilenos, el papel que juega el estado a través de sus políticas públicas, especialmente las políticas sociales, es crucial en las condiciones de vida de la población. Y, en tal sentido, los datos recientes de la Casen hablan del vigor de las políticas sociales y de su alto impacto distributivo en los hogares de menores ingresos, entre los más pobres del país.
En efecto, el 10% más pobre tiene un ingreso propio por hogar, llamado ingreso autónomo, de $63.866. Si a ese ingreso se le agregan las transferencias que el estado realiza a través del gasto social, el ingreso total de los hogares del 10% más pobre de la población pasa a ser de $ 164.595. Es decir, por la vía de los subsidios monetarios, así como del gasto que el Estado realiza en educación y salud y que llega gratuitamente a este segmento social, su ingreso monetario crece en un 160%.
Por contraste, el decil más rico del país, que tiene un ingreso autónomo promedio por hogar de $2.177.245, no recibe ningún aporte público y, al contrario, debe pagar para obtener prestaciones en educación y salud.
Este hecho permite que la gran distancia entre ambos deciles se reduzca considerablemente. Si, como veíamos, al considerar solamente los ingresos autónomos la distancia entre el 10% más pobre y el 10% más rico es de 34.1 veces, al considerar en cambio el ingreso total de los hogares (sumando al ingreso autónomo los que provienen de subsidios monetarios y transferencias en prestaciones de salud y educación) el diferencial entre el 10% más pobre y el 10% más rico se reduce a 13 veces, es decir, a un tercio.
Si esta misma forma de medición la aplicamos entre el 20% más pobre y el 20% más rico, resulta que la diferencia de 14.3 veces que se da en los ingresos autónomos se reduce a 7.6 veces -es decir a la mitad- cuando se contrastan los ingreso totales.
De allí que se pueda afirmar, no sólo que el Estado está corrigiendo con su labor las grandes desigualdades sociales que se dan en los ingresos de los chilenos, sino que si dejara de actuar estaríamos condenando a los más pobres a no poder salir de su círculo de pobreza, pues al recibir gratuitamente del Estado más educación y salud se está sembrando para el futuro. Sirvan estas cifras, entonces, para refutar aquellas voces que gritan sobre el excesivo gasto público, pues de ser disminuido pagarían el costo social los más pobres, suficientemente afectados por la ausencia de empleo o por su precariedad y bajos ingresos.
La difícil vida de los del medio
A medida que la pobreza se restringe, crecen los sectores no pobres. Algunos intentan identificar a estos sectores con la nueva clase media chilena. Y, si bien no existe una correspondencia precisa entre quienes integran sociológicamente a las capas medias y los segmentos sociales que, según la medición que hace la Casen por ingresos monetarios, estarían ubicados entre los pobres y los ricos del país (es decir, entre el cuarto y el noveno decil), lo cierto es que los datos de la Casen 2003 nos dan algunas pistas interesantes, complementarias al dibujo social que nos reveló, hace un año atrás, el Censo nacional.
Como veíamos, divididos por deciles los hogares chilenos muestran diferencias de ingresos entre ellos, especialmente entre el decil más rico y el más pobre y, asimismo, nos revela cómo el Estado corrige estas distancias gracias al gasto social. Pero esta situación que beneficia en particular al primero y segundo decil y en parte también al tercer decil (en suma, al 30% de menores ingresos del país), empieza a desdibujarse en los restantes deciles, algunos de los cuales, si bien no siendo pobres, tienen bajos ingresos y muchas necesidades familiares que atender.
Como se señalaba, las familias del 10% más pobre del país, logran aumentar sus ingresos propios gracias al gasto social del Estado en un 160%, pasando de casi $64.000 a casi $165.000. En el segundo decil, su ingreso total se eleva en un 60% respecto del ingreso autónomo, pasando de $144.442 a $229.621 gracias a los aportes de las políticas sociales. En el caso del tercer decil el aporte estatal eleva el ingreso de los hogares en un 34.61%, pasando de menos de $200.000 por hogar de ingreso autónomo a $258.000. Y esta situación va declinando a partir del cuarto decil que sólo recibe un aporte a través de las políticas sociales correspondiente a un 22% de su ingreso total, o el quinto decil en que este aporte se reduce al 15% y el sexto decil en que es menor al 10%. En suma, los hogares entre el cuarto y el octavo decil, aquéllos que tienen un rango de ingresos monetarios que fluctúa entre los $250.000 y los $568.000, se benefician marginalmente del gasto social del Estado.
La eficacia que las políticas de la Concertación han demostrado para enfrentar la pobreza está a la vista pero, tal vez por eso mismo, hoy se encuentra ante el desafío de responder con igual calidad a las necesidades de los sectores medios que, si bien por sobre la línea de la pobreza, mantienen bajos ingresos y crecientes necesidades por resolver en una sociedad que ha elevado sus estándares de exigencias y las expectativas.
Clarisa Hardy es Directora Ejecutiva de la Fundación Chile 21
