La prensa ha informado del atentado producido la noche del jueves 9 de junio pasado en la casa de campo del matrimonio Jorge Luchsinger y su esposa Annaliese Konekamp, agricultores de la región de la Araucanía. De acuerdo a la información proporcionada por las víctimas, se habría tratado de la acción de un grupo de alrededor de doce encapuchados, los que además de quemar la casa, los habrían golpeado, quedando con heridas de consideración.
Se trata de un hecho lamentable que debe ser condenado enérgicamente. Nada justifica hechos de violencia como éste, en particular la violencia en contra de personas de avanzada edad, como el matrimonio Luchsinger.
Varias personas, incluyendo al propio Sr. Luchsinger, afirman que podría tratarse de una acción vinculada a los mapuche y a la organización Coordinadora Arauco Mallleco, entidad respecto a la cual se realiza a contar del 13 de junio un nuevo juicio oral en Temuco, por el delito de asociación ilícita terrorista. Ello, luego de que la Corte Suprema decidiera anular el juicio realizado el año pasado en contra de varios comuneros mapuche supuestamente vinculados a esta entidad, juicio en que la existencia de asociación ilícita no fue acreditada.
Las especulaciones en torno a la autoría de este lamentable atentado, sin embargo, también deben ser condenadas, ya que no existen antecedentes que permitan determinarla. Al respecto, cabe señalar que varios de los integrantes de la organización sindicada como responsable de estos hechos se encuentran en la cárcel cumpliendo condenas o procesados en otras causas que se siguen en su contra. Además, la descripción de los autores de este atentado hecha por los afectados, no permite determinar la procedencia étnica de los autores.
Finalmente, y tal vez lo más importante, resulta evidente que los más perjudicados con una acción de este tipo serían los propios mapuche, ya que este hecho vendría a constituirse en el argumento que algunos buscan para acreditar su conducta terrorista en el juicio por asociación ilícita terrorista.
De todas formas, cabe recordar que la violencia en la historia de la Araucanía no es nueva. Las crónicas de los militares chilenos que participaron en la ocupación de esta parte del país a fines del siglo XIX están repletas de episodios de violencia, los que entre otros hechos, incluyeron la quema de las rucas de los mapuche y la muerte de quienes habitaban en ellos.
Ello, por cierto, no justifica los hechos lamentables en contra de la familia Luchsinger, hechos que deben ser investigados por la justicia y sus autores sancionados.
Ello, sin embargo, no nos puede llevar a concluir, como lo hacen algunos en relación a estos lamentables hechos, que la solución de los conflictos que se han dado en la Araucanía entre agricultores, empresas forestales y comunidades mapuche pasa exclusivamente por la acción de los tribunales. Se trata, sin dudas, de un problema mucho más complejo.
Como muchos observadores nacionales e internacionales, y las propias organizaciones mapuche, han señalado en relación a estos conflictos, sin hasta ahora ser escuchados, que ello pasa además por una mirada más profunda de las causas subyacentes a este conflicto, lo que debe llevar a la sociedad chilena y al estado -como lo afirma la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en su informe del 2003- a admitir su responsabilidad en el despojo del que los mapuche han sido víctimas a lo largo de la historia. Pasa además, de manera importante, por el impulso de políticas de reparación mucho más efectivas que aquellas que han sido impulsadas en la materia por el estado a la fecha.
Mientras la sociedad chilena y el Estado no comprendan y asuman este desafío, lamentablemente hechos como el condenable atentado en contra de la familia Luchsinger podrán seguir repitiéndose, prestándose su autoría a distintas interpretaciones.
José Aylwin. Director Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (Temuco). observatorioderechosindigenas@yahoo.com.
