Esta semana se reunieron en Santiago destacadas personalidades vinculadas con el ámbito de intervención en barrios críticos de países como Colombia, México, Brasil y Canadá. Sus experiencias fueron motivo de análisis y debate en el marco de un Seminario Internacional al respecto realizado en el Edificio Diego Portales por el Ministerio del Interior y la Universidad Diego Portales.
En Chile las intervenciones en este tipo de barrios se iniciaron el 2001 con el emblemático y hasta entonces impenetrable sector de La Legua. Posteriormente se ha entrado a: La Victoria (2002), Santa Adriana (2002), Lo Amor (ex-Sara Gajardo), Intendente Saavedra (Cerro Navia, 2003), José María Caro (Lo Espejo, 2004), Población Yungay (La Granja, 2005), y la población 18 de Septiembre (ex-Emergencia) en la comuna de Hualpén (8° región, 2005).
Chile es un país estable políticamente, sólido económicamente – ocupa lejos un lugar destacado en el Índice de Competitividad Mundial- y cuenta con una enorme cohesión social.
No obstante este escenario optimista, hay redes de narcotráfico que se han ido instalando en algunos territorios determinados como agentes sociales activos.
Si bien nuestro país está lejos de que se haya desarrollado un paramercado de la droga, esto es, un mercado de sobrevivencia paralelo a la economía legal en el país -como ocurre en algunos países vecinos- había que adoptar medidas. Las intervenciones, por tanto, han apuntado tanto a debilitar e interrumpir los factores de riesgo así como a potenciar los factores protectores entre el Estado, Carabineros e Investigaciones, entidades privadas y la comunidad.
Durante el seminario, Chile expuso su experiencia acumulada y propuso un modelo de intervención sistémico e integral que articula una red de relaciones inter-institucionales y es capaz de autogenerarse en forma permanente entre sus actores.
Esto forma parte de las acciones que el gobierno de Chile realiza, en forma prioritaria, en favor de la seguridad ciudadana del país, mediante políticas públicas destinadas a: mejorar la prevención social y situación de los delitos; lograr un control policial más eficiente e impulsar una participación ciudadana activa y responsable.
Para el gobierno, este programa de intervenciones es innovador, arriesgado, exitoso y desafiante. Con todo, la evaluación de este programa en cuatro años es positiva. Sólo cabe preguntarse por formas de incrementar, avanzar y consolidar de mejor forma algunos aspectos específicos de estas intervenciones.
Desde esta óptica, sin embargo, y reconociendo que la intervención en barrios en Chile no cuenta aún con una mirada asertiva ni positiva por parte de los medios de comunicación y algunas entidades de oposición al gobierno, cabe preguntarse por cuánto tiempo debe durar una intervención de esta naturaleza para que sea efectivamente evaluable como un estrategia exitosa de intervención social.
En esto hay que ser enfáticos, no existe ningún organismo internacional -y así se planteó en el seminario de expertos en el Diego Portales- que sostenga que una intervención social y cultural de esta naturaleza pueda ser menor a 10 años. Incluso hay quienes plantean 25 años como promedio.
El Plan Bogotá, aún en ejecución, se inició en 1994 y ha sido administrado por tres gobiernos. Canadá implementó en 1979 una política de estado llamada Protección de niños y jóvenes en el territorio de Québec y que sigue vigente hasta hoy. Brasil en 1993 articuló el Programa Viva Río que comenzó con una intervención de desarrollo social que se fue complementando con el correr de los años hasta instalar el año 2000 la intervención policial y finalmente el ejemplo de México con el Programa Espacios Seguros que comenzó su trabajo el año 2003 y hoy se encuentra en pleno funcionamiento.
Esto nos lleva a nuevas reflexiones y también a la necesidad de proponer una continuidad en el trabajo exitoso que se ha iniciado, independientemente de colores políticos o los gobiernos de turno que sucedan a este programa.
Patricia Varela. Directora División de Seguridad Ciudadana. Ministerio del Interior.