Quince años de gobierno democrático han enseñado que nuestros pueblos indígenas están instalados en el país como una oportunidad y no como un problema. De la mano de una legislación coherente con el nuevo trato hacia las etnias, el Estado chileno ha concebido una política pública que fomenta un desarrollo ajustado a las costumbres de las comunidades indígenas. Tras siglos de exclusión y demandas históricas, los pueblos originarios han logrado que lentamente el país enfrente el siglo XXI de cara a sus orígenes.
En el marco de este escenario y para dotar a la institucionalidad pública y a la ciudadanía en general, de antecedentes actualizados sobre la población indígena de Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Programa Orígenes de Mideplan firmaron en 2003, un convenio de colaboración orientado a generar la información de carácter censal necesaria para los procesos de toma de decisión de la política indígena.
Hoy podemos afirmar que de acuerdo al Censo de 2002, en Chile el 4,6% de la población declara pertenecer a uno de los ocho pueblos reconocidos por la Ley Indígena, siendo los mapuche el grupo más numeroso. Ellos son también los más diversificados territorialmente, concentrándose mayoritariamente entre las VIII y X regiones. Un dato curioso y al que debemos prestar atención, es el alto grado de atracción que Santiago ejerce sobre los habitantes originarios. Desde el punto de vista migratorio, el 27,7% de la población indígena llega a vivir a la capital en busca de mejores perspectivas económicas. De hecho, el 30,3% de la población mapuche, por ejemplo, se encuentra repartida en las comunas más pobres de la Región Metropolitana.
Los datos nos recuerdan que formamos parte de un país mestizo. El hecho que una determinada población sea incorporada en un Censo, sobre todo aludiendo a su condición étnica, significa de alguna manera, reconocerla. Los números delatan su existencia, pero son las acciones las que visibilizan su presencia. A través de ellas, el Estado responde a sus necesidades y los integra a espacios legítimos de participación, convivencia y oportunidades. Un punto que marca la diferencia entre censos anteriores y los de 1992 y 2002, es la posibilidad de conocer algunas de las características centrales de nuestros pueblos ancestrales, en función de identificar sus principales carencias y desde ahí, enfrentar el tema de la planificación y el establecimiento de políticas y programas adecuados y ajustados a su realidad e idiosincrasia.
Para aplicar políticas sociales y orientar estrategias económicas, las estadísticas sociales aportadas por el INE son un herramienta contundente. Saber que en Chile existen 195 mil niños y adolescentes indígenas en edad escolar, permite avanzar en propuestas educativas como el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), que asume la peculiaridad de los escolares como un recurso aprovechable y valorable para la instrucción. Hoy existen escuelas públicas al interior de todas las comunidades indígenas del país, con dotación docente y presupuestaria que presenta grandes variaciones de una zona a otra. Los avances en la educación han contribuido a equilibrar las históricas desigualdades educativas entre los sexos, un ejemplo de ello es que los rapanui y colla consiguen el más alto promedio de estudios, tanto en hombres como en mujeres.
Saber, por ejemplo, que los indígenas chilenos representan el 4,4% de la población económicamente activa del país, y que alrededor de un 25% de ellos es empleador o trabaja por cuenta propia, aporta indicios que despejan el camino a seguir en materia de capacitación, emprendimiento productivo y liderazgo. Hacia esa dirección apuntan y florecen las primeras experiencias del reconocimiento.
En la región de Tarapacá, la población aymara del Valle de Chaca enfrenta el futuro con nuevos bríos. Gracias a la profundización de pozo, la construcción de estanques, riego tecnificado y canales, ellos devolvieron al suelo su potencial de cultivo. Hoy, la comunidad siembra todo tipo de productos agrícolas, desde frutas tropicales como guayabas y mangos hasta cebollas, aceitunas y ajos que luego comercializan en Arica. Mucho más al sur, en la provincia de Arauco, el «Camping Lorcura» del lago Lleu Lleu es una empresa turística administrada por las catorce familias que forman la comunidad indígena Lorenzo Pilquimán. En sus tres hectáreas, habilitaron baños públicos, sitiaron el terreno, y construyeron dos cabañas y un pequeño almacén.
La Política del Nuevo Trato quiere compartir el Chile real, ése donde todos los grupos humanos ocupan un espacio propio y otro común. Apoyado en instrumentos de trabajo, como las estadísticas sociales, el Estado entrega a sus autoridades y ciudadanos la oportunidad de impulsar una nueva relación con los pueblos originarios que hagan de nuestro país, un territorio que aprende a mirar el futuro desde su origen.
Enzo Pistacchio S. Secretario Ejecutivo Programa Orígenes.
