Hace pocos días, en medio de la calle, las alumnas de los cursos de cuarto medio del Liceo de Niñas N° 7 de Providencia se graduaron en la calle. Cuando le preguntaron al Secretario Ministerial de Educación Alejandro Traverso Carvajal por la suspensión de la graduación, arbitrariamente determinada por la directora del Liceo, respondió que ello correspondía a «la autonomía de los colegios y que el Mineduc no tenía facultades para intervenir».
La respuesta de Traverso, habitual en su gestión frente a cada problema de esta índole, a menos que expresamente sus jefes le exijan lo contrario, contradice los esfuerzos del ministro del ramo, Sergio Bitar, en orden a defender la dignidad de los estudiantes. Lo que quedó claro en el caso de los alumnos homosexuales del Liceo Metropolitano, y de estudiantes secundarias embarazadas, entre otros. La sospecha real es que ahora nadie le ordenó nada, y Traverso no quiso enfrentarse al Alcalde de Providencia, Cristián Labbé, de cuyo municipio depende el Liceo.
Es demasiado extrema la pasividad que mantiene el Seremi ante los frecuentes atropellos que se cometen en los establecimientos educacionales administrados por la Corporación de Educación de Providencia, la mayoría de ellos dirigidos por esposas de ex militares. No sólo contra los estudiantes, sino también de padres y apoderados. A tal punto que pareciera que la Comuna es una república independiente en materia educacional, en donde con dineros fiscales se puede:
ˇ Expulsar alumnos porque no viven en la comuna
ˇ Realizar cobros no permitidos por la ley de subvenciones
ˇ Infligir maltrato físico y psicológico a los niños, de 1ÅŸ básico a 4ÅŸ medio
ˇ Determinar si un padre es apto o no para ser apoderado de su hijo
ˇ Efectuar procesos de admisión al margen de lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y en la Ley de Subvenciones
ˇ Y en el caso que relatamos al principio, no facilitar dependencias de los establecimientos escolares, que fueron traspasados por el Estado a la municipalidad, para que los estudiantes de 4ÅŸ medio realicen su ceremonia de graduación.
La lista puede llegar a ser interminable, pues como siempre ocurre con los abusos si nadie controla, por cada denuncia existen 10 que no se efectúan, por el temor a las represalias. En este caso, perder la vacante en un establecimiento que muchos padres consideran «un buen colegio, en un barrio tranquilo, y un ambiente ideal para que sus hijos estudien y puedan ser alguien el día de mañana».
Todas las cifras macroeconómicas y las imágenes de modernidad que luce tan orgulloso el país se vienen al suelo cuando el ciudadano común se enfrenta a hechos como el de las alumnas del Liceo 7, celebrando su graduación en la calle. Y cuando un burócrata como Traverso es el encargado de responder por la gestión gubernamental en materia educativa.
La humillación a que fueron sometidas las estudiantes por parte de la directora del Liceo, se ve agravada por la falta de criterio del Secretario Regional Ministerial, para quien el tema es un «asunto legal» privativo del Liceo, y no una grave afrenta a la dignidad de los estudiantes y sus familias.
Peor aún, llama la atención que Alejandro Traverso, con todo el poder de la autoridad en sus espaldas y la legitimidad que da ser funcionario superior de un Estado democrático donde los derechos y la dignidad de las personas se respetan, no sea capaz de imaginar, en el uso de sus competencias, una mediación o una acción que componga o desagravie lo actuado por el Liceo.
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César Antonio Pagano. Periodista y escritor.
