En los primeros días del gobierno de Michelle Bachelet, hemos visto que la mayor preocupación de su equipo económico está puesta en la reforma al sistema de pensiones. Como se sabe, en el estado actual de las cosas, el 50% de los afiliados a las AFPs recibirían una jubilación menor a la asistencial, que bordea los 40 mil pesos mensuales. Por lo tanto, el Estado se verá en la obligación de surtir de subsidios a los millones de chilenos que han entregado parte de sus sueldos a un sistema de administración que ha lucrado sin parar desde 1981.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones se han convertido en uno de los sectores económicos más dinámicos con una rentabilidad del 25% anual. Esas enormes ganancias se explican por los elevados cobros de administración pagados por los cotizantes, que superan el 13%, y por la escasa competencia que existe en este sistema. Las AFPs administran fondos por sobre los 40 mil millones de pesos, que en el 2004 llegaron al 64% del Producto Interno Bruto de Chile, es decir, de cada 100 pesos que se generaron ese año en el país, un equivalente a 64 fueron manejados por las AFPs.
Sin embargo, la Concertación nuevamente hecha por la borda la posibilidad de una modificación sustancial al actual sistema previsional cuando la presidenta Bachelet incorpora en la comisión a cargo de esta reforma a importantes figuras del pensamiento neoliberal ortodoxo «criollo». La gran mayoría de estos asesores provienen de centros de estudios íntimamente ligados al gran empresariado como el CEP y Libertad y Desarrollo. Los trabajadores quedaron sin representación y curiosamente dos reconocidos expertos, que ponían en tela de juicio la competencia de la industria y el poder oligopólico de las AFPs -ambos de diferente color político- como Salvador Valdés y Manuel Riesco, quedaron excluidos.
Es muy difícil que en ese contexto se logren avances importantes para los trabajadores, sobre todo si no se contemplan reformas económicas estructurales, especialmente en el mercado laboral. Si sólo un 30% de los puestos de trabajo en Chile son catalogados como «decentes», si el 80% de los chilenos obtiene mensualmente menos de 300 mil pesos y si los empleadores no pagan las cotizaciones de sus trabajadores, porque la Inspección del Trabajo no puede fiscalizar, cualquier modificación al sistema de las AFPs no tendrá éxito.
Es decir, se requiere de una cirugía mayor, que implique una reestructuración total del actual patrón de concentración de la riqueza que bien representan las AFPs.
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Marcel Claude es economista
