Algunos parlamentarios de la UDI acusaron a Soledad Alvear de ser «la niña símbolo de la mano blanda de la Concertación con los delincuentes». Acusación que lleva implícita una terapia: «la mano dura». Quiero aprovechar estas líneas no para entrar en un debate de descalificaciones que en nada ayuda a nuestra democracia, y sí decir que la UDI se equivoca en el diagnóstico y en la solución. Los gobiernos democráticos no han sido «blandos» con los delincuentes y agotar la lucha contra los delitos en su penalización es errar el camino.
Es cierto que la encuesta del INE demuestra que el temor a ser víctima de un ilícito creció de 47,8% al 48,6% entre el año 2003 y el 2005. Sin embargo, las personas que dicen haber vivido una situación de riesgo producto de la violencia es de la mitad: un 20,8%. Y este estudio demuestra una baja entre ambos años. Sin embargo, el temor es un poderoso sentimiento que se expande entre los chilenos, particularmente entre los pobres. La UDI lo sabe.
Cuando sufrimos un robo, un hurto, una agresión o la violación de nuestra morada, es obvio que la reacción inmediata es la punitiva. Se aumentan el número de efectivos policiales, se agravan las penas, se baja la edad de imputabilidad penal, se aumenta la discrecionalidad de los cuerpos de seguridad estatales, se multiplican las cárceles, aparecen policías privadas en empresas y barrios de clase media y alta. Los porcentajes que se gastan en seguridad se elevan.
En Chile, bajo los gobiernos de la Concertación, ha experimentado este proceso. La dotación de carabineros aumentó de 30. 341 en 1989 a 39.746 el 2006. Y Michelle Bachelet acaba de decretar el aumento de la dotación de carabineros en 1500 plazas. El presupuesto ha aumentado de $112.210.051.000 a 320.930.664.000 (trescientos veinte mil millones novecientos treinta millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos.)
Agreguemos tres datos más. Primero, hoy existen 45.000 guardias privados. Segundo, gracias a la reforma procesal penal, en la Región Metropolitana, de los 594 juicios orales que se llevaron a efecto, 93% terminaron en sentencia condenatoria. En el antiguo sistema en el mismo período de 2004, 90% de las causas se saldó con sobreseimiento temporal. Tercero, Chile es el segundo país latinoamericano con mayor población carcelaria en proporción al número total de habitantes. Se trata de 33.000 reclusos. Ellos son varones, pobres y jóvenes en su inmensa mayoría.
Por ello no son justos los que acusan los que acusan a los gobiernos democráticos de no haber sido duro con los delincuentes. Más aún si las emprenden contra la autora de la reforma procesal penal. No ha habido mano blanda. Pero con más «mano dura» ¿nos sentimos más tranquilos? Pareciera ser que no a la luz de las encuestas de opinión pública y las noticias que nos sacuden a diario. Digamos pues que combatir a la delincuencia no puede ni debe agotarse en la represión de los delincuentes. Una política tan eficaz como humanista debe atacar también las causas de la delincuencia.
A este respecto la Cepal concluía en 1997 que factores de riesgo de la violencia urbana son: a) Desigualdad de ingreso urbano; b) Pobreza en los hogares urbanos; c) Tasas de desempleo abierto urbano; d) Porcentaje de jóvenes urbanos de 13 a 17 años que no estudian ni trabajan y e) déficit educacional. Agregó además que los norteamericanos han demostrado hasta la saciedad que existe también una correlación fuerte entre destrucción del vínculo familiar y delincuencia. Los jóvenes que llegan a los centros de detención provienen en un 70% de hogares sin padre.
Debemos tener a la vista la experiencia de otros países en estas materias. Ella nos enseña que la delincuencia sólo se puede combatir con una firme decisión social que ataque tanto sus efectos como sus causas. Por eso la vía exclusiva o preferente de la penalización y encarcelación es ineficaz e injusta pues se tiende a «criminalizar la pobreza». Y los que salen de la cárcel vuelven a reincidir en un porcentaje abrumador. En Chile leo que un 70% de los reclusos están en esta categoría. Es mucho más barato y eficaz invertir en becas de estudio que en cárceles para los jóvenes. Un joven chileno en la cárcel nos cuesta dos y medio millones de pesos. En caso contrario, todas nuestras medidas punitivas serán, a corto plazo, tan ineficaces como injustas, pues muchas veces terminaremos sancionando al joven al cual no le dimos ninguna oportunidad de acceder a una vida digna. Soledad Alvear lo ha dicho: «Hay que ser duros con los delincuentes, pero más duros con las causas de la delincuencia».
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Sergio Micco Aguayo, abogado y cientista político. Vicepresidente de la DC.
