Resulta increíble y vergonzoso recordar que el Proyecto de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal fue ingresado al Parlamento en el año 1992. Desde entonces, y después de casi 14 años de tramitación, la iniciativa no ha logrado generar los consensos mínimos para ser aprobada. Ahora, en el inicio de un nuevo gobierno, parece abrirse una ventana para avanzar, pero las nuevas autoridades deberán demostrar con decisión política que efectivamente quieren pagar esta añeja deuda.
Y es que luego de aquella primera manifestación de intenciones del ex presidente Aylwin, los gobiernos de la Concertación han seguido vinculados con el tema. De hecho, fue un compromiso del Programa de Gobierno del Presidente Lagos, que finalmente no fue cumplido. En medio de este proceso, el año 2004 el Ejecutivo envió dos nuevas indicaciones, una de las cuales permitía la sustitución de los bosques nativos para habilitación de terrenos agrícolas y la otra autorizaba la corta de especies declaradas Monumento Natural y en categorías de conservación. Estas indicaciones fueron incorporadas por el Ejecutivo sin el conocimiento de los actores involucrados y, por tanto, generaron gran oposición en muchos sectores que habían confiado en la buena fe del proceso.
El año pasado, la ley ya había perdido absolutamente su sentido original, al punto que tres de los cuatro candidatos presidenciales, entre ellos la actual presidenta Bachelet, criticaron duramente el proyecto que hoy descansa en la Comisión de Hacienda del Senado.
Teniendo en cuenta las dificultades para lograr consensos y el nivel de confusión de la vieja ley, surgió desde este nuevo gobierno la idea de una ley corta, que allanara entre los actores involucrados aquellos aspectos menos polémicos. Más específicamente, que abordara el tema de los incentivos al manejo sustentable del bosque y dejara para otros cuerpos legales temas como la sustitución.
Esta propuesta, que originalmente ha sido apoyada por las organizaciones ecologistas y de pequeños propietarios, lamentablemente se ha quedado entrampada y todavía no se concreta. El Gobierno debe dar una señal política de su real interés en este tema, concretando el envío de las indicaciones sin más dilación.
Pero no sólo eso. En el manejo del bosque hay aspectos sociales que deben ser considerados para que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. En ese sentido, el proyecto debe beneficiar de modo preferencial a pequeños propietarios y, por tanto, se debería eliminar o al menos restringir el sistema de concurso. Además esta ley debería contemplar mecanismos de asociatividad entre pequeños propietarios que permitan acceder a los beneficios de esta ley.
También es importante que esta ley contenga incentivos capaces de revertir la sustitución. Por ello, el monto que fije esta ley para bonificar las actividades de manejo de bosque nativo debe ser al menos similar a la que el Estado ha destinado año a año al DL 701.
Finalmente, respecto al sistema de bonificaciones, es muy importante que los pequeños propietarios cuenten con un sistema de apoyo técnico a la gestión de manejo y un adecuado sistema de comercialización de los productos que sea un incentivo al manejo del bosque.
El Gobierno tiene todo el piso político para agilizar ahora una ley corta que resuelva el problema de los incentivos. Esperamos que las autoridades se decidan entonces a romper un maleficio que ya lleva demasiado tiempo entrampado en el Parlamento.
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Flavia Liberona. Coordinadora Red Bosque Nativo
