Los anuncios realizados por la Presidenta el 21 de Mayo abren un escenario prometedor para la educación en nuestro país. Nos alegra la decisión presidencial de asignar recursos extraordinarios al quehacer educativo, lo que constituye, a su vez, un desafío de proporciones a todos los actores involucrados en estos procesos. Es indudable que mayores recursos constituyen un piso necesario para procesos de mejoramiento de la calidad de la educación, sin embargo, la forma en que se distribuyen y utilizan estos recursos va a determinar los verdaderos alcances de este significativo esfuerzo.
Una medida largamente esperada ha sido la asignación diferenciada de recursos según características específicas de los alumnos/as. En el sistema actual de subvención por alumno/a, parejo e igual para todos, la única diferenciación la constituye una asignación de ruralidad, cuando las matrículas son muy reducidas. Las medidas anunciadas profundizan el apoyo a las pequeñas escuelas rurales, aumentando la subvención para estas escuelas y reconocen finalmente la desigualdad socio-económica existente en nuestra sociedad. El incremento de los recursos para poblaciones escolares vulnerables reconoce una deuda histórica, que se ha tratado de enfrentar a través de programas focalizados, pero que ahora se profundiza a través de mayores recursos para la ley de Subvención preferencial, actualmente en trámite legislativo.
En relación con los municipios, las iniciativas de apoyo económico que se han expresado están destinadas a enfrentar un problema de antiguo arrastre en el sector municipal de la educación. La provisión de educación demanda exigencias mayores en comparación con los sostenedores particulares y se financia con similares recursos, como es la subvención por alumno/a. Esto determina un constante déficit que se produce, en gran medida, por las disposiciones laborales del Estatuto Docente y por la obligación de mantener ofertas educativas en un contexto de pérdida progresiva de la matrícula. También es preciso agregar, los problemas de gestión en general y específicamente de gestión de recursos, que están presentes en un número considerable de Municipios.
En este escenario de mayores recursos, claramente se está apostando por un actor del sistema educativo, el sostenedor, ya sea particular o municipal. Y la preocupación surge cuando se advierte que este es el actor más heterogéneo, aparentemente más ausente y desde luego, menos evaluado y menos regulado del conjunto de actores educativos. Las miradas evaluativas, sancionadoras, culpabilizadoras por los bajos resultados de aprendizaje se han volcado en los docentes, los alumnos/as y las carencias de sus familias, en menor medida en la formación inicial de docentes. Según una opinión generalizada, ahí estarían las causas de los bajos desempeños en las mediciones SIMCE. Muy poco se escucha de la pertinencia y eficiencia de ciertas políticas ministeriales, y menos aún, de los más invisibles, los dueños de los establecimientos.
Y surge preocupación ante anuncios tan bienvenidos como es el aumento de recursos.
Los Municipios todavía no pueden demostrar, salvo contadas excepciones, que son las instituciones más adecuadas para administrar la educación. Podrán ser algunos, pero claramente no todos, y por variados motivos, entre los cuales las desigualdades socio-económicas entre los mismos municipios se vuelven centrales. Pero también se advierten otros problemas, como diferencias en la capacidad para administrar recursos educacionales e interés de sus autoridades en la educación.
Los municipios constituyen instituciones complejas, con muchas demandas y problemas por resolver, especialmente en los sectores de pobreza, y con posibilidades limitadas para atender en forma prioritaria las escuelas y liceos.
El anuncio sobre nuevos recursos a los municipios, directos y vía aumento de subvención, subvención preferencial y ruralidad, no debieran ocultar los problemas que los Municipios tienen para gestionar adecuadamente la educación.
El otro actor favorecido es el sostenedor particular, quien desde un principio, ha estado en situación de ventaja frente a los Municipios. La gran diferencia es que no es responsable de garantizar el acceso y permanencia de todos los niños/as y jóvenes, con sus costos asociados y tampoco está obligado a cumplir con el Estatuto Docente. La preocupación surge al constatar la heterogeneidad de sostenedores particulares, y la existencia del lucro, defendido y legitimado por la derecha y sectores afines. No existe todavía alguna normativa que regule los recursos públicos entregados a particulares, la nueva normativa que sí los contempla, debe debatirse y aprobarse, es decir todavía un largo e incierto camino. Por mientras, se reciben recursos adicionales, en la confianza que utilizarán adecuadamente.
El problema mayor en el sector particular subvencionado es la heterogeneidad, que pone bajo el mismo alero a instituciones reconocidas y comprometidas con la educación por muchos años, a personas o colectivos pequeños cuya única finalidad es el trabajo educativo y en este vuelcan sus mayores esfuerzos, y a personas que han visto en esta actividad una posibilidad de negocio.
En este escenario el aumento de los recursos para este amplio sector, aproximadamente la mitad de la matrícula nacional, plantea interrogantes que ojalá desde las políticas educativas se puedan asumir.
Entre los nuevos recursos asignados se encuentran dos iniciativas que aportan en forma concreta a generar mejores condiciones de aprendizaje. Una de ellas, los maletines literarios, tiene que ver con fortalecer a las familias y así apoyar el proceso educativo de sus hijos/as. Esta forma de entender la forma en que las familias se involucran en los procesos educativos, a través de su propio fortalecimiento, es creativa e innovadora y cambia ciertas creencias y prácticas y por, lo tanto, la forma de relación entre la familia y la escuela. En otras palabras, se apuesta por las capacidades de las familias y se dan las condiciones para acceder a un mundo que en términos económicos les estaba vedado.
La otra iniciativa tiene que ver con fortalecer las capacidades de los establecimientos en el ámbito de la informática, a través de un aumento sustancial de los computadores para uso de los alumnos/as. Esta iniciativa, para que realmente sea efectiva, tendrá que ser acompañada por un apoyo específico para el uso más adecuado de estos recursos informáticos, de modo que constituya un verdadero soporte a los procesos de aprendizaje. Esto pasa por mayor capacitación a los docentes y el acceso expedito a programas que enriquezcan la creatividad y la innovación en docentes y alumnos/as.
Estamos viviendo un momento histórico en relación con la educación en nuestro país. El proceso de cambios iniciado a partir de la movilización estudiantil el año pasado está llegando a iniciativas concretas, entre las que destaca la derogación de la LOCE. Se abre un nuevo escenario para el debate y para reformulaciones en la normativa y en la institucionalidad legal, a lo que se suma un contexto auspicioso en términos de recursos.
Para los que trabajamos en educación es el momento de redoblar esfuerzos, en conjunto con otros actores educativos y sociales, que nos permitan aportar en forma efectiva en el proceso de cambios que se está iniciando.
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Loreto Egaña, directora del PIIE
