La ciudadanía está sometida a mayores riesgos en su salud porque los que mandan no se atreven a impartir las instrucciones que corresponden y un ejemplo vergonzoso lo tenemos con la voltereta que se produjo con la restricción de los vehículos catalíticos en los períodos críticos de pre-emergencia.
Por Patricio Herman*
El doctor Juan Grau, discípulo del sabio Juan Noé, fue el primero desde la década de los sesenta del siglo pasado en poner en el tapete público los conceptos de ecología y medio ambiente. Bajo el gobierno popular de Salvador Allende participó en la Comisión Nacional Contra la Contaminación, dependiente de CONICYT, y en los últimos años del gobierno dictatorial de Pinochet se desempeñó como secretario técnico ad honorem de la Comisión Nacional de Ecología, precursora de la CONAMA.
La Constitución Política de 1980, recogiendo las ideas de Grau, nos asegura que debemos vivir en un ambiente libre de contaminación y para ello ordena que es deber el Estado velar para que este derecho no sea afectado y Ä„oh sorpresa! también nos garantiza que las autoridades centrales deben tutelar la preservación de la naturaleza. Con la llegada de los partidos políticos al poder, en Abril de 1994, entró en vigencia la Ley NÅŸ 19.300 de Bases del Medio Ambiente, la que se empezó a aplicar 3 años después con la publicación de su reglamento.
En Agosto de 1996, se declaró la Región Metropolitana como zona saturada para 4 contaminantes conocidos por todos y zona latente para otro (dióxido de nitrógeno), lo que significó que el gobierno de Frei, de acuerdo al mandato de la ley, tuvo que iniciar los estudios conducentes a solucionar el problema, entre otros motivos, ya que es deber de la autoridad proteger la salud de la población.
Y así fue que en Mayo de 1998, 10 años atrás, se publicó en el diario oficial el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), instrumento normativo que contenía 140 medidas orientadas a combatir de verdad la pésima calidad del aire en la saturada cuenca de Santiago. En su elaboración intervinieron más de 250 personas calificadas y muchas instituciones especializadas, incluyendo a una veintena de asesores internacionales. Todos ellos consensuaron un documento de la mayor calidad que atacaba en su raíz la lacra de la contaminación en este territorio encerrado y en otoño e invierno con inversión térmica y falta de vientos.
Pero como muchas de sus medidas afectaban intereses económicos, los gobiernos pasados empezaron paulatinamente a modificar su contenido. El clímax se produjo en Enero de 2004 con su total desmantelamiento. En efecto, con las eufemísticas palabras «reformulación» y «actualización» el PPDA quedó prácticamente huérfano de regulaciones preventivas efectivas que conducían a controlar la creciente emisión de gases tóxicos. De ello se infiere que la ciudadanía está sometida a mayores riesgos en su salud porque los que mandan no se atreven a impartir las instrucciones que corresponden y un ejemplo vergonzoso lo tenemos con la voltereta que se produjo con la restricción de los vehículos catalíticos en los períodos críticos de pre-emergencia.
El 25 de Mayo pasado le decíamos por escrito a la Presidenta Bachelet que el intento del Minvu, en orden a continuar expandiendo la ciudad, era contrario a los deseos de reducir la contaminación del aire, aunque sí generaría plusvalías patrimoniales a ciertos suertudos poseedores de tierras agrícolas, haciéndole notar que ante esta pretensión estaban mudos los titulares de los ministerios de Agricultura, Transportes y Medio Ambiente.
Por ello, el 9 de Julio pasado nos recibió en su despacho Ana Lya Uriarte, con el objetivo de intercambiar ideas sobre la expansión urbana y su directa relación con la tarea descontaminadora.
Le expresamos que era un despropósito ocupar zonas de baja aptitud urbana, con riesgos de inundación, pozos areneros y con altos riesgos para la salud a causa de los residuos químicos presentes en los suelos agrícolas que acogerían esa expansión urbana, sin dejar de tener presente los perjuicios económicos que causa la ocupación urbana de suelos de gran calidad agrícola. Asimismo le hicimos notar que hay 6.000 hectáreas disponibles al interior de la ciudad y que existe una abundante oferta de 40 mil departamentos sin comprarse, unido a un excesivo uso del automóvil causado por el mal funcionamiento del Transantiago.
Por otro lado le reiteramos a la ministra que era indebido continuar expandiendo la ciudad, cuya área urbana cuenta con 60.000 hectáreas, habida consideración que ya en Mayo de 2003, Ravinet en su condición de ministro de Vivienda y Urbanismo, había ordenado a sus adláteres políticos del Consejo Regional (CORE) que aprobaran los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en 90.000 hectáreas agrícolas en 11 comunas periféricas, de las cuales ya se han autorizado 3 que se ejecutarán en indefinidas etapas en la comuna de Pudahuel, curiosamente la más contaminada de la región.
Estos negocios inmobiliarios sólo se pueden ejecutar en terrenos de interés silvoagropecuario con superficies mínimas de 300 hectáreas y como las medidas de compensación, mitigación o reparación que se contemplan en la letra del PRMS no están debidamente garantizadas, a la larga, muchas de ellas tendrán que ser asumidas por el Estado, lo cual ya no es novedad porque el avispado sector privado sabe sacar partido de las falencias de los funcionarios públicos.
También le dijimos a la ministra que era necesario disponer a la brevedad de instrumentos de ordenamiento territorial con el fin de corregir los conflictos que surgen por una planificación urbana exageradamente sectorialista, aludiendo al Minvu, que deja de lado la participación de otros sectores, Agricultura por ejemplo, en la construcción de la ciudad y terminamos indicándole que si se desea abordar inteligentemente la lucha contra la mala calidad del aire, era indispensable reponer el PPDA original de 1998, con las necesarias adecuaciones y sin tenerle miedo a las críticas de algunos preocupados sólo de sus intereses particulares. La ministra Uriarte escuchó pero no se pronunció, debido a que el intendente Erazo y sus colaboradores ya determinaron como viene la mano con el nuevo PPDA: suponemos que será light.
Debido a las diversas enfermedades y muertes prematuras que se producen por el veneno que respiramos, esperaríamos que la presidenta Bachelet, por su calidad de médica y mujer sensible, imparta los lineamientos generales para que, de una vez por todas, tengamos una política ambiental que nos favorezca a todos y en especial a la población más vulnerable.
*Patricio Herman, Fundación «Defendamos la Ciudad»
