No es el primer caso ni, seguramente, será el último. Pero lo peor es que desató la consabida polémica superficial sobre la seguridad de los profesores, los requerimientos de mayor intrusividad policial en los establecimientos o declaraciones minimizadoras del tipo «es un caso puntual»…
Por Santiago Escobar*
Una vez más un acto inusitado y violento conmociona a la opinión pública y evidencia las carencias y deficiencias en las políticas nacionales de Educación. Un niño de catorce años, con una enfermedad mental seria, apuñaló en días pasados a una profesora en un colegio de La Florida.
No es el primer caso ni, seguramente, será el último. Pero lo peor es que desató la consabida polémica superficial sobre la seguridad de los profesores, los requerimientos de mayor intrusividad policial en los establecimientos o declaraciones minimizadoras del tipo «es un caso puntual» que normalmente hace el Ministerio.
El hecho evidencia, entre otras cosas, que en nuestro sistema educativo no existe un programa nacional de salud escolar en serio. Que abarque diagnósticos complejos de manera temprana y facilite los aprendizajes y desarrollos en materia educativa. Por ejemplo que permita detectar niños con problemas en sus vías respiratorias altas (adenoides, amígdalas hiperdesarrolladas, roncadores precoces), o pies planos, u obesidad mórbida, por señalar afecciones muy comunes que inciden enormemente en malos resultados escolares.
Menos aún existen programas o condiciones que permitan detectar y tratar la variedad de problemas psicológicos o psiquiátricos que pueden manifestarse en el ambiente escolar y que parecen afectar al alumno agresor. Sobre todo en un país caracterizado por un aumento importante de las enfermedades mentales.
Tampoco existe un programa nacional de prevención de la violencia en los colegios, ni menos uno de mediación escolar capaz de poner las condiciones institucionales para la solución pacífica de los conflictos en los establecimientos, induciendo un ambiente de diálogo y valores cívicos y democráticos. Lo que sí hay es la persistencia de una disciplina escolar punitiva, formalista y policializada, inducida por la tradición o por instituciones tan respetables como CONACE en el caso de drogas en los colegios.
Pese a los esfuerzos que cada tiempo se hacen en el MINEDUC por modernizar sus políticas, estos temas siempre quedan fuera del interés burocrático. Si alguien desea enterarse que hace en estas materias será remitido a una unidad muy menor de la Dirección de Educación General que se llama Políticas Transversales o algo así, que tiene un par de funcionarios sobrepasados por la variedad de temas y falta de recursos, y que opera como un vaciadero de problemas que nadie sabe o desea enfrentar.
La política de Jornada Escolar Completa, JEC, instalada por Ley y muchos recursos terminó siendo una gran política de subsidios para construir establecimientos y no para instruir personas ni mejorar la educación. El año 2006, a la época de la revolución de los pinguinos, no tenía un solo funcionario dedicado a analizar la malla curricular, pero si tenía como cincuenta encargados de que se construyeran gimnasios, salas, comedores.
Ello estuvo en los reclamos estudiantiles, y fue una excelente oportunidad perdida para haber introducido sistemas innovadores de gestión escolar, tanto en la malla curricular como en las actividades extraescolares. Los temas de salud, mediación, convivencia o simplemente entretención y sociabilidad para evitar casos como el de La Florida, hubieran cabido perfectamente.
Si hoy, en la educación municipal, es decir en la pública, se desea tener programas integrales de prevención de la violencia, tremendamente necesarios, los alcaldes deben meterse la mano al bolsillo y pagar. Aumentando el déficit de sus comunas en un esfuerzo fragmentado ante un requerimiento que requiere una política nacional.
Y por favor, que a nadie lo remitan al Programa Habilidades para la Vida, porque como su nombre lo indica es un programa y no una política. Y aunque bueno en la idea, es de una parcialidad y brevedad que da solo para considerarlo una buena intención. Baste decir que funciona a base de fondos concursables que se reparten a razón de 6 a 8 millones de pesos por Municipio.
Es evidente que la ministra Mónica Jiménez no es responsable directa de esta situación. Ella se arrastra por años, aupada por burócratas políticos enquistados por años en el MINEDUC sostenidos por sus respectivos partidos, más todo el parque jurásico que dejó la inmemorial dictadura. Todos incombustibles al paso del tiempo y los problemas. Pero la ministra sí es responsable política de adoptar medidas reales y eficientes para que ello no siga pasando. Al gobierno todavía le queda un año, que es precisamente de debate educacional por la LEGE, que debiera aprovecharse más positivamente en este sentido.
Lo único que no debiera ocurrir es que ella se contagiara del tono plañidero y facilón de gentes como los dirigentes gremiales de los sostenedores o de los profesores que sostienen que lo ocurrido en La Florida es «un tema de seguridad», y ella siguiera argumentando que es «un caso puntual». En ese caso estaría matando la educación a puñaladas.
*Abogado y analista político y de defensa.
