La Estrategia Nacional de Seguridad Pública plantea una nueva forma de mirar el fenómeno de la seguridad, sustentada en la interrelación de los actores. La solución al problema de la delincuencia pasa por asumir que constituye una tarea global.
Por Gloria Requena*
Sin duda, fueron días de intenso aprendizaje. La realización del Segundo Encuentro Internacional sobre Observatorios de la Criminalidad nos permitió escuchar los conocimientos acumulados de expertos y responsables de gobierno en materias tan complejas como medir y diagnosticar los problemas de seguridad que afectan a países con realidades muy disímiles.
El evento fue un aporte a la tarea de delinear de mejor forma los desafíos que conlleva perfeccionar los sistemas de información y alcanzar diagnósticos que nos permitan focalizar los recursos y ser cada día más efectivos en la adopción de medidas destinadas a la prevención de la criminalidad. Ahora bien, contar con cifras confiables y diagnósticos acabados, constituye un paso fundamental, pero avanzar en ello no significa soslayar los diferentes componentes de las políticas públicas en esta materia.
En primer término, es necesario considerar los diversos tipos de violencia que son ejercidas, y cómo éstas anidan desde los espacios más íntimos de la familia a los más institucionales, afectando a nuestras sociedades e instituciones permanentes. Esto nos lleva a enfocar la atención en desafíos hoy aún más prioritarios en el contexto del trabajo preventivo: los jóvenes y su relación con la violencia, el fenómeno de las pandillas, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar o los desafíos urgentes de perfeccionamiento en el trabajo con menores en riesgo social.
Esta multiplicidad de elementos y condicionantes marcan el enfoque con que la División de Seguridad Pública (DSP) enfrenta la prevención: con la comunidad y focalizando su accionar en los grupos más vulnerables, como se plantea en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
En segundo término, es necesaria la formulación de una política en el ámbito de la prevención local del delito, que permita contar con criterios de evaluación de la experiencia. Las políticas públicas, cuando son descentralizadas y consideran la participación de la comunidad, tienen el potencial de fortalecer las capacidades locales y sintonizar con la especificidad de cada territorio.
Esto es lo que hemos aprendido en Chile con el modelamiento e implementación de los Planes Comunales de Seguridad Pública, y con los Consejos Comunales y Regionales destinados a tal propósito, cuya expresión territorial ha agregado a un conjunto de actores a esta tarea común de superar los problemas de inseguridad de las personas.
Se ha consolidado lo que hemos denominado un sistema de seguridad en el territorio: autoridades regionales, provinciales y comunales colocando como prioridad en sus agendas de trabajo la articulación de la seguridad de sus comunidades. Por otra parte, universidades, organizaciones no gubernamentales y los propios vecinos avanzando mancomunadamente en múltiples proyectos con niños y jóvenes, o en iniciativas vinculadas al desarrollo del entorno urbano, con el objeto que éste ofrezca a sus ocupantes mejores condiciones de seguridad. Es decir, contamos con liderazgo en el tema, con planes y voluntad concertada de todos los actores para vencer el temor y la inseguridad.
Ahora bien, todos estos cursos de acción estratégica no tendrían la solidez técnica que se ha demostrado, si no existiera una preocupación permanente por construir diagnósticos sostenidos en un sistema de información que complemente registros continuos sobre la criminalidad, encuestas de victimización o estudios específicos sobre factores de riesgo y grupos vulnerables.
En este sentido, es fundamental un diseño que permita la inteligente convergencia entre los instrumentos de información y las estrategias de gestión en el territorio. Buscamos, entonces, usar la información de manera comprensiva y articular un trabajo de carácter territorial que respete las realidades locales, que no se haga por sobre la comunidad sino con ella, como actor central en las estrategias preventivas de la delincuencia y la violencia.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública plantea una nueva forma de mirar el fenómeno de la seguridad, sustentada en la interrelación de los actores. La solución al problema de la delincuencia pasa por asumir que constituye una tarea global. Desde la institucionalidad central del Estado, pasando por los gobiernos regionales y locales, hasta llega al ciudadano. Se trata, entonces, de establecer y ejercer el principio de la corresponsabilidad en todos sus niveles. Esa es nuestra aspiración, que esperamos sea compartida y asumida por el conjunto de sectores políticos y sociales del país.
*Gloria Requena es Jefa de la División de Seguridad Pública, Ministerio del Interior.
