Lo tenue y efímero de la construcción mediática de la realidad hace que la violación y asesinato de una niña de cinco años hagan desaparecer a los niños malos de la representación social de la seguridad ciudadana.
Por Ibán de Rementería*
Las rasgaduras de vestiduras por los niños infractores de ley o en situación de riesgo social que ha causado la «perfomance» (proeza) reciente del Cisarro -Cristóbal NN de 10 años- ha tenido la virtud de poner en el debate qué hacer con los «niños malos», qué hacer con las normas que rigen su tratamiento y qué hacer con las instituciones que de ellos deben ocuparse. Antes que nada se señala que estos niños no han delinquido porque según la ley son inimputables por ser menores de 14 años, no ha delinquido porque no tienen edad para hacerlo, ya que no tienen edad para entender el proceso penal al cual serían sometidos y la sanción con que serían castigados. Pero lo irrefutable es que si bien ni han delinquido ni han infringido la ley, sí han trasgredido lo derechos de otros, lo cual es la materialidad fáctica para la víctima de la tipificación formal sobre la conducta punible establecida por el derecho penal. En todo caso, todos afirman, gritan o susurran con dudas que los niños no deben ir a la cárcel. ¿Entonces qué hacer con aquellos que se portan mal? ¿Dónde deben ser remitidos?
La primera dificultad que aflora para comprender e intervenir el asunto de los niños malos tiene que ver con el argumento moral de la inimputabilidad, según el cual los niños aún no saben distinguir entre el bien y el mal. Esto es dudoso ya que los niños en su experiencia han padecido el mal de muchas maneras en la familia, en la calle, en el barrio, en el colegio, en el trabajo, etc. y en formas extremadamente dolorosas – como esa niña de cinco años en Valparaíso: secuestrada, violada, terriblemente lesionada a golpes hasta la inconciencia, ensacada y arrojada viva al mar donde murió ahogada-, para mucho ellos el bien es solamente la ausencia del mal que padecen cotidiana y reiteradamente. En fin, en el dolor de la práctica los niños han aprendido que trasgrediendo los derechos de los otros -la vida, la integridad personal, la libertad, el acceso a los medios de sustento, etc.- con el uso de la fuerza o la violencia pueden lograr satisfacer sus necesidades y gratificar sus deseos.
Muchas veces se afirma que en esta sociedad consumista, hedonista y anómica -sin normas- los niños y adolescentes, como muchos adultos, optan por el camino fácil del delito, «de lo ajeno», es neuro cognitivamente erróneo afirmar que delinquir es más fácil que no hacerlo, faltar a las normas requiere un esfuerzo mental mayor que cumplirlas.
La segunda dificultad para abordar el problema de los niños malos está en que todo el mundo, los expertos, tomadores de decisiones, comunicadores y público en general plantea un conjunto de intervenciones bio-psico-sociales para controlar, establecer los límites, ayudar etc. a estos niños que se portan mal, ya que por ley no delinquen, etc., pero la especificidad de esas intervenciones nunca se describen, al parecer bastaría con alojarlos, alimentarlos, vestirlos, darles atención médica y psicológica, educarlos en algo y sobre todo enseñarles a portarse bien, como corresponde, a controlarse, a respetar, etc. El propósito último que se busca es tener a los niños bajo control sin tenerlos presos, dopados, con control remoto, con medidas o sanciones alternativas, etc.
La teoría y la práctica para comprender e intervenir a los jóvenes infractores de ley se sigue moviendo así en la concepción de la justicia premial y la psicología conductista donde el premio y el castigo modelan la conducta, pero lo que han aprendido tanto las ciencias de la conducta como las ciencias sociales es que el castigo no cambia el comportamiento de las personas mientras que las oportunidades sí. Las altas tasas de reincidencia en las conductas delictivas de los niños y adolescentes, más altas que las de los adultos, es la mejor prueba de que el castigo no sirve para cambiar el comportamiento, ellos persistentemente insisten en resolver sus problemas trasgrediendo los derechos de los otros.
Lo que tradicionalmente se busca para los niños y jóvenes es el límite, el límite en la familia, el límite en el colegio, el límite en la calle, el límite en la sociedad, etc. cuando lo que se debería de buscar es un pacto con ellos, un pacto que vincule al Estado, en representación de la sociedad, con el infractor de ley o trasgresor de los derechos de los otros, pacto en el cual el Estado, representado por la institución que se establezca, se compromete a suplir las carencias económicas, sociales, cognitivas, afectivas, sexuales, de reconocimiento y respeto, mientras que el sujeto en riesgo de transgredir los derechos de los otros o que ha sido sancionado por haberlo hecho se compromete a no hacerlo o a no repetir tales conductas.
El tercer problema, vinculado a la experiencia y práctica del «mal» entre los niños y adolescentes antes referido, es que ellos son más o menos conscientes de estar trasgrediendo los derechos de los otros -los «giles»- y tienen que asumir su «maldad» en una elección entre la indigencia o el delito, entre la carencia o el delito, esta es la más grave de todas las exclusiones, la exclusión cultural, el tener que ponerse por fuera de las normas sociales de convivencia para sobrevivir. Esta es una dificultad mayor ya que el sujeto del pacto, sea que esté en riesgo o sea infractor, no tiene confianza en sí mismo como interlocutor del pacto, lo cual se hace manifiesto en el incumplimiento de un 50% de la sanción alternativa de trabajo en beneficio de la comunidad por adolescentes infractores. Es la terrible y triste biografía del Tila, que termina su vida en la cárcel suicidándose a los 18 años con el cordón eléctrico de la maquina de escribir que había solicitado para redactar sus memorias.
Lo que se quiere conseguir con el actual modelo de prevención, sanción y rehabilitación de los delincuentes es el control del sujeto infractor de ley cuando lo que se debe ofrecer son las alternativas para la prevención de las conductas trasgresoras y las oportunidades para la rehabilitación de quienes han sido compelidos a ellas. No se trata tanto de rehabilitar al sujeto para que aprenda y asuma nuevos comportamientos como de rehabilitar a las instituciones a cargo de ellos para que sean capaces de producir y ofrecer oportunidades reales, plausibles y creíbles, tanto para los sujetos de sus acciones como para la sociedad, de satisfacer las necesidades y gratificar los deseos de aquellos, de suplir las carencias de igual manera como lo hacen las actividad delictivas, se trata de restituirle al sujeto – de rehabilitarle- las oportunidades que no tuvo cuando fue compelido a delinquir para satisfacerse o gratificarse.
La nueva remisión de los niños malos para quienes no encuentra ni se imaginan ni lugares ni procesos que le sean apropiados a sus dos características jurídicas, es decir que no delinquen pero sí transgreden derechos de otros, la nueva remisión es la farmacológica, la cual sólo procede si se hace una diagnóstico clínico adecuado, es decir que describa y explique una conducta, así como prescriba un tratamiento clínicamente disponible. La conducta de los niños malos sería el resultado de una enfermedad que se llama síndrome de «desregulación emocional severa», emparentada con el estado «border line» -trastorno límite de la personalidad entre la neurosis y la psicosis– y el déficit atencional hiperactivo, la cual se trata con clozapina, un neuroléptico de uso en el tratamiento de la esquizofrenia. En breve, los niños malos son reducidos a la condición de enfermos mentales. Y claro bien puede suceder que algún niño malo corresponda a este tipo de enfermedad o desorden mental, pero eso no permite universalizar la explicación a todos o la mayoría de las conductas inaceptables -delictivas o no- de los niños y adolescentes carenciados y menos aún intervenirlos desde esa perspectiva y manera.
La identificación de las carencias efectivas de los niños y adolescentes en problemas, sean estas de carácter económico y social, como lo son la mayoría de ellas, sean carencias afectivas, sexuales, cognitivas, identitarias, de personalidad, de reconocimiento y respeto, etc. asociadas o no con aquellas, exigen una interpretación e intervención específica para cada caso y no la reducción de aquellas, las principales y detonantes, a estas. Ya que esta manera de tratar el asunto de la delincuencia -política y estrategia- pretende eludir la cuestión central de producir y ofertar oportunidades económicas y sociales tales como empleo, recursos para emprendimiento, asistencia técnica, becas, capacitaciones, etc. a cambio de reducir las intervenciones a tratar desordenes mentales, carencia de habilidades para la vida, de habilidades sociales, déficit atencional, control de impulsos, etc. Las cuales son necesarias, pero que de nada sirven si no se resuelven las circunstancias y contextos económicos y sociales carenciales que han hecho manifestarse a esos desordenes de la conducta y la personalidad.
El tema institucional no es simplemente cambiar la estructura corporativa del SENAME o de Gendarmería, ese es un trámite burocrático. Antes se debe interpretar y comprender la situación en referencia desde una perspectiva de principios, en este caso del irrestricto respeto a los derechos humanos, para luego diseñar e implementar las modalidad de intervención que tengan por eje al pacto entre al sujeto en riesgo o trasgresor y a la sociedad representada por el Estado y sus instituciones especializadas, eso es la política como voluntad colectiva.
Lo tenue y efímero de la construcción mediática de la realidad hace que la violación y asesinato de una niña de cinco años hagan desaparecer a los niños malos de la representación social de la seguridad ciudadana. Entonces, ahora electoral e inútilmente debatimos sobre la pena de muerte, cuyo restablecimiento es pedido circunspectamente tanto por sectores de la derecha como por enardecidos grupos populares en los medios de comunicación.
*Ibán de Rementería, Corporación Ciudadanía y Justicia.
