Sebastián Piñera ha asumido como Presidente. El terremoto, y la reconstrucción, objetivo este último que todos compartimos, pero sobre cuyos contenidos y estrategias para alcanzarla existe aún gran incertidumbre, han concentrado, por razones obvias, el debate político posterior al 11 de marzo.
El debate también se ha centrado en el marcado sello empresarial de quienes fueron invitados por Piñera para formar parte de su gabinete y para encabezar las regiones. Los cuestionamientos hechos al respecto, que por cierto comparto, dicen relación con los evidentes conflictos de interés que tales autoridades, lo mismo que el propio Presidente – que aún no se deshace de sus acciones en LAN- tendrán a la hora de desarrollar funciones gubernamentales, teniendo presente la participación en empresas o las vinculaciones comerciales que, directamente, o a través de sus familiares, mantienen hasta la fecha.
Poco se ha señalado, sin embargo, sobre el sello marcadamente monoétnico y monocultural que Piñera está dando a su gobierno a través de sus nombramientos, y sobre los peligros que ello encierra desde la perspectiva de los derechos humanos, así como también para la convivencia social en el país.
No se trata, como sabemos, de un fenómeno nuevo. Los sectores étnica y culturalmente diferenciados en Chile, representados por los pueblos originarios, y en forma creciente, por la población de origen indígena y afrodescendiente proveniente de otros países de la región, han estado históricamente excluidos de las esferas de decisión, incluyendo tanto la esfera pública como la privada. Los déficits que en esta materia tuvieron los gobiernos de la Concertación son manifiestos. La participación de los pueblos originarios en las instancias de decisión pública -ejecutivo, legislativo y judicial- mas allá de aquellas instancias encargadas de las políticas sectoriales que les conciernen, fue prácticamente nula.
[cita]Igualmente grave, se trata de un gobierno monocultural, cuyas autoridades provienen todas de los mismos barrios. [/cita]
Aún cuando no se trata entonces de un fenómeno nuevo, este se ve hoy claramente profundizado. Los nombramientos hechos por Piñera a la fecha, en particular para integrar su gabinete ministerial, no solo no consideran la participación de personas de los sectores étnica y culturalmente excluidos antes referidos, sino que tampoco de personas de origen mestizo, las que como sabemos, conforman gran parte la población chilena. Se trata, como las fotos lo revelan brutalmente, de un gobierno monoétnico dominado por personas blancas, de origen europeo, que como sabemos, conforman las capas sociales más altas del país.
Igualmente grave, se trata de un gobierno monocultural, cuyas autoridades provienen todas de los mismos barrios (digo barrios en plural pensando que Las Condes, Vitacura y La Dehesa puedan ser considerados, para estos efectos, como barrios distintos), de los mismos colegios, las mismas universidades, las mismas religiones – y dentro de ellas, las mismas recalcitrantes órdenes-, todas ellas marcadas por los prejuicios etnoculturales que han hecho del nuestro uno de los países mas racistas de América Latina.
Se trata de una situación que no hubiese llamado la atención en el Chile del siglo XIX, pero que en los albores del siglo XXI, constituye un hecho inaceptable para una democracia supuestamente “moderna”.
El sello monoétnico y monocultural que Piñera está dando a su gestión resulta contradictorio con los postulados de su propio programa de gobierno, en el que se afirma que “…uno de los grandes activos del país es su riqueza multicultural”.
Más grave aún, este vulnera compromisos contraídos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos a través de la ratificación de diversos tratados internacionales. Así, por ejemplo, a través de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de la ONU, el Estado chileno, junto con condenar la discriminación racial, se comprometió “…a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas…” (artículo 2.1). Mediante la Convención de Diversidad Cultural también de la ONU, el Estado se comprometió a “…adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales” (artículo 6.1). Además, mediante el Convenio N° 169 de la OIT recientemente ratificado, el Estado de Chile se obligó a garantizar a los pueblos indígenas el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación (artículo 3.1), y a establecer los medios para que estos puedan participar “…por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos…” (artículo 6.1.b).
El carácter racista de los nombramientos presidenciales desoye además los informes emanados de diversas instancias de derechos humanos de Naciones Unidas, incluyendo entre ellas el Consejo de Derechos Humanos que Chile integra, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y la Relatoría Especial de Derechos Indígenas. Tales instancias manifestaron el 2009 su preocupación por el tratamiento discriminatorio de los pueblos indígenas y de los migrantes por parte del Estado, recomendando a Chile la adopción de medidas administrativas y legislativas para garantizar sus derechos humanos, entre ellos derechos como la participación política.
El mensaje que Piñera da en este sentido al iniciar su mandato, por último, es preocupante para la convivencia social en el país, ya que como sabemos, la exclusión política, económica y social de la que los pueblos indígenas han sido objeto, ha generado en el sur de Chile, conflictos entre el pueblo mapuche, inversionistas privados y el Estado en los últimos años, con graves consecuencias para todos los sectores involucrados, en especial para los primeros. No hay que ser un analista político para concluir que, en la medida en que los sectores étnica y culturalmente discriminados no estén invitados a participar en las instancias públicas en que se toman decisiones sobre el futuro del país, la legitimidad que el Estado chileno va a tener frente a ellos va a ser precaria, y por lo mismo, las posibilidades de conflictividad interétnica, mayores.
