La política, las estrategias y las acciones de prevención y control del delito aparecen entonces como los resultados de “dar palos de ciego”.
La última encuesta de victimización realizada por el Ministerio del Interior y el INE señala que la delincuencia sigue disminuyendo en el país, en un 25% entre el 2003 y 2009, lo cual ha sido corroborado por la encuesta de victimización de la Fundación Paz Ciudadana, esto pone al país entre los más seguros del mundo, esos indicadores han dejado muy alta la vara sobre el asunto de la seguridad ciudadana para el Gobierno del Presidente Piñera.
Las medidas más importantes propuestas por el Gobierno para responder a ese desafío han sido: la propuesta de una defensoría de las víctimas, vieja iniciativa del senador Espina, que tienen fuerte oposición de los expertos y magistrados; la replicación de los tribunales de drogas por todo el país; la propuesta de un sistema de justicia vecinal, vieja iniciativa del Gobierno de la Unidad Popular cuando el ex senador y ex ministro Viera Gallo era Subsecretario de Justicia de ese Gobierno; así como el control electrónico mediante brazaletes para la algunos casos detención preventiva; un registro nacional público de sancionados por delitos de pedofília, y; claro está, aumentar el contingente policial en 10 mil carabineros.
En prevención y control de drogas la única medida conocida es la ampliación de la capacidad de atención a personas que tienen problemas con su consumo de 13 mil a 44 mil plazas, y claro está, de un fuerte discurso insistiendo en que se aplicará todo el rigor de la ley a los narcotraficantes.
[cita]La política, las estrategias y las acciones de prevención y control del delito aparecen entonces como los resultados de “dar palos de ciego”.[/cita]
El asunto de la seguridad ciudadana no es cualquier tema para la derecha chilena, de igual manera que la Concertación con la denuncia de las graves trasgresiones a los derecho humanos logró delimitar su diferencia con la dictadura militar y la derecha política que la apoyó y defendió –UDI y RN-, la Alianza con el tema de la seguridad ciudadana y las drogas ha logrado delimitar su diferencia con el proyecto político y social de la Concertación, como bien sabemos diferenciar los proyectos económicos de ambos conglomerados es difícil.
Mientras los proyectos legislativos relativos a la seguridad ciudadana siguen su curso y se implementan los que sólo dependen de iniciativas administrativas, el Gobierno ha iniciado una ofensiva policial de alta estridencia mediática que en estos 100 días han ejecutado 1.230 redadas en “barrios críticos”, donde el más intervenido ha sido el famoso Barrio Bellavista de Santiago y la sugerente manzana 666 de Viña del Mar, los resultados ha sido 6.122 detenidos de los cuales 4.054, el 66,2%, lo fueron por infracciones a la ley de drogas y sólo 184, el 3%, por porte de armas.
Es al menos sorprendente que ante la sostenida y consistente disminución de la victimización, que es el mejor indicador de la situación de la delincuencia que afecta al país, el jefe de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaria del Interior, Jorge Nazer, diga que: «hasta ahora no existe un indicador exacto que nos pueda explicar cuál es la razón del descenso. Esto quiere decir que sabemos que hay un indicador bueno, pero no tenemos una herramienta que nos señale qué acción o política deberíamos focalizar para generalizar el resultado».
En los seis años que van entre el 2003 y el 2009 la delincuencia que afecta a los hogares ha caído en casi un 22% y la que perjudicó a las personas en más de un 25%, dado que durante todo ese tiempo esa disminución ha sido sostenida y consistente resulta sorprendente que ni las autoridades ni los expertos puedan dar una explicación sobre cuales fueron las acciones que han llevado a tan buenos resultados, que obviamente, por no sabidas no son un éxito y por lo mismo no replicables. La política, las estrategias y las acciones de prevención y control del delito aparecen entonces como los resultados de “dar palos de ciego” lo cual es, además de peligroso, inaceptable para una tan cacareada “política de Estado” contra la delincuencia – sin ideologías ni color político partidista-, siendo este un asunto público que está entre las primeras preocupaciones de la opinión pública, solo por debajo de la preocupación por la pobreza que es la primera.
La relación entre uso de drogas y conductas delictivas parte de la afirmación equívoca según la cual el 70% de quienes delinquen lo hacen bajo el efecto de las drogas o que el 70% de quienes usan drogas delinquen, poblaciones sobre las cuales no se ha hecho ningún estudio conocido, ya que el realizado por Paz Ciudadana sólo se refiere a los detenidos en flagrancia. Por la validación de ese equívoco, se ha aplicado experimentalmente la experiencia estadounidense de los tribunales de drogas y ahora se propone generalizarlo, esta práctica permite suspender el procedimiento penal, cuando se trata de un delito menor, si el hechor acepta someterse a un tratamiento de drogas. Esto de suyo es positivo pero en ningún caso disminuirá la delincuencia.
El principal objetivo de los tribunales de drogas es disminuir la reincidencia entre aquellos que han delinquido y hacen uso de esas sustancias. Según Paz Ciudadana, los resultados obtenidos por su aplicación en Chile, indican que el 24% de quienes egresaron de esos tribunales volvieron a cometer algún delito, no obstante los estudios sistemáticos sobre reincidencia realizados por UNICRIM de la Gendarmería señalan que sólo el 8,3% de quienes cumplieron sus penas en el medio libre reincidieron, grupo comparable por tratarse de delitos menores. Por lo tanto esos resultados son de dudoso éxito.
En el asunto de las drogas según los estudios del CONACE el indicador más importante señala que 75% de quienes ha hecho uso de ellas abandonan su consumo, a diferencia de sólo el 13% alcohol y 45% en tabaco. Resulta curioso que no existan estudios sistemáticos de por qué la gente abandona el consumo de las drogas, ese es un saber de la mayor importancia ¿o es que no se quiere saber?
Triplicar la capacidad de atención a las personas con problemas de drogas no va aumentar la demanda por esos servicios si estos siguen condicionados a la abstinencia de su uso, de igual manera que lo prioritario ante quienes usan drogas y delinquen es ofrecerles oportunidades para que no tengan que delinquir y no obligarlos a la abstinencia, como lo ha mostrado la exitosa experiencia europea.
El señor ministro del Interior en entrevista publicada hace un tiempo en un periódico de provincia afirmaba que: “Hace 10 años Chile tenía 100 mil consumidores de droga; hoy existen cerca de 600 mil y solamente tenemos 12 mil cupos para rehabilitar personas”, el Ministro afirma entonces que los consumidores de drogas se han multiplicado por seis en diez años, lo cual sería un hecho muy grave. No obstante, según los Estudios Nacional de Drogas que se realizan el CONACE cada dos años desde 1994, cuyos datos sobre el consumo anual señalan que en el año 2000 unas 614.612 personas usaron marihuana, pasta o clorhidrato de cocaína – donde más del 72% de los consumos lo fueron de marihuana-, y que de ellas solo unas 174.658 eran dependendientes de aquellas sustancias, según el último estudio del CONACE en el año 2008 el número de personas que las consumió en el último año se elevó a 796.963– donde más del 76% de los consumos lo han sido de marihuana- de las cuales 229.776 serían dependientes de aquellas, por lo tanto según las cifras oficiales el crecimiento de la población que hace consumos problemáticos de drogas sólo habría sido de un 29,7% en ocho años, y esta población sólo sería el 2,6% de la población nacional entre 12 y 64 años. Creo que es de prudencia política que el señor Ministro revise las cifras del CONACE, que es una institución que depende de su Ministerio, antes de hacer declaraciones tan alarmantes.
Recientemente el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter se ha ido de “vitrineo” a Nueva York en busca de los mejores métodos antidelincuencia, lo ha hecho acompañado por Jorge Nazer, jefe de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaria del Interior, el mismo que dice no saber porque la delincuencia ha disminuido en un 25% en los últimos seis años. Aquí Chile el 11,6% de las personas ha sido víctima de algún delito, según la ONU entre los países desarrollados esta llega al 15,7%, por eso nuestra seguridad ciudadana es una de las mejores del mundo. Antes de ir a vitrinear por otros países a conocer las buenas prácticas para prevenir y controlar la delincuencia sería bueno saber que fue lo que aquí se hizo bien para disminuir la delincuencia y como continuar haciéndolo. ¿O tampoco esto se quiere saber?
Finalmente, la interesante propuesta de justicia vecinal hecha por el Presidente de la República no ha merecido ningún cometario ni de los políticos ni de los expertos, tampoco se ha informado como se va implementar su aplicación en los barrios. Entretanto el senador Espina ha propuesto que las policías recuperen la iniciativa en la persecución del delito, que la reforma procesal penal ha dejado a los fiscales, lo que es una forma encubierta de reinstalar la detención por sospecha.
