Lamentablemente, el gobierno de Sebastián Piñera ha sido muy consistente. Luego de casi seis meses en el poder, aun no sabe distinguir entre Sebastián Piñera y la institución republicana de la Presidencia, entre lo público y lo privado. En lo grande (Chilevisión), en lo turístico (los viajes a Sudáfrica), y hasta en lo farandulero (Kramer), se ha notado una incapacidad, o falta de voluntad, de reconocer que lo público es un espacio distinto que se rige con otras reglas.
Observar los traspiés comunicacionales del gobierno es como ver un accidente de tránsito en cámara lenta. Es fascinante, trágico, a veces incluso puede ser cómico, pero aún así no produce placer porque se sabe que a alguien o algo le hará daño. En este caso, o al ministro en cuestión, o a los ciudadanos, o a las instituciones republicanas.
Eso es lo que ha ocurrido en estos días con el affaire Kramer. Puede ser que Kramer haya dañado la imagen del Presidente. Puede ser que se le haya pasado la mano. ¿Quién sabe? Pero la reacción desproporcionada del gobierno desprestigió y empequeñeció la institución de la Presidencia. Es una confusión entre la persona privada y el cargo público.
En esto, lamentablemente, el gobierno de Sebastián Piñera ha sido muy consistente. Luego de casi seis meses en el poder, aun no sabe distinguir entre Sebastián Piñera y la institución republicana de la Presidencia, entre lo público y lo privado. En lo grande (Chilevisión), en lo turístico (los viajes a Sudáfrica), y hasta en lo farandulero (Kramer), se ha notado una incapacidad, o falta de voluntad, de reconocer que lo público es un espacio distinto que se rige con otras reglas. Hace décadas Habermas nos advirtió que la esfera pública estaba en peligro, si es que ya no había desaparecido. Entre otros factores amenazantes que identificaba Habermas estaba el consumismo, y sin duda la confusión imperante en este momento surge en parte de una visión del ciudadano como consumidor.
[cita]Alguien dijo alguna vez que Chile era un mall con espíritu de convento. Evitemos que las reformas propuestas conviertan a las universidades en malls con espíritu de consultoras.[/cita]
El actual Ministro de Educación alguna vez planteó la hipótesis de que el consumismo sería una fuerza para la democratización y empoderamiento de los chilenos. Una visita de fin de semana a cualquier mall del barrio alto hace difícil refutar que el consumismo ha traído una democratización social que hace una generación hubiera sido impensable en Chile. Pero hay dos problemas. Primero, hablar de ciudadano como consumidor significa reemplazar la democracia con el mercado. Terreno pantanoso. Y segundo, ¿es un mall un espacio público o privado? No hay más que darse cuenta que los que mantienen la seguridad y orden no son los carabineros, sino que empresas privadas de seguridad.
La misma indefinición ideologizada se manifiesta en la educación, y especialmente en el debate que ha surgido respecto a la educación superior. Un columnista de un influyente periódico, utilizando un doublespeak levantado directamente de Orwell, trató de convencernos hace unas semanas que las universidades privadas en realidad son públicas porque hacen publicidad, la investigación que realizan es pública (¿?) y aceptan miembros del público (como un supermercado o un mall). Las propuestas para reformar el sistema de educación superior sufren de la misma confusión al sostener, por ejemplo, que el financiamiento de las universidades públicas debe ir acompañado por convenios de desempeño. Lo anterior es desconocer que la educación pública se financia porque la sociedad ha determinado que la educación es un derecho y su provisión un deber del Estado, y como tal no debe estar sujeto a ventajas o desventajas económicas. En este sentido, vincular financiamiento a convenios de desempeño es convertir las universidades públicas en consultoras.
Pero quejarse del financiamiento que el gobierno está dispuesto a darle a la educación es ignorar también todo un legado de baja e inadecuada inversión. Si bien en Chile se habla de cuánto la Concertación aumentó el gasto en educación (con los resultados que todos conocemos), en 2007 el gasto público en educación era 3.3% del PIB, más bajo que países como México e India. Pero este bajísimo nivel es ‘subvencionado’ por el gasto privado, que afecta un porcentaje muy pequeño de la población estudiantil. Ocurre algo parecido en el financiamiento de la educación universitaria. Habiendo entrado con bombos y platillos al ‘club de los ricos’, después de cuatro gobiernos de la Concertación, lo que gasta el Estado en educación superior (en términos reales) es la mitad del promedio de lo que gastan los países de la OCDE. Es solamente el gasto privado que permite que Chile llegue a niveles comparables con los otros ‘ricos’.
Nada de esto desmiente lo que ya todos reconocen: las universidades necesitan reformas. La Universidad de Chile no merece ningún trato especial, pero como universidad pública, sí merece ser parte de un gran esfuerzo por parte de la sociedad chilena por restablecer su compromiso con la educación pública, meta que se ve cada día más lejos cuando se confunde lo público y lo privado. Las empresas públicas no tienen el mismo propósito que las empresas privadas. Y las empresas privadas – sean supermercados o aquellas que otorgan servicios educacionales – tienen otros objetivos que las públicas. Está bien que así sea, pero no nos confundamos.
Alguien dijo alguna vez que Chile era un mall con espíritu de convento. Evitemos que las reformas propuestas conviertan a las universidades en malls con espíritu de consultoras.
