Señor Director:
Preocupantes son los comentarios que hiciera, en una entrevista radial, la intendenta de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, en relación a la huelga de hambre que están llevando a cabo 33 mujeres –ad portas de perder su fuente de trabajo- en el interior de la mina el Chiflón del Diablo en Lota.
Allí la Intendenta rechazó el movimiento de estas mujeres ya que, en sus palabras, “detrás de ellas se fomenta esta situación por actores políticos”, aludiendo al apoyo que les entregaran algunos funcionarios de la Municipalidad de Lota: en particular, el jefe de gabinete del alcalde y presidente del MAS en la región, Vasili Carrillo.
Son dos aspectos los que más inquietan respecto de esta declaración. En primer lugar, la noción de lo político. Desde la década de 1950 en adelante ha habido en Chile un creciente interés por parte de algunos actores quienes, desde una posición claramente política, han buscado su desprestigio, concibiéndola como un campo de conflicto que impediría –como afirmara la misma intendenta- “el avance”.
Este tipo de argumentos conlleva altos grados de peligrosidad: toda vez que han servido para justificar el ejercicio desmedido de la violencia por parte del Estado, eliminando la posibilidad de un espacio de discusión en que las diversas posiciones que coexisten en la sociedad puedan expresarse y debatir.
Más alarmante aún resulta la presunción que se desprende de las palabras de la intendenta: que las mujeres que participan en este movimiento lo habrían hecho por mero influjo de otros –hombres- que perseguirían intereses que les serían ajenos a ellas. Esta posición, además de desconocer las denuncias que hacen las mujeres (quedarse sin una fuente de trabajo en una región sumida en altos niveles de precariedad por la escasez de fuentes laborales), las condena a una condición de víctimas sometidas al arbitrio de aquéllos que sí tendrían conciencia política.
La gravedad que reviste este tipo de miradas es que desconociendo el protagonismo que históricamente han desarrollado las mujeres, retrotrae a un momento en que las concepciones patriarcales se habían constituido en hegemónicas, estableciendo que el ámbito en el que ellas debían desenvolverse es el de la familia y el hogar, por su incapacidad de tomar decisiones en un espacio que correspondería a otros. Negar a las mujeres su condición de actores políticos es ejercer violencia no sólo desde el Estado, en este caso la intendenta, sino también revitalizar las tan atávicas violencias de género.
Consuelo Figueroa
Escuela de Historia Universidad Diego Portales
