La Ley de Subvención Escolar Preferencial –ley SEP que también adjuntamos- ha terminado siendo otra oportunidad de negocios en educación. Que lo desmientan las famosas “AT” (Asesorías Técnicas). Lo sabíamos; pero no conocíamos que la ley SEP también era una burda oportunidad de los ediles para fines pequeños al lado del gran fin de entregar una educación de calidad a los más vulnerables del país.
La Contraloría General de la República, mediante informes emanados de investigaciones especiales hechas a las municipalidades de San Miguel, San Bernardo, y Pudahuel, ha determinado el mal uso de dineros públicos destinados a escuelas que reciben a los estudiantes más pobres y vulnerables de cada comuna.
Son los recursos de la famosa Ley de Subvención Escolar Preferencial.
Como se puede ver en los informes de Contraloría que adjuntamos, desde el año 2008, de los más de 5 mil millones que recibió la comuna de San Bernardo para mejorar la calidad de la educación que reciben los más pobres, 2861 millones fueron destinados a fines completamente distintos. En la comuna de San Miguel, de los 249 millones recibidos, 212 fueron depositados en fondos mutuos; y en la comuna de Pudahuel, de los 1.700 millones recibidos, 918 millones fueron usados para pagar deudas o sueldos impagos de toda la municipalidad.
Obviamente la duda se siembra sobre todos los municipios. ¿Cuántos municipios pueden demostrar que han gastado correctamente los recursos destinados a los escolares más pobres?, ¿dónde, en qué municipio, no se está hipotecando la calidad de la educación de los más pobres?, ¿cuántos miles de millones han sido mal gastados por alcaldes o corporaciones ignorantes?
No es difícil imaginar que Chile debe ser uno de los pocos países en los que la educación pública no ha sido tomada en serio como se merece. Dicho de otra manera, debe ser uno de los pocos países en los que la educación pública, teniendo la solución a la mano, no ha sido abordada cómo se debe: desde la masacre de la dictadura que decretó la municipalización hasta el informe “Beyer 2011” que no hace sino cambiar de traje al mismo muerto, amparado ahora sí, por los mismos de siempre de la Concertación y de las universidades privadas. Todos los entendemos: hacen muy bien su pega, representan intereses compartidos y operan efectiva y eficazmente. Es la derecha educativa.
El caso es por qué Chile no se da para sí una educación pública de calidad a pesar de la derecha educativa. Por qué Chile –si las evidencias son enormes- no deja el mercado y sus lógicas para la producción de zapatos, y entrega la educación a un sistema justo, solidario, equitativo e integrado, fuera de las manos invisibles de Smith.
[cita]Cuando le preguntaron al Subsecretario de Educación por estas irregularidades, miró las cámaras, cara de sorpresa, titubeando, girando los ojos de derredor como esos dibujos de Pixar y dijo dificultoso: “si hay malversación lo tendrá que determinar la Contraloría” ¿La Contraloría otra vez? ¿No será la Justicia?[/cita]
La Ley de Subvención Escolar Preferencial –ley SEP que también adjuntamos- ha terminado siendo otra oportunidad de negocios en educación. Que lo desmientan las famosas “AT” (Asesorías Técnicas). Lo sabíamos; pero no conocíamos que la ley SEP también era una burda oportunidad de los ediles para fines pequeños al lado del gran fin de entregar una educación de calidad a los más vulnerables del país.
¿Generalizo? Tal vez sería bueno que el Ministro de Educación junto al Contralor General de la República lideraran una campaña para investigar a todos los municipios del país respecto al uso de la Ley SEP.
Cuando le preguntaron al Subsecretario de Educación por estas irregularidades, miró las cámaras, cara de sorpresa, titubeando, girando los ojos de derredor como esos dibujos de Pixar y dijo dificultoso: “si hay malversación lo tendrá que determinar la Contraloría” ¿La Contraloría otra vez? ¿No será la Justicia?
En cambio “Johnny”, Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel, dijo sin problemas, cara de palo, pícaro, la usé en otra cosa pero la devolví, acá está el comprobante. Según Julio Palestro, alcalde de San Miguel, hizo lo que hizo para proteger precisamente a los más pobres de la comuna, pues sufría su municipio de un embargo bancario. Y en San Bernardo fue lo más increíble y prácticamente le dijeron al periodista Elías Sánchez, de Canal 13: hemos superado los niveles de educación en un 100%, el resto de los recursos sobró y por ello los hemos usado en otros fines, lo de la Contraloría es una cuestión meramente administrativa.
Termino diciendo que el último gran golpe que le están dando a la educación pública -después de esta absurda idea de la municipalización que hoy lleva a la derecha educativa a cambiar su institucionalidad según el informe “Beyer 2011”- es un golpe sutil, uno semántico, pues sí, semántico, del que no nos habíamos percatado con toda justeza.
He aquí la transformación semántica que pretenden: para la derecha educativa la educación pública es simplemente toda educación que recibe financiamiento público; vale decir, incluyen en el nuevo significado, no sólo a las escuelas municipales (propiamente públicas), sino que también a todos los colegios que administrados por privados, reciben subvención estatal. ¿Los colegios que lucran? Sí. Toda esa red de colegios particulares. Y además por si acaso, ya tienen la fórmula a todo tipo de problemas que pudiesen aparecer: para regular los colegios particulares subvencionados han creado un verdadero SERNAC educativo, la llamada Superintendencia de Educación que se comienza a votar en el Congreso.
Alfa y Omega de muestra. El primer día de su mandato, el Ministro Joaquín Lavín dio su primera entrevista televisiva al Canal 24 Horas y dijo exactamente esto: “Hay un cierto consenso de que lo más importante que tiene que hacer Chile ahora, si de verdad quiere ser un país desarrollado, es mejorar la calidad de la educación; y estamos hablando especialmente de la calidad de la educación básica y media, y dentro de eso, de lo que llamamos la educación pública, la educación con financiamiento público, es decir, tanto la municipal como la particular subvencionada: ahí es donde hay que hacer el énfasis de la calidad”. Recién, hace un par de semanas, en El Mercurio, José Joaquín Brunner se preguntaba “¿Qué sentido tiene definir la educación pública como aquella provista exclusivamente por colegios municipales, excluyendo a más de la mitad de los alumnos que se educan en colegios financiados por el Estado, pero de propiedad y gestión privadas?” Su respuesta, categórica: ninguno. He aquí el alfa y el omega.
Para rematar Brunner ha agregado en el decano y sin desparpajo alguno que “las políticas y regulaciones estatales deben asegurar, en lo esencial, la calidad de la provisión, con independencia del proveedor, y financiar esa educación de igual calidad para todos, también con prescindencia de la naturaleza del sostenedor”.
Lo bizantino de todos estos argumentos no se tragan ni con el mejor single malt. Qué decir de los municipios.
