La reciente incorporación del ex fiscal Alejandro Peña como jefe de la división de estudios de la Subsecretaría de Interior parece confirmar la estrategia que lleva adelante Hinzpeter por transformar el incómodo rol político del ministerio a su cargo en una cartera más o menos técnica y ligada a la seguridad pública.
Lejos de cerrarse el conflicto entre RN y la UDI -gatillado por el affaire Van Rysselberghe y que entre otras cosas evidenció la compleja crisis de gobernabilidad en el oficialismo- los problemas de desafección en la Alianza no parecen terminar y se desplazan ahora hacia otro foco recurrente: la gestión del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Los planteamientos del Senador Víctor Pérez ¾que si bien no fueron explícitamente respaldados por la UDI, pero tampoco fueron rechazados¾ acerca del déficit de gestión política del Ministro no hacen sino poner sobre la mesa un manto de dudas acerca de lo riesgoso que está resultando la agenda personal de Hinzpeter. El blindaje de RN -la foto con el jefe de bancada Cristián Mönckeberg y la diputada Sabat o la intervención del senador Carlos Larraín sobre la “propiedad de la intendencia del Bío Bío”– tampoco fueron suficientes para desviar la crítica de fondo. Se acusa vacío de conducción política por parte del Secretario de Estado que sería atribuible al intento por posicionar y priorizar en la opinión pública de manera casi exclusiva los temas del orden público y seguridad ¾que rinden más desde el punto de vista electoral y personal¾ por sobre él siempre desgastante trabajo de coordinación y conducción política propio y privativo de esa cartera.
[cita]Buena parte de los análisis coinciden en el diagnóstico de despolitización de las decisiones del gobierno, de allí que para darle viabilidad política y no solo técnica a las propuestas de reforma en las que está empeñada La Moneda se requiera de articuladores con capacidad para garantizar acuerdos políticos.[/cita]
Esta ha sido históricamente la principal preocupación de los ministros del Interior en Chile. Originalmente, y a lo largo de nuestra historia republicana, la función del ministro del Interior ha sido la de jefe político del gabinete. Antonio Varas, el álter ego de Hinzpeter, se destacó como el gestor político del decenio de gobierno del Presidente Montt. Esta faceta, sin embargo, ha sido más bien episódica en la gestión de Hinzpeter, y cuando ha ocurrido, ha estado más próxima a la actuación como abogado litigante que como constructor de acuerdos que expresó, por ejemplo, Enrique Krauss durante los primeros años de la transición o de la capacidad de reacción de Insulza en su gestión en los tiempos del Presidente Lagos. El caso del acusado joven pakistaní, el caso bombas, o el informe en derecho que elaboró junto a su colega el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, que aconsejaron “optar por el camino de la investigación y resolución fundada” en el caso de JVR, muestran lo que ha sido su sello en el gabinete. Dicho informe respaldó la mantención en el cargo de la ex intendenta lo que no sólo tensionó por más de dos meses la relaciones en el oficialismo, sino que de paso invisibilizó lo que sería el “súper marzo” del gobierno en materia de anuncios sociales.
Los hechos muestran que la apuesta de Hinzpeter ha estado más centrada en una agenda sectorial de la cartera a su cargo y cuya preocupación prioritaria está en los temas de seguridad ciudadana. La reciente incorporación del ex fiscal Alejandro Peña como jefe de la división de estudios de la Subsecretaría de Interior parece confirmar la estrategia que lleva adelante Hinzpeter por transformar el incómodo rol político del ministerio a su cargo en una cartera más o menos técnica y ligada a la seguridad pública.
Todo esto deja planteado, en el caso del Ministro del Interior, un juego de competencias y de rol que oscila entre ser el ministro de la seguridad pública -una función con características cada vez más técnicas, pese a que siempre tendrá un rol político ya que encarar la seguridad pública es un tema finalmente político, que tiene que ver con la visión sobre el uso de la fuerza y sus límites, el respeto de los derechos individuales, la forma de garantizar derechos, de prevenir delitos, etcétera- y la función de ministro político, que lleva adelante las negociaciones y los temas políticos del gobierno.
Buena parte de los análisis coinciden en el diagnóstico de despolitización de las decisiones del gobierno, de allí que para darle viabilidad política y no solo técnica a las propuestas de reforma en las que está empeñada La Moneda se requiera de articuladores con capacidad para garantizar acuerdos políticos. De lo que se trata es de hacer que esos acuerdos posibles sean cada vez mejores, y que así sean percibidos por la sociedad. Aquí radicaría el gran desafió de gestión política para el Ministro Hinzpeter.
