El debate sobre el subsidio al empleo, que contará con un fondo aproximado de 400 millones de dólares al año, debe ser también un debate sobre las empresas que Chile necesita. La privatización de los bienes públicos no puede continuar haciéndose a favor de algunos y en detrimento de todos.
En los próximos meses se abrirá el debate sobre la segunda parte del programa de superación de la pobreza recientemente impulsado por el gobierno. Uno de los principales objetivos consistirá en complementar el Ingreso Ético Familiar (condicionado) con un Subsidio al Empleo. Los expertos nacionales explican que se trata de una receta para aumentar los ingresos de los trabajadores pobres, que tiene la ventaja de no incrementar la relación de dependencia de los trabajadores con el Estado.
Sin embargo, lo que se presenta transversalmente como un mecanismo profundamente razonable y de sentido común, esconde una política pública de doble estándar.
¿En qué consiste el subsidio al empleo? De manera general, se trata de una transferencia económica del Estado a los trabajadores. Esta transferencia corresponde a un porcentaje de su sueldo. En muchos casos, una parte de este subsidio lo recibe directamente el empleador. En Chile, un ejemplo de este mecanismo se encuentra en el programa Subsidio al Empleo Joven. En este programa, los jóvenes (entre 18 y 25 años) pertenecientes al 40% más pobre de la población pueden recibir una transferencia de hasta 20 % de su salario, y los empleadores un monto de hasta 10%. Los requisitos para acceder al subsidio tienen que ver con la edad, con el nivel de ingreso y, recientemente, con la obtención de la licencia de enseñanza media de los trabajadores. A las empresas se les exige no recibir más de 50% de aporte Estatal y respetar la ley, es decir, en particular, pagar las cotizaciones obligatorias de pensión y salud. Las incitaciones implementadas en este subsidio apuntan a aumentar la empleabilidad de los jóvenes más pobres, para así disminuir su desempleo.
[cita]El debate sobre el subsidio al empleo, que contará con un fondo aproximado de 400 millones de dólares al año, debe ser también un debate sobre las empresas que Chile necesita. La privatización de los bienes públicos no puede continuar haciéndose a favor de algunos y en detrimento de todos.[/cita]
El subsidio al empleo aparece en esta descripción como un mecanismo virtuoso para la superación de la pobreza pues combina la inversión del Estado y el emprendimiento privado. Sin embargo, ni las autoridades, ni la prensa, evocan una dimensión importante de este mecanismo, a saber, que el subsidio al empleo es al mismo tiempo un subsidio al trabajo. La diferencia puede parecer sutil, pero tiene implicaciones importantes.
En su origen, con el término “empleo” se designaba a la parte del trabajo realizado por la población activa de un país. La creciente individualización de los fenómenos sociales que promueve el enfoque neoliberal nos lleva hoy en día a hablar de la empleabilidad de las personas. Así, hoy, cuando se habla de empleo, el foco apunta a los individuos y a su capacidad de integrarse, como empleados, en la actividad económica. En revancha, cuando se habla de trabajo, el foco apunta a un recurso que es necesario a la producción y del cual las empresas dependen: la actividad de los trabajadores.
La distinción es importante pues no es el empleo el que regula las relaciones entre las empresas y los individuos, sino el trabajo. No es la empleabilidad individual la que está en el centro de las desigualdades, sino la diferencia (de valor, de imposición fiscal, de distribución) entre el “capital” y el “capital de trabajo”, es decir, los trabajadores.
Por eso, el hecho de que el subsidio sea integralmente percibido por el trabajador o que la empresa perciba una parte no cambia en nada el resultado: un subsidio al empleo es también un subsidio al trabajo. Más aun, los subsidios aumentan la empleabilidad de las personas a condición de que el costo del trabajo para la empresa se vea reducido.
Puesto que el subsidio al empleo es también un subsidio al trabajo, el Estado está en situación de exigir a las empresas igualmente el cumplimiento de ciertas condiciones. Si aplicamos el modelo dominante, las razones sobran. Por ejemplo, si el Estado subsidia el trabajo, las empresas transfieren una parte de su costo a la colectividad. Sus ganancias no serán el resultado de la competencia o de su desempeño, sino, en parte, la consecuencia de su dependencia del Estado. Por otra parte, el subsidio tiende a disminuir el valor del trabajo y, por lo tanto, organiza la superabundancia de un recurso que, con las actuales tasas de desempleo, ya es abundante. Así, las trasferencias del subsidio al trabajo pueden generar empresas asistidas, que desarrollarían una actividad de manera irresponsable, desligada de las llamadas “leyes del mercado” ¿No debería el Estado chileno evitar estos efectos condicionando las trasferencias del subsidio al trabajo?
En el Subsidio al Empleo Joven, lo único que se le exige a las empresas es no recibir más de 50% de aporte Estatal y respetar la ley (pagar las cotizaciones) ¿Por qué condicionamos la ayuda del Estado cuando se trata de individuos y, cuando se trata de empresas, nos contentamos con que estas no estén en la ilegalidad? ¿Por qué los hábitos y la cultura de los trabajadores pobres deben ser modelados con incentivos económicos, y no los hábitos y la cultura de las empresas? ¿Por qué las prácticas empresariales, aquellas de los empaquetadores, de los abusos en el multirut, de las farmacias, del crédito en las grandes tiendas y del Dicom, escapan a esta forma de regulación?
Una razón de este doble estándar tiene que ver con la cultura e ideología de quienes diseñan los subsidios. La cultura empresarial les parece normal, mientras que la cultura de los pobres les parece irresponsable, marginal. La pobreza les parece un problema conductual. Allá ellos. Pero nosotros, démonos cuenta de los efectos que tiene esta manera de representar el problema de la pobreza. Cuando se habla de subsidio al empleo, hablamos de la redistribución (a algunos) de la riqueza (de todos). Es por esto, porque existe redistribución, que el Estado se permite incluir condiciones para que los trabajadores o los pobres hagan esto o aquello. Del mismo modo – y esto es lo que los expertos callan – cuando se trata de subsidiar el trabajo, de lo que estamos hablando es de la privatización (a algunas empresas) de los bienes públicos (de todos). Nada justifica entonces que no se incluyan condiciones a este subsidio para cambiar la cultura de las empresas, para responsabilizarlas.
No parece tan complicado hacerlo. Así como todos podemos estar de acuerdo sobre el hecho de que el cuidado de la educación y la salud son comportamientos que podemos exigir a las familias más pobres, todos podemos también ponernos de acuerdo sobre los comportamientos que quisiéramos promover en las empresas. Podemos decidir que solo las PYMES reciban el subsidio. Para las empresas más grandes, podemos decidir que solo aquellas que reinvierten al menos 20% de las ganancias reciban el subsidio. Más interesante aún, podemos decidir que sólo las empresas que incluyen en su directorio a representantes (con derecho a voto) de las comunidades locales en las que están implantadas, reciban el subsidio. Formación profesional, desarrollo sustentable, investigación y desarrollo, responsabilidad social, energías renovables: los criterios solo dependen de la calidad de nuestras ambiciones colectivas.
El debate sobre el subsidio al empleo, que contará con un fondo aproximado de 400 millones de dólares al año, debe ser también un debate sobre las empresas que Chile necesita. La privatización de los bienes públicos no puede continuar haciéndose a favor de algunos y en detrimento de todos. Este debate es una oportunidad que Chile puede aprovechar para dejar de copiar los modelos exportados y comenzar a construir su propio modelo de desarrollo. La creatividad, la decisión democrática e informada, la acción local, son algunos de los verdaderos ingredientes de la receta que necesitamos.
