Señor Director:
“La mano empresarial tiene a la educación con daño estructural”. Con ese lema marchaban representantes de la FECh el pasado jueves 16 de junio.
La educación en Chile representa, en el marco educacional superior internacional, una de las más privadas del mundo. La cantidad de universidades (que por cierto también representan los aranceles más altos del mundo) que no pertenecen al estado son muy superiores a países desarrollados con los índices de mejor educación del mundo, tal como lo son sus anualidades y matrículas.
Entonces nos preguntamos ¿sirve este sistema en Chile? Si bien la cantidad de estudiantes en universidades se ha duplicado en relación a los años setenta (de dos millones a cuatro millones aproximadamente) el endeudamiento de las familias ha llegado a cantidades millonarias, sin contar que al egresar de las universidades, que en su mayoría son privadas, los profesionales y técnicos no ejercen en su área de especialización.
El sistema es injusto, pues se tienen instituciones que actúan de manera parcial respecto al estrato social al cual se proviene. La PSU que es empleada desde el año 2003 en reemplazo de la PAA, es más bien un medidor de origen socioeconómico. No es raro que los mayores porcentajes de puntajes sobre 600 puntos pertenezcan en su mayoría a educación secundaria privada, pues el sistema es tan absurdo que los jóvenes tienen que depender de un preuniversitario (preuniversitarios como el Pedro de Valdivia, que tiene el 60% de puntajes sobre 700 puntos, tienen anualidades que bordean el millón de pesos).
¿Dónde quedan los jóvenes de liceos (exceptuando los emblemáticos como el Instituto Nacional, Liceo Lastarria, Liceo N°1, etc.) que no tienen dinero para costear un preuniversitario? Se deben proponer sistemas alternativos de ingreso a universidades que permita mayor integración social, y así democratizar el plano educativo. El sistema de selección es injusto. No todos tienen las mismas posibilidades para lograr ingresar a una universidad de calidad. Para que exista justicia no debe existir desigualdad.
“La distribución natural no es ni justa ni injusta, como tampoco es injusto que las personas nazcan en una determinada posición social. Estos son hechos meramente naturales. Lo que puede ser justo o injusto es el modo en que las instituciones actúan respecto a esos hechos”.
Si bien el 70% de los estudiantes del quintil más bajo de la población pertenecen al sector privado de la educación superior, estos están inmersos en instituciones que no son de calidad. De las aproximadamente cincuenta universidades de carácter privado en Chile, sólo siete pertenecen a universidades de investigación y de investigación selectiva (o sea, de calidad). Las 43 universidades de docencia restantes simplemente no tienen publicaciones en revistas de prestigio internacional.
O sea, se recibe mala educación a cambio de altísimas tasas de endeudamiento y frustración laboral posterior. Entonces, ¿cómo se justifica el lucro y los gigantes aranceles por parte de estas universidades, que además han aumentado en los últimos cinco años en un 80% aproximadamente sus anualidades en comparación al resto de las universidades?
El sistema debe ser reestructurado, pues las instituciones están actuando de manera regresiva a lo que se refiere al término universidad, que llama a la universalidad (pluralismo) Es injusta la manera de actuar, pues no existe equidad en la educación que se recibe. Mientras los alumnos con mayor ingreso per-cápita familiar reciben educación de calidad, los quintiles más bajos se desempeñan en universidades deficientes. El financiamiento público debe aumentar con respecto al PIB nacional. Existen los recursos. Si bien la cantidad de alumnos ha aumentado el doble en comparación a cuando la educación en Chile era gratuita, Chile produce más riqueza que nunca en su historia.”
En los años 70’s las exportaciones de cobre llegaban a los 550 millones de dólares. El día de hoy llegan a los 44.000 millones de dólares (80 veces más). “El petitorio de la Confech es simple respecto al área económica, pues este es aumentar el financiamiento respecto del PIB de un 0,3% (actual) a un 2%. Vale la pena mencionar que a fines de los 60’s el financiamiento correspondía a un 3%. De esta manera la educación superior de calidad podría ser para todos y todas.
Es verdad que existe un número de becas para alumnos que sobresalen en la PSU, o sea, hay posibilidades de, si no puedes pagar la universidad, te bequen, pero ¿es justo que un joven de estrato social alto tenga el derecho a ponderar 700 puntos para entrar a estudiar derecho en la universidad católica, mientras que uno del quintil más bajo de la población esté obligado a ponderar arriba de 800 puntos para lograr beca, la cual tiene que mantener? Claramente no. La institucionalidad no va a favor de los más desfavorecidos.
En conclusión, el sistema chileno y su institucionalidad debe cambiar, vale la pena exigirlo, pues los más desfavorecidos de nuestro rico país siguen siendo pasados a llevar, para variar. Las deudas los condenan, mientras que nosotros, alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez no hacemos nada. Nacimos en la comodidad, pero no debemos vivir en la indiferencia nunca. Es por eso que se deben apoyar las demandas de federaciones estudiantiles como lo son la Confech y la COMESUP, puesto a que es un deber nuestro movilizarnos y actuar. La justicia como principio de equidad está siendo vulnerada en el sistema educacional chileno.
Luciano Santander Hoces
Alumno de segundo año ingeniería comercial
Integrante MACE UAI
Universidad Adolfo Ibáñez
