Las Isapres administran una cotización social de salud y, por lo tanto, tienen las mismas obligaciones constitucionales que el Fonasa para con sus usuarios, es decir, asegurar el acceso a la salud. Esta es la interpretación del Tribunal Constitucional en su fallo del año pasado. La solución pasa por establecer afiliación abierta en el sistema, es decir, que las Isapres estén obligadas a aceptar a toda persona que les pide afiliación, independientemente de su edad, sexo o riesgo de enfermar, terminando de una vez por todas con las famosas pre-existencias.
Parece ser que el gobierno propondrá una reforma al sistema privado de salud de las Isapres. Para ello propondría un plan garantizado de salud y unos arreglos de financiamiento que aún no están claros.
El problema que se enfrenta en salud es la inequidad y también la ineficiencia que produce un sistema segmentado entre Isapres y Fonasa, que ha generado en 30 años una salud para personas de bajos ingresos y otra para altos ingresos, donde usualmente los primeros son más propensos a enfermar que los segundos, lo que agrava la situación.
A pesar del éxito que el sistema Isapre ha tenido en el descreme de su población beneficiaria, lo que le ha generado altas ganancias (36% sobre el capital en primer semestre de 2011) y a pesar del subsidio implícito que ha recibido al descargar todos sus malos riesgos en el Fonasa durante años, los problemas de discriminación por riesgo y la potencial rebelión ante el mismo, por parte de sus propios usuarios, han mostrado al sistema Isapre como inviable en el largo plazo.
Dado lo anterior, la solución debería considerar al conjunto del financiamiento y aseguramiento de la salud, esto es, a Fonasa e Isapres. No obstante, dado que las noticias de prensa anuncian que los cambios en discusión se restringen al mundo Isapre, seguiré esta reflexión en ese campo, sin perder de vista que la solución entonces nunca será la óptima.
[cita]La solución pasa por establecer afiliación abierta en el sistema, es decir, que las Isapres estén obligadas a aceptar a toda persona que les pide afiliación, independientemente de su edad, sexo o riesgo de enfermar, terminando de una vez por todas con las famosas pre-existencias.[/cita]
Las Isapres administran una cotización social de salud y, por lo tanto, tienen las mismas obligaciones constitucionales que el Fonasa para con sus usuarios, es decir, asegurar el acceso a la salud. Esta es, a mi modo de ver, la interpretación del Tribunal Constitucional en su fallo del año pasado. Para lograr lo anterior las Isapres cuentan con un financiamiento de seguridad social que constituye el 7% de cotización obligatoria.
En este contexto, la solución pasa primero por establecer afiliación abierta en el sistema, es decir, que las Isapres estén obligadas a aceptar a toda persona que les pide afiliación, independientemente de su edad, sexo o riesgo de enfermar, terminando de una vez por todas con las famosas pre-existencias. Luego, se debe conformar un solo fondo entre las Isapres que solidarice lo que siempre debió ser solidarizado, esto es, el 7% de la cotización social de los usuarios. Este fondo reunirá estos recursos y los redistribuirá según las necesidades de salud a través de todas las Isapres de acuerdo con las necesidades de sus usuarios. Pero como los usuarios de Isapre actualmente cotizan un 10% de su salario en promedio, entonces el diferencial de 3 puntos porcentuales respecto del 7%, puede destinarse a que las Isapres cobren primas planas iguales para todos sus usuarios y diferenciadas entre ellas, de tal manera que compitan por calidad. Por otra parte, estos recursos, traducidos a un monto monetario, deben financiar un plan amplio y comprehensivo de salud igual para todos. Para dar este plan, cada Isapre deberá contar con una sola red acreditada de prestadores y cumplir a cabalidad su rol de control de costos frente a ellos, lo que debe ser fiscalizado por la Superintendencia de Salud.
Esta es una estructura de regulación de recomposición parcial de la seguridad social (la total es con Fonasa) que limita la competencia en precios. En efecto, se debe limitar competencia en primas (que finalmente es una competencia por quién discrimina mejor) y fomentar la calidad y el control de costos. Esta es la mera aplicación racional y de sentido común que puede apreciarse, también, en las soluciones desarrolladas en el contexto europeo ante similares problemas.
Finalmente, con este cambio, los fondos de riesgos existentes en Chile se reducirían automáticamente desde cerca de 8 (uno por cada Isapre existente mas Fonasa) a 2 (el de Fonasa y el de las Isapres). Pero aún subsistirían lo problemas más importantes sin solucionar, por lo que habrá que avanzar hacia un solo fondo nacional, para mi gusto y creo que para el bien de la población, en el mismo momento.
En cualquier caso, es claro que las Isapres debiesen dejar de aferrarse a un esquema que ya no aceptable para la ciudadanía y decidirse a tomar, éste, el último tren.
