El Inspector ha sido una herramienta tremendamente efectiva en su función de fiscalización. Después de que enviamos la carta a los parlamentarios, 11 diputados (2 PPD, 4 RN y 5 UDI) actualizaron sus declaraciones de patrimonio e intereses. Por nuestra parte, a partir de la información que entregaron las autoridades con antecedentes, realizamos 22 actualizaciones en nuestra base de datos.
El predominio del interés particular por sobre el interés general en el ejercicio de un cargo público siempre amenazará a la democracia. La ciudadanía, entonces, debe ejercer activamente el rol fiscalizador que impida que esta amenaza se concrete. En Chile, sin embargo, los mecanismos para ejercer este rol fiscalizador son todavía muy imperfectos, debilidad que puede ser utilizada para deslegitimar cualquier intento de fiscalización ciudadana.
El dinero y la política pueden tener una relación peligrosa para la democracia. El riesgo está en que la política, por influencia del dinero, puede perder el horizonte de privilegiar el bien común por sobre intereses particulares. Cuando la política es cooptada por estos intereses a través del dinero, las condiciones de injusticia que la misma democracia busca corregir se acentúan.
[cita]El Inspector ha sido una herramienta tremendamente efectiva en su función de fiscalización. Después de que enviamos la carta a los parlamentarios, 11 diputados (2 PPD, 4 RN y 5 UDI) actualizaron sus declaraciones de patrimonio e intereses. Por nuestra parte, a partir de la información que entregaron las autoridades con antecedentes, realizamos 22 actualizaciones en nuestra base de datos.[/cita]
Existen distintos mecanismos para evitar que este riesgo se concrete, y uno de los que estamos utilizando en Chile es la declaración de patrimonio e intereses de nuestras autoridades. Este mecanismo promueve el empoderamiento ciudadano, pues le otorga a la ciudadanía la principal acción fiscalizadora al acceder a información de las autoridades. El problema es que, en nuestro país, el sistema impide que la ciudadanía pueda ejercer plenamente su derecho de fiscalización en materia de patrimonio e intereses de las autoridades.
¿Cuáles son algunas de las limitaciones para que la ciudadanía pueda efectivamente fiscalizar? Actualmente, la ciudadanía no tiene la facultad de investigar más allá de los datos públicos a los que como ciudadanos tenemos acceso, pues el resto corresponde a datos privados de los que no se puede tener información certera, a menos que sean entregados por las partes involucradas.
La regulación sobre las Sociedades Anónimas Cerradas, por ejemplo, al no contemplar la fiscalización de un organismo público, hace imposible que la ciudadanía pueda conocer sus cambios de administración o las modificaciones de los socios que la componen, ya que no tienen la obligación de informar públicamente este tipo de hechos. El sistema económico protege la confidencialidad de los datos del patrimonio accionario, reserva que impera tanto en las Bolsas de Comercio del país como en las entidades financieras que manejan fondos de inversiones bursátiles.
La Fundación Ciudadano Inteligente trabajó más de un año en el proyecto Inspector de Intereses (http://www.inspectordeintereses.cl/) que le permite a la ciudadanía acceder a información para ejercer su rol fiscalizador, indagando en posibles conflictos de intereses de los parlamentarios. Para esto, utilizamos los medios de verificación disponibles (http://www.inspectordeintereses.cl/?project=metodologia-del-estudio), combinándolos con prácticas que permitieran mitigar los riesgos que implican las dificultades de acceso a información explicadas en el párrafo anterior.
El mecanismo para evitar publicar información desactualizada fue compartir con los parlamentarios los hallazgos del estudio, previo a la publicación del mismo. El 29 de septiembre dejamos en las oficinas del Congreso en Valparaíso una carta individualizada a cada Parlamentario, y el 30 de septiembre dejamos en las oficinas del Congreso en Santiago una copia de la misma. Durante la tarde de ese día, le enviamos al correo electrónico oficial de cada parlamentario la copia de esta carta.
En un principio, el plazo fue de una semana para rectificar sus antecedentes societarios, lo que finalmente se tradujo en tres semanas. Durante este tiempo los parlamentarios tuvieron la oportunidad de modificar aquellos casos que se encontraban desactualizados o complementar con la información que no estaba disponible en las bases de datos públicas.
Cada vez que un parlamentario nos respondió con antecedentes, nuestra base de datos fue actualizada, incluso después de la publicación del estudio. Por esto, el Inspector de Intereses tiene un carácter dinámico, pues su información va a variar de acuerdo a los antecedentes que las autoridades aporten. Esto implica que la ciudadanía y la prensa, en su labor fiscalizadora, estén constantemente revisando la información publicada en el sitio web.
El Inspector ha sido una herramienta tremendamente efectiva en su función de fiscalización. Después de que enviamos la carta a los parlamentarios, 11 diputados (2 PPD, 4 RN y 5 UDI) actualizaron sus declaraciones de patrimonio e intereses. Por nuestra parte, a partir de la información que entregaron las autoridades con antecedentes, realizamos 22 actualizaciones en nuestra base de datos.
Como la legislación actual es débil, para lograr el objetivo de valorizar la política necesitamos la colaboración de las autoridades. Ciertamente, la transparencia y rendición de cuentas implica un cambio cultural de la ciudadanía y de las autoridades, pues promueve la horizontalidad en el afán de fortalecer la democracia. Por esto no nos deja de sorprender (según información publicada en El Mostrador) que la UDI haya anunciado medidas legales contra la Fundación, y que el Senador Carlos Larraín denuncie una supuesta incapacidad de nuestra Fundación para distinguir entre lo que constituye y no constituye interés.
Cabe señalarle al Senador, que no es nuestra organización la que define interés y el deber de mantener un registro transparente y actualizado de la participación societaria e intereses, sino la propia Ley Orgánica del Congreso y la Constitución de la República de Chile en su artículo octavo. La ley existe para cumplirla, más allá del porcentaje de propiedad, y del movimiento que tengan o no las sociedades, si existe propiedad, éstas deben ser declaradas oportunamente. Lamentamos que el Senador Carlos Larraín no haya cumplido con dicho precepto, pues son los mismos legisladores los llamados a dar el ejemplo.
El compromiso con la institucionalidad democrática exige reformas tendientes en la dirección de corregir las debilidades de la legislación actual, no de menguar las iniciativas ciudadanas que buscan profundizar la transparencia y valorizar la actividad pública.
La actual crisis de legitimidad de la política requiere reformas decididas que promuevan en su actividad más transparencia y horizontalidad con la ciudadanía. Requiere legislar con urgencia una ley de probidad que aumente las sanciones cuando se ha falseado u omitido información en la declaración de patrimonio e intereses, y que incorpore estándares de formatos de publicación de información que le permitan a la ciudadanía ejercer efectivamente su rol fiscalizador.
Si las autoridades no han sido capaces de legislar sobre estos temas, llegó el momento en que los ciudadanos ejerzamos una presión activa por rescatar a la política del descrédito que la falta de transparencia ha generado; muchos ya hemos firmado para ejercer presión (http://www.inspectordeintereses.cl/petitorio/).
Finalmente, cabe destacar la buena disposición que ha tenido la mayoría de los parlamentarios a responder nuestro llamado y transparentar su participación societaria y aclarar sus potenciales relaciones de interés. A quienes se siguen resistiendo, les pedimos menos anuncios de querellas y más iniciativas de ley para transparentar la actividad legislativa, y abrirla a la participación responsable de ciudadanos organizados.
