¿Los chilenos que nos manifestamos por más de 8 meses por una educación pública y de calidad tendremos un político y técnico experto en educación abierto a discutir, buscar soluciones y elaborar políticas públicas acorde a nuestras demandas? o ¿tendremos a un operador más, sujeto de presiones políticas y empresariales defensoras del lucro, el gasto público focalizado, el estado subsidiario y ausente, y el endeudamiento de las familias chilenas?
El pasado martes el ahora ex ministro Felipe Bulnes dio su “cuenta pública” sectorial. Ante la autocomplaciente exposición, Daniela López, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central –primera institución privada incorporada al Confech–, manifestó: “el conflicto educacional está abierto. No hay nada resuelto aún. Nuestras demandas son estructurales, mientras el Estado siga subsidiando a la banca privada, mientras no tengamos un modelo en el que nuestros derechos sean universales y no dependan de privados o sean un gasto focalizado, las causas profundas del conflicto educacional no habrán sido resueltas”, y agregó que: “esta democracia nos quedó chica, cualquier beneficio al pueblo de Chile no es contenible dentro de sus márgenes”.
Dos días después, el ministro de Economía, Pablo Longueira, confirmó lo que incluso el gobierno había reducido a categoría de “rumor”: en menos de seis meses el gabinete de Sebastián Piñera sufriría un tercer cambio en la cartera de Educación. Finalmente, pasado el medio día, el vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, confirmó el trascendido: Bulnes renunció. Con esto el oficialismo se anota un nuevo gran tropiezo que visibiliza el impresionante grado de improvisación en su política país.
Con todo esto se abren una serie de preguntas y se acrecienta una necesidad política clara para el movimiento nacional por una nueva educación. Posicionar nuevamente nuestras demandas, para que volvamos a hablar de lo que movilizó a miles de estudiantes, apoderados y trabajadores es hoy imprescindible.
[cita]Aquí la crítica central no tiene que ver con una persona en particular. El problema de la educación no tiene que ver con tal o cual ministro, sino con las políticas de Estado en educación que han impulsado tanto los gobiernos de la Concertación como de la Alianza los últimos 40 años en Chile. Es esta la discusión que al movimiento social le interesa impulsar.[/cita]
Mientras que a Bulnes le encomendaron la tarea de reiterar sistemáticamente la propuesta del “Gane” al movimiento, apostando a su criminalización y desgaste, hasta que lograra volcar el conflicto hacia el Congreso, ¿cuál será la labor de Harald Beyer en 2012? Recordemos que Beyer es conocido por su trabajo académico vinculado a educación en el Centro de Estudios Públicos (CEP) y fue nombrado por Piñera como representante del Presidente en el Consejo Universitario de la Universidad de Chile –acción que fue criticada por la Fech de entonces-. Alguien, podríamos decir, más asociado a esta fracasada idea de “la nueva forma de gobernar” y “la nueva derecha”.
Sin embargo, el nuevo ministro es de los académicos que ha afirmado que la presencia del lucro en una institución educacional, compromete su calidad y se ha mostrado favorable a resolver el conflicto a través de un plebiscito. ¿Qué tanta autonomía tendrá para poner esa visión sobre la mesa en un gobierno debilitado, más aún tras los resultados de la encuesta CEP? ¿Los chilenos que nos manifestamos por más de 8 meses por una educación pública y de calidad tendremos un político y técnico experto en educación abierto a discutir, buscar soluciones y elaborar políticas públicas acorde a nuestras demandas? o ¿tendremos a un operador más, sujeto de presiones políticas y empresariales defensoras del lucro, el gasto público focalizado, el estado subsidiario y ausente, y el endeudamiento de las familias chilenas?
A pesar de todo, aquí la crítica central no tiene que ver con una persona en particular. El problema de la educación no tiene que ver con tal o cual ministro, sino con las políticas de Estado en educación que han impulsado tanto los gobiernos de la Concertación como de la Alianza los últimos 40 años en Chile. Es esta la discusión que al movimiento social le interesa impulsar.
Lo que hace dos días decía Daniela, fue notablemente confirmado por los resultados de la encuesta CEP: 53% considera prioritario resolver el tema educacional, mientras que sólo un 7% aprueba la gestión del gobierno en esta materia, a la vez que un 75% se muestra contrario al lucro en instituciones educacionales.
En este 2012 es vital volver a poner sobre el tapete las demandas clave que convocaron a los chilenos a manifestarse a favor de un nuevo modelo de educación: exigimos que la educación sea considerada como un derecho social universal, no como un bien de mercado, lo que requiere un crecimiento de la matrícula pública en todos los niveles del sistema educativo, un cambio en el acceso a sus aulas, a la vez que una regulación seria y sólida hacia la iniciativa de los privados, que permita que estos sean parte de la solución y no parte del problema. El país necesita que más del 70% de los estudiantes de la educación superior -quienes estudian en instituciones privadas- cuenten con mínimas protecciones y garantías que hoy les son negadas.
Estas demandas son las de un pueblo que busca su desarrollo. No cualquier desarrollo, sino uno que nos permita vivir en un país más justo, solidario, igualitario y realizado colectivamente. Por eso pensamos que es estratégico impulsar una reforma educacional que entienda que para el futuro de sociedades como la nuestra es central la producción y socialización del conocimiento, democratizando su acceso, difusión y usos, de manera que podamos ser el conjunto de los chilenos quienes orientemos la utilización de este bien común estratégico hacia la consecución de nuestros sueños y objetivos.
