Tomó varios años en que pudiera decirse públicamente que entre 1973 y 1990 en Chile existió una Dictadura Militar. Esta nominación fue objeto de duras discusiones y su incorporación en los programas de estudios y textos escolares, permanentemente objetada por la misma derecha que hoy gobierna el país.
Según se informó en la prensa, las bases curriculares recientemente aprobadas por el Consejo Nacional de Educación el 9 de diciembre pasado, presentan un cambio conceptual importante en lo que refiere a la historia reciente de nuestro país: en la página 31 de las bases curriculares de historia se ha dejado de hablar de “dictadura militar” para ocuparse el término “gobierno militar”.
Alguien podrá decir que este cambio conceptual es nimio y que no afecta en nada a lo que “realmente ocurrió” en Chile durante 17 años. Que la mayoría de los chilenos sabe que en Chile gobernaron autoritariamente los militares, que se instalaron después de un golpe de Estado dado a un gobierno democráticamente elegido, que violaron sistemáticamente los derechos humanos y que transformaron radicalmente los cimientos materiales y subjetivos de nuestra nación. Algunos también podrán decir que un concepto no importa si ya somos capaces de discutir estos temas de historia reciente en público o si en la televisión se abordan abiertamente las violaciones a los derechos humanos con series como “Los archivos del Cardenal” o la última temporada de “los 80”. Como historiadora discrepo absolutamente de estas afirmaciones, porque la disputa por la nominación del pasado siempre está abierta y los cambios conceptuales no son inocentes ni ingenuos.
[cita]De allí, que las palabras del ministro no sólo no convenzan a los ciudadanos, sino que encubren lo que todo proceso de conceptualización implica: disputar políticamente una nueva visión del pasado, donde las atrocidades cometidas durante 17 años contra ciudadanos chilenos, queden invisibilizadas en un concepto como el de régimen/gobierno militar.[/cita]
Detrás de ello hay una intencionalidad política e ideológica evidente y por tanto, es importante visibilizarla, más aún cuando afecta a lo que los niños de este país estudiarán como “nuestro pasado”.
El pasado no está cerrado, afirmaba hace muchos años atrás un viejo filósofo alemán más conocido por su seudónimo de Walter Benjamin. Con ello abría una invitación no sólo a repensar la historia como “devenir”, sino que también la historia como “escritura” o trabajo con el pasado. Deriva de aquello que la disputa nominativa sobre lo que ocurrió, o sobre lo que pudo ocurrir en un pasado cercano o lejano, está abierta a la discusión y al debate colectivo.
En enero de 1999, un grupo de historiadores liderados por Gabriel Salazar, Julio Pinto, Mario Garcés, Sergio Grez y María Angélica Illanes, arremetieron la ardua labor de disputar abiertamente la nominación y la representación del pasado reciente, en una conflictiva correspondencia con el historiador de derecha, Gonzalo Vial y su intención de “narrar” una historia del “régimen militar” vaciada de las atrocidades cometidas durante esos 17 años y bajo una perspectiva de que dicho golpe de Estado se entendía como la salvación a una institucionalidad político democrática en crisis terminal. De esa labor surgió el famoso “Manifiesto de Historiadores” firmados por miles de historiadores chilenos y extranjeros.
Quienes nos dedicamos a esta disciplina sabemos que los conceptos son artefactos clave en la constitución de la realidad social, que su contenido tanto como campo de experiencia así como en la definición de sus horizontes de expectativas, está en la base de los procesos de producción de significados de esa realidad material a la que aspiran referirse (nominalmente), pero también a transformar. De allí que el proceso de conceptualización sea un proceso eminentemente político y la disputa por cuál o qué concepto se use, clave para definir lo ocurrido y lo que vendrá.
Por esto, si cambiamos el concepto de dictadura por el de régimen militar, estamos cambiando el campo de experiencia nominal y por ende también los horizontes de expectativas de los actores sociales. La intencionalidad no puede ocultarse con las palabras del ministro Beyer, quien plantea que régimen/gobierno militar es un concepto más general que el de dictadura y que por ello se justifica su uso, aunque él afirme posteriormente que cree que fue “efectivamente dictatorial”. Esto no es un problema de generalidad u objetividad, porque la historia no es objetiva, sino que objeto de interpretación, abierta al debate y por ende, políticamente construida.
Cuando recién se recuperó la democracia en Chile, este debate también estuvo instalado en el plano educacional. Tomó varios años en que pudiera decirse públicamente que entre 1973 y 1990 en Chile existió una Dictadura Militar. Esta nominación fue objeto de duras discusiones y su incorporación en los programas de estudios y textos escolares, permanentemente objetada por la misma derecha que hoy gobierna el país. De allí, que las palabras del ministro no sólo no convenzan a los ciudadanos, sino que encubren lo que todo proceso de conceptualización implica: disputar políticamente una nueva visión del pasado, donde las atrocidades cometidas durante 17 años contra ciudadanos chilenos, queden invisibilizadas en un concepto como el de régimen/gobierno militar. La derecha que hoy gobierna quiere que así se interprete el pasado y si bien esto es lícito en una democracia y está vinculado a los procesos de constitución de las hegemonías, sería importante y éticamente deseable que así lo dijeran.
