Transbank no es un monopolio natural, propietario y operador de una “instalación esencial”, como sentenció años atrás el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sino que estaríamos ante un oferente que ha construido barreras estratégicas para captar altas rentas en su actividad.
El ex superintendente de bancos Ernesto Livacic se ha unido a la discusión acerca de la estructura competitiva del mercado de tarjetas de pago y ha hecho un interesante aporte en su columna publicada por este medio hace un par de semanas.
Hasta la fecha, las agencias regulatorias del sector financiero han prestado poca atención, al menos que se conozca públicamente, al funcionamiento del sistema de pagos minoristas con tarjeta, sean de crédito o de débito. Las normas que instaló el Banco Central a comienzos de la década del 2000, aunque lograron expandir el perímetro regulatorio incorporando a los emisores no bancarios, fueron indulgentes e imprecisas respecto de las facultades de fiscalización. Tal ambigüedad, dicho sea de paso, dio pie a un episodio asaz inconveniente, como lo fue la pública disputa con la Superintendencia de Bancos en relación al caso La Polar.
Dada la historia, es estimulante que un ex Superintendente contribuya al tema y manifieste sin ambages su diagnóstico en cuanto a que el monopolio en el sistema de tarjetas, particularmente en la adquirencia, constituye un problema. Esa mirada es congruente con la del Plan Impulso Competitivo y es de esperar que el gobierno logre avances a este respecto.
[cita]Transbank no es un monopolio natural, propietario y operador de una “instalación esencial”, como sentenció años atrás el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sino que estaríamos ante un oferente que ha construido barreras estratégicas para captar altas rentas en su actividad.[/cita]
Pero también hace un importante aporte Livacic al resaltar que las barreras naturales para el funcionamiento de una red ya no estarían presentes, lo que ejemplifica con la existencia de la red MultiCaja, un operador no bancario. La consecuencia argumental es que Transbank no es un monopolio natural, propietario y operador de una “instalación esencial”, como sentenció años atrás el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sino que estaríamos ante un oferente que ha construido barreras estratégicas para captar altas rentas en su actividad.
A la luz de nuestra legislación sobre competencia, estaríamos ante una conducta reprochable que las autoridades pertinentes, sea la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal, según sea el caso, debieran corregir. La FNE cuenta con antecedentes interesantes, como lo es el informe encargado a los economistas González y Gómez-Lobo, donde se recomienda asegurar el acceso no discriminatorio a los servicios de apoyo al giro bancario, indispensable para competir en el mercado aguas abajo.
Sin duda que se puede avanzar en esa línea, en especial en la estructura tarifaria que discrimina a los emisores de bajo volumen, pero Transbank se las ha arreglado para no incurrir en la negación de contratar (refusal to deal), pues procesa las transacciones de las tarjetas no bancarias del retail y les permite competir a nivel de consumidores con la banca. Por otro lado, ha anunciado la migración de la tarjeta de banda magnética a una con microprocesador o chip, de modo de evitar ser acusado de falta de innovación, tradicional argumento antimonopolio.
Por ello, Livacic apunta más bien a abrir espacios de competencia a uno o más desafiantes sobre la base de la desarticulación del entramado contractual “marcas-bancos-comercios” que inhibe el ingreso de redes alternativas al negocio, antes que a regular la actividad de Transbank.
Ello implica, por una parte, abrir la competencia de redes, es decir, del servicio de capturar la transacción en el punto de venta y canalizarla hacia el banco emisor para su autorización. Allí entra a tallar Nexus, sociedad de apoyo al giro que, como Transbank, es de propiedad de los bancos, y que opera como su procesador del rol emisor y único autorizador. Cabe señalar que, el año pasado, la Reserva Federal de Estados Unidos abrió la competencia al obligar a las empresas de tarjetas a ofrecer al menos 2 redes alternativas.
La segunda implicancia del planteamiento de Livacic es abrir la competencia en el rol adquirente, es decir, en la afiliación e comercios. Esa tarea pasa por una completa restructuración de esta actividad y crear lo que se denomina un “sistema de cuatro partes”, que es la forma en que funciona en la mayoría de los mercados. Ese esquema opera con un precio clave, la tasa de intercambio, que cumple con distribuir la tarifa al comercio, o merchant fee, entre emisores y adquirentes. La tasa de intercambio es criticada por la opacidad que la cubre y es considerada como un “costo oculto” que encarece el funcionamiento del sistema. En consecuencia, ha estado bajo fuerte escrutinio de reguladores bancarios y de autoridades de competencia. La Reserva Federal, por ejemplo, estableció en 2011 una tasa de intercambio máxima para transacciones con tarjeta de débito.
Hay terceras implicancias, no directamente ligadas a las anteriores, pero que pueden surgir al calor del debate.
Una muy obvia es el exagerado costo financiero del financiamiento con tarjetas de crédito que se verifica en Chile. Según la SBIF, la tasa promedio para en el tramo bajo 200 UF fue de 46,2% en el año 2011, un elevado nivel absoluto y también relativo si se le compara con el interés promedio de 25,4% de los tradicionales créditos de consumo en cuotas en el mismo tramo. La tasa de interés de las tarjetas ha estado sobre el nivel de 40% desde el año 2007, con poca o ninguna evidencia de relación causal con el costo de fondos de los bancos o con los gastos de cartera por riesgo de crédito. Se trata de un fenómeno digno de ser estudiado.
Otra implicancia es que puede atraer la atención sobre la diversidad de opciones que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación, los aparatos celulares inteligentes y las billeteras y monederos electrónicos, así como su enorme potencial de ampliar la cobertura del sistema a muy bajos costos. El allanamiento de las actuales barreras a la competencia en el sistema de pagos minoristas puede abrir espacios insospechados a los sectores de menores ingresos, hoy ausentes, e incorporarlos masivamente al uso de medios de pago de punta y de alta conveniencia.
Como se ve, abrir la competencia en redes y adquirencia promete inaugurar una muy desafiante y atractiva etapa de cambios para el sistema de pagos minoristas. Esta perspectiva, con todas sus dificultades, no puede ser sino bienvenida, pues envuelve la promesa de significativos saltos en materia de eficiencia en el funcionamiento del sistema para beneficio de toda la economía.
