Es imperioso avanzar en la discusión respecto de la percepción de indefensión y victimización de niños y sus familias en torno a los procesos penales relativos a las denuncias por agresiones sexuales y al bajísimo porcentaje de sentencias condenatorias.
Durante el último tiempo hemos visto una proliferación de noticias relativas a niños y niñas violentados sexualmente. En los casos recientes, se ha visto cómo el dolor, la rabia y la desesperación legítima de familiares y vecinos tienen un correlato de violencia, expresado a través de agresiones, saqueos, incendios e intentos de linchamiento en contra del supuesto agresor.
La información sobre la ocurrencia de violencia sexual en contra de niños/as y adolescentes es escasa y fragmentada y las denuncias efectuadas constituyen la fuente principal de los datos disponibles. Se observa, en efecto, un incremento sustantivo de casos comparado con la década de los 90. Según el Anuario de Estadísticas Policiales, entre el decenio 1993-2003 la tasa de denuncia de delitos sexuales subió de un 11,5% el año 1993 a un 37,1% el año 2003. Sin embargo, las denuncias efectuadas representan una pequeña fracción visible de una parte sustancial aunque no cuantificada del problema y que constituye la llamada cifra negra. Al respecto, diversas instituciones como UNICEF (1997) y el Instituto de Criminología de la PDI (2002) han señalado que el número de delitos no reportados es 7 veces mayor al denunciado.
[cita]Es imperioso avanzar en la discusión respecto de la percepción de indefensión y victimización de niños y sus familias en torno a los procesos penales relativos a las denuncias por agresiones sexuales y al bajísimo porcentaje de sentencias condenatorias.[/cita]
El tratamiento noticioso de estas situaciones merece algunos comentarios. En primer lugar, a simple vista, las noticias relativas a niños/as y adolescentes víctimas de delitos sexuales, asociadas a situaciones especialmente violentas o de evidente impacto, invisibiliza las dinámicas más habituales de este tipo de vulneración de derechos e impide un abordaje realista, consistente y coherente con la globalidad del problema. Es una realidad que en entre el 65 y 70% de los casos de abuso sexual el agresor es algún miembro del grupo familiar, lo que se asocia a la cifra negra. El vínculo entre el agresor y la víctima le dificulta a esta última develar la situación abusiva manteniéndose ésta en el tiempo.
De esta forma, y ante la ausencia de estrategias de educación sexual integral para niños y niñas y sus familias, la opinión pública sigue visualizando la prevención en base a la idea de “no hablar con extraños”, omitiendo la construcción de relaciones amorosas, no violentas y respetuosas de la concepción de niños y niñas sujeto de derecho en todos los espacios, incluida la familia más cercana.
Por otra parte, son básicamente niños y niñas en situación de pobreza o de zonas rurales los que llenan la crónica roja. Esta forma de enfrentamiento del problema pareciera contribuir a la noción de que la violencia sexual en contra de niños y niñas es propia de algunos estratos socioeconómicos, obviando su transversalidad y contribuyendo a la estigmatización de un sector de la infancia, con menos recursos y “menos protegida” por sus madres y padres, reiterando la vieja y equivocada idea de incapacidad de sus familias y sus entornos sociales y comunitarios.
Por último, la ausencia de un abordaje profundo del tema, la constante exposición de niños y niñas o sus familias en la palestra pública y el tratamiento informativo del suceso de violencia sexual por parte de los medios de comunicación, se asocia a procesos de victimización secundaria. Ésta resulta de la relación posterior establecida entre la víctima y el sistema que sostiene una respuesta social e institucional que no contribuye al establecimiento de un contexto protector, solidario, humano o digno para los y las afectados/as, contribuyendo a agravar el daño psicológico.
De esta forma, no es posible concluir que haya aumentado la frecuencia de estos hechos en la población infantil, ni que se haya incrementado la violencia. Sabemos que nos asomamos, a través del incremento de denuncias, con mayor regularidad a la cifra negra, pero que ésta puede ser desconocida en un amplísimo porcentaje. Al respecto, un desafío central es construir un sistema de datos confiable, unificado, que agrupe la información contenida en distintas instancias. Este sistema debiera entregarnos una mirada más certera y comprensiva de la real magnitud y características de la violencia sexual en contra de niños y niñas, de forma de orientar una mayor precisión en las políticas, especialmente las preventivas, dirigidas a la población infanto-juvenil.
Mientras esto se hace realidad, es imperioso avanzar en la discusión respecto de la percepción de indefensión y victimización de niños y sus familias en torno a los procesos penales relativos a las denuncias por agresiones sexuales y al bajísimo porcentaje de sentencias condenatorias. Igualmente, el cuidado sustancial que los medios de información debiesen tener respecto de niños y niñas afectados por agresiones sexuales no merece discusión y debiera constituir una clara señal de la consideración de niños y niñas sujetos de derecho, apoyando ahora no sólo la consideración de la existencia de esta forma de vulneración, sino al respeto de la dignidad y derechos de niños y niñas, base esencial sobre la cual se construye una sociedad que no menoscaba a través de la violencia sexual y su exposición, el desarrollo y la vida de los seres humanos que la componen, tal como se ha propuesto legislar por unanimidad la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, frente a la cual Opción ha expuesto su parecer con excelentes resultados.
