¿Es capaz Diego Schalper de explicar la hegemonía conservadora en la Pontificia Universidad Católica de Chile sin el poco cristiano auxilio de la dictadura? Al parecer, a pesar de que se han desarrollado formas impuestas de gobierno para sepultar la definición del conflicto, éste porfiadamente emerge en la discusión.
El 9 de abril recién pasado, Diego Schalper escribió una columna en su Blog en La Tercera titulada “Gobierno Universitario: Más allá de lo aparente”, en la cual criticó el horizonte democrático de una Universidad en base a supuestos que, a su juicio, presuntamente se habrían evidenciado en un Congreso de Democracia realizado en la Universidad Católica. En primer lugar, no conozco qué se discutió en dicha instancia ni cuáles eran sus fines. El motivo de esta columna no es defender su realización, ni mucho menos hacer una apología del proceso de Reforma de 1967. En lo que sigue sólo busco evidenciar justamente lo aparente (en términos hegelianos: no reales) de los supuestos del columnista en cuestión.
El análisis de Diego parte de lo que él llama la tesis democratizadora, la cual sostiene que “los diferentes estamentos de la Universidad deberían tener el poder de hacer valer sus intereses en instancias deliberativa”. Sus premisas principales serían las siguientes:
1. Existen estamentos que se enfrentan los unos con los otros desde su interés individual, encontrándose en una situación de conflictividad.
2. Ese conflicto debe resolverse en un plano de igualdad mediante el procedimiento democrático, por ende, las mayorías determinan el criterio a seguir.
3. Los estudiantes, para participar adecuadamente, deberían tener derecho a votar en instancias deliberativas, cogobernando con los académicos y con los funcionarios, idealmente en una lógica triestamental.
El autor rechaza aquella tesis puesto que, a su juicio, “no es cierto que la Universidad sea un campo de batalla que descanse en la defensa de intereses corporativos”, pues existe un fin común en el cual los distintos estamentos pueden colaborar “de diferentes maneras, de acuerdo a su condición específica”. En ello descansa su argumentación.
[cita]¿Es capaz Diego Schalper de explicar la hegemonía conservadora en la Pontificia Universidad Católica de Chile sin el poco cristiano auxilio de la dictadura? Al parecer, a pesar de que se han desarrollado formas impuestas de gobierno para sepultar la definición del conflicto, éste porfiadamente emerge en la discusión.[/cita]
Los supuestos de Diego pecan de un simplismo tremendo. En primer lugar, cualquier Universidad se construye a partir de las decisiones que se toman respecto de ella. A diferencia de lo que dice Schalper, no hay un fin pre establecido para una Universidad. A pesar de ser pontificia, y aunque a algunos les cueste aceptarlo, la Universidad Católica no escapa a las dinámicas de cualquier organización. Sus lineamientos se establecen históricamente, en función de las fuerzas sociales que en ella coexisten.
En este mismo sentido, el conflicto existe en una Universidad como existe también en cualquier otra institución. Ahora bien, a diferencia de lo que supone Diego, lo anterior no se da a nivel de estamentos. Ellos no son equivalentes a lo que son las clases sociales a nivel de sociedad. Si las clases sociales entran en conflicto, es porque tienen intereses distintos respecto de cierto proyecto de desarrollo. Sin embargo, los distintos proyectos de Universidad son transversales a los estamentos que la componen, en tanto estos no tratan acerca de su propio desarrollo en dicha institución, sino de la definición de los horizontes de ésta.
La Universidad tiene un proyecto para sí misma y este no es imparcial al desarrollo de la sociedad. Y ello se expresa en diversas situaciones. Sin ir más lejos, hace poco tiempo el Presidente designó a un nuevo líder para el Consejo Nacional de Educación: Ignacio Irarrázaval, director de Centro de Políticas Públicas de la UC. Según informaciones de la propia Universidad “desde el 2006, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica ha estado acompañando el proceso de formulación de la institucionalidad de educación; que concluyó con la aprobación de la Ley General de Educación 2009 y la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 2011”. Luego, refiriéndose al rol que le tocará cumplir, Irarrázaval declara que viene a “aportar en la implementación y puesta en marcha de esta institucionalidad”.
No es mi asunto cuestionar la seriedad o calidad de los análisis que en dicho Centro se realizan, sino que más bien cuestionar el horizonte de ellos: ¿calidad para qué? Hay argumentos suficientes para dudar de que la neutralidad esté entre las razones de la elección del Presidente. Si sus recomendaciones respecto a la Educación en Chile han ido en esa línea, entonces puedo suponer qué tipo de calidad están pensando para ella. Y esa discusión evidencia las líneas del conocimiento que produce una Universidad, que no es otra cosa que expresión de su proyecto.
El problema del gobierno universitario es un problema posterior a la definición de un proyecto de Universidad. La discusión debe centrarse en lo que esperamos de la Universidad, y, luego, la forma de gobierno que debe responder a ese diagnóstico. Un proyecto de Universidad rebasa su forma de gobierno. Mucho más que eso, refiere, por un lado, a las perspectivas que se tienen con respecto al conocimiento que ella genera (tanto en docencia, como en investigación y extensión), y, por otro, las mismas formas económicas, culturales y estatutarias de la institución. Por tanto, malamente la inclusión de sus diversos estamentos en la definición de estas líneas podría derivar en lo que el columnista llama peyorativamente “intereses corporativos”. Siendo así, ¿por qué no pueden ser discutidas por todos sus integrantes?, ¿pudiese ser que detrás de sus principios haya algo más que razones de principios? Después de todo, la invitación es a mirar más allá de lo aparente.
Ahora bien, tomando la perspectiva de Diego, si la Universidad tiene ya un fin pre establecido (particularmente, en el caso de la Universidad Católica, relacionado con lo que la Iglesia prescriba para ella), ¿es posible un cambio en tal institución? Bajo su concepción, parece bastante difícil. Si en ella los actores que la componen no tienen injerencia en la definición de sus líneas, entonces permanecerá estática, y escasamente la institución podrá moverse hacia lo que la sociedad requiere de ella. En las condiciones que Schalper describe, aquello se hace imposible. Por lo tanto, y dejándonos de caretas, su discurso no hace más que legitimar el orden hoy establecido para su Universidad. Puro conservadurismo.
Además, y nuevamente pensando en una Universidad como una institución real (y no sólo como una entelequia), ¿es capaz Diego Schalper de explicar la hegemonía conservadora en la Pontificia Universidad Católica de Chile sin el poco cristiano auxilio de la dictadura? Al parecer, a pesar de que se han desarrollado formas impuestas de gobierno para sepultar la definición del conflicto, éste porfiadamente emerge en la discusión.
La misma existencia de la carta de Diego Schalper demuestra que no hay acuerdo en la comunidad universitaria acerca de cómo debe ser y qué debe hacer la UC. Las Universidades en general, y la Universidad Católica en particular, poseen un proyecto determinado que buscan desarrollar. La aspiración moderna para una universidad no es buscar “La Verdad”, sino resolver qué verdad busca, y a qué y quiénes sirve esa verdad. Concebir la Universidad como algo trascendente, fuera de la historia, es una fantasía digna del oscurantismo medieval; dentro de ella hay actores que la mueven y proyectos que están en constante disputa. No es que con una efectiva democracia universitaria la Universidad se haga parte de un conflicto, lo que ocurre es que ella misma vive atravesada por ese conflicto. Y negar la participación de todos sus integrantes en la resolución de éste es, o bien hipocresía, o bien la más interesada vocación de exclusión.
