La independencia para deliberar y legislar en el caso del Congreso y de emitir fallos judiciales en el caso de los tribunales, nada tiene que ver con su obligación de someterse a criterios objetivos de un órgano técnico como el CPLT, que fija criterios y falla fuera del ámbito de influencia de estos poderes, en el manejo de la información en materias de uso de recursos financieros públicos, procedimientos administrativos, evaluación, nombramientos, destinaciones y ascensos de su personal.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) celebra por estos días su tercer aniversario. Esta institución, que tiene como objetivo promover y fiscalizar la transparencia en la administración del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información, está produciendo cambios de una profundidad insospechada en nuestra realidad nacional.
Presidentes, ministros, subsecretarios, intendentes y alcaldes, entre otros, deben asegurarse de que en sus instituciones se cumpla con criterios de transparencia en el manejo de sus atribuciones y de los recursos de todos los chilenos. Que hoy esté en discusión si los correos electrónicos de un ministro de Estado deben o no publicarse es sólo un ejemplo de la profundidad de esta revolución silenciosa, pero contundente.
[cita]La independencia para deliberar y legislar en el caso del Congreso y de emitir fallos judiciales en el caso de los tribunales, nada tiene que ver con su obligación de someterse a criterios objetivos de un órgano técnico como el CPLT, que fija criterios y falla fuera del ámbito de influencia de estos poderes, en el manejo de la información en materias de uso de recursos financieros públicos, procedimientos administrativos, evaluación, nombramientos, destinaciones y ascensos de su personal.[/cita]
La transparencia resulta esencial en una sociedad democrática. Es clave que ésta disponga de información digerible que los distintos actores ciudadanos puedan procesar para su beneficio; que las autoridades políticas, económicas, la prensa, los grupos de interés y de poder en general estén expuestos al escrutinio público en lo que dicen, callan, hacen o dejan de hacer. Las instituciones que históricamente han influido en las políticas públicas, como las Fuerzas Armadas, los jueces, el empresariado, la Iglesia, los sindicatos, los medios de comunicación, las ONG, han sido profundamente cuestionadas y hoy están expuestas al escrutinio diario. No son entidades que por el mero hecho de existir sean merecedoras de influenciar en las políticas públicas. Hoy parece inconcebible la sociedad sin una garantía tan básica como la transparencia. Sin embargo, han sido las tecnologías de información y su masificación las que han permitido este gran paso para la humanidad. Actualmente, la divulgación de información y la deliberación de políticas tienen lugar a través de las redes sociales, en forma más profunda que en los medios y canales tradicionales.
Asimismo, aún existe un gran déficit en materia de transparencia de la información pública. El CPLT no tiene atribuciones sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La independencia para deliberar y legislar en el caso del Congreso y de emitir fallos judiciales en el caso de los tribunales, nada tiene que ver con su obligación de someterse a criterios objetivos de un órgano técnico como el CPLT, que fija criterios y falla fuera del ámbito de influencia de estos poderes, en el manejo de la información en materias de uso de recursos financieros públicos, procedimientos administrativos, evaluación, nombramientos, destinaciones y ascensos de su personal.
La necesidad de reformar la Constitución Política no es un impedimento para que algún día el CPLT tenga atribuciones sobre otros poderes del Estado. Los argumentos en contra de una facultad como esa son sólo una expresión de falta de voluntad política y de intereses corporativistas.
