Los datos suministrados por el Global Peace Index del Institute for Economics and Peace, son reveladores de una realidad vecinal que cristaliza la irrupción de nuevas y diversificadas fuentes de riesgo para la región. El caso peruano es interesante, por cuanto la sociedad peruana es objeto y sujeto de cambios socioeconómicos que podrían modificar sustancialmente su posicionamiento político en el escenario sudamericano.
Uno de ellos dice relación con el reposicionamiento de Perú como un nuevo polo de atracción comercial en este lado del hemisferio, pero también con su transformación en el principal “exportador” de cocaína en el mundo, habiendo desplazado recientemente a Colombia.
Las áreas de cultivo de hoja de coca ilegal conoció, en el caso peruano, un incremento del 6,77% en el período 2008-2009 y de un 2,17% en la fase 2009-2010. Conoce, además, una baja sustancial en la incautación —apenas 13 TM el 2009, por ejemplo— y una lentitud en la erradicación de las plantaciones de dicha hoja -10.000 Has, en comparación con Colombia con 96 mil Has. Todos los índices asociados al narcotráfico, en este lado de la frontera son negativos, generándose dudas respecto a los niveles de gobernabilidad futuros, al incremento de la corrupción estatal y la degeneración del tejido social, hechos que en su conjunto, y bajo ciertas condiciones podrían generar el surgimiento de factores y actores que afecten la seguridad de este otro lado de la frontera,
El Perú, según estimaciones de la DEA, produce hoy cerca de 325 toneladas métricas de cocaína de alta pureza. El incremento de la demanda en Europa, la baja coyuntural experimentada en la producción en Colombia, como resultado de las efectivas políticas antinarcóticos de los Gobiernos de Uribe y Santos, asociado a otros dos factores como son la Guerra de los Carteles en México y la baja en el consumo de esta droga en los EE.UU, han generado las condiciones para un auge del narcotráfico en esta zona del planeta.
Según el Corruption Perceptions Index del 2011, el Perú conoce un índice de corrupción interna que le ubica en la zona de los países “altamente corruptos”, con un índice de 3,4, establecido en una escalad de 0 (Muy corrupto) a 10 (Muy Transparente); ranqueado 80, entre un universo de 181 países. El Perú conoce un incremento de los niveles de corrupción, según esta misma fuente, de un 79% en relación a los tres años anteriores. La alta penetración del narcotráfico en Perú solo es posible si los niveles de abuso del poder mediante el uso del aparato publico a beneficio personal adquieren la forma institucional, es decir son transversales a toda la estructura social, política y económica del país.
Siguiendo con este mismo razonamiento, y en función de los datos iluminados por Global Peace Index, el Perú se ubica en el lugar 79, entre los 158 evaluados en cuanto a los niveles de paz interna. Es revelador que dentro de conjunto de índices que denotan tendencias de estabilidad o inestabilidad pudiendo generar escenarios de crisis de Gobernabilidad, de Estado o de Régimen, en el caso peruano, en particular, los índices que resaltan están asociados a una debilidad institucional interna estructural.
La corrupción genera efectos de desestabilización política claros, no solo al lesionar la legitimidad política, sino que además generar espacios vacíos de gobernabilidad aprovechados por otros agentes, como es el caso del repotenciamiento del Sendero Luminoso en la zona del VRAE, en Perú, la irrupción de miembros de los Carteles mexicanos en las zonas portuarias o incluso, el repotenciamiento de movimientos sociales campesinos que perciben en la producción de hoja de coca mayores y más rápidos réditos que la producción de una agricultura licita. De la misma forma, la corrupción se deja sentir en los organismos encargados de su lucha directa, o en aquellos organismos encargados de planificarla y operacionalizarla. Todo este escenario lógicamente tiene el potencial de desbordar hacia las entidades vecinales del país que las genera. Este es el caso del Perú, pero también el de Bolivia.
Frente a esta nueva realidad, en la frontera norte, el Estado chileno ha reaccionado generando algunas políticas públicas destinadas a contenerle. Riesgos o amenazas no convencionales cohabitan, hoy, con las regulares. Una cohabitación que demanda una readecuación natural de las tareas habituales que algunos organismos de Estado realizaban en el marco de sus misiones institucionales. No obstante ello, se hace imprescindible identificar alternativas de fondo frente a problemáticas que tienen el mismo carácter. La creación de una nueva capacidad de securitización física de la frontera parece ser necesaria. Una estructura operativa encargada únicamente del resguardo preventivo de la frontera peruano-boliviana, en condiciones de absorber la tarea de contener in sitiu una permeabilización creciente de un espacio fronterizo esencial para la seguridad no convencional de la parte norte de Chile. La creación de una fuerza autónoma de resguardo de esta franja fronteriza permitiría liberar a las otras fuerzas de seguridad pública de obligaciones sociales crecientes, y dejar, por ejemplo a las FF.AA seguir encargándose de materias que le son propias e irremplazables como es la seguridad y el resguardo de la soberanía, la disuasión y la integridad territorial.
