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Uruguay y la legalización de las drogas: alguien tiene que ser el primero

por 29 junio, 2012

Hace ya más de un siglo, otro “Pepe”, José Battle y Ordoñez, fundador del Uruguay liberal y moderno, impulsor entre otras cosas de la ley de divorcio de 1907, respondía a las críticas conservadoras diciendo “seremos una republiquita pero tendremos leyes adelantaditas”. El actual “Pepe” Mujica dice “Alguien tiene que ser el primero”. Por eso, para honrar la tradición, hay que empezar bien.
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La noticia de que Uruguay sería el primer país de América Latina en regular el consumo de cannabis ha generado apoyo, euforia, dudas y cierto rechazo  en el propio Uruguay, y a lo largo de toda la región. Sin embargo, el debate no sorprende a Uruguay que desde principios de 2010 discute sobre dos proyectos de ley, presentados por diputados del Frente Amplio (izquierda) y un diputado del Partido Nacional (derecha) que tenían foco en legalizar el autocultivo. Uruguay no penaliza el consumo de drogas (sí su producción y distribución) y ha tenido una tradición de relativa tolerancia frente al asunto. Consecuentemente es natural en Uruguay debatir sobre esto, donde desde el actual secretario de Presidencia a varios legisladores de todos los sectores admiten haber consumido o consumir cannabis.

Lo nuevo es la entrada en escena del Poder Ejecutivo, y la iniciativa de avanzar hacia una regulación integral del fenómeno. El contexto ha sido una batería de medidas para reforzar la seguridad ciudadana, presentados en el documento “estrategia por la vida y la convivencia”. El enfoque plantea una respuesta integral al consumo problemático de drogas, la mayoría dentro de una estrategia de reducción de daños. El desconcierto y la especulación a nivel nacional e internacional provienen de que, si bien este documento y declaraciones de prensa de miembros del gobierno indican que se legalizará la marihuana, no está muy claro el cómo.

Hace ya más de un siglo, otro “Pepe”, José Battle y Ordoñez, fundador del Uruguay liberal y moderno, impulsor entre otras cosas de la ley de divorcio de 1907, respondía a las críticas conservadoras diciendo “seremos una republiquita pero tendremos leyes adelantaditas”. El actual “Pepe” Mujica  dice “Alguien tiene que ser el primero”. Por eso, para honrar la tradición, hay que empezar bien.

Un primer escenario indica, según palabras del Presidente y el Ministro de Defensa (ambos del mismos sector político), que el Estado uruguayo registraría a los usuarios/consumidores, limitaría la droga a consumir mensualmente y produciría la droga monopólicamente bajo ciertos estándares de calidad. Este escenario asume al usuario como un enfermo, limita la posibilidad de consumo y lo fuerza a registrarse. El Estado tutela y “protege” así al usuario, además de asegurarse que la producción queda controlada. El Estado asume que los usuarios tienen tendencia a consumir o ya consumen drogas más duras y  por eso se actúa en consecuencia. A su vez, las autoridades uruguayas ven favorablemente este escenario para evitar ser acusadas de ser “un centro de producción de drogas en la región”, motivo por el cual, inicialmente, se oponen al autocultivo.

Hay al menos cuatro problemas en este escenario. El primer problema es que no contempla la realidad de todos los usuarios. El uso de la marihuana (como de otras drogas como el alcohol, el tabaco, etc.) no es siempre “problemático” y de acuerdo a los datos manejados por el propio gobierno, la mayoría de los consumidores no encajan en ese perfil. El segundo problema, tiene que ver con el establecimiento de un registro, el cual más allá de la buena normativa uruguaya en protección de datos personales, genera serias complicaciones en materia de derecho a la privacidad. Al final a nadie para fumar, o tomar un vaso de vino, le piden que se registre. Esta medida, puede a su vez incentivar el conseguir el cannabis por otras vías para no ser registrado. El tercer problema viene de la mano de la producción y el verdadero enredo  que supone producir cannabis para el Estado. La mayoría de las grandes empresas en Uruguay, son estatales, pero llevar esto al cannabis parece como exagerado. Y finalmente, de fondo hay un problema conceptual que es entender con propiedad la constitución uruguaya que lisa y llanamente indica que las acciones privadas de los individuos, se encuentran exentas del poder de los magistrados. En palabras simples fumar marihuana, es un acto, que hecho con responsabilidad, no precisa de ningún tutor.

Por todas las críticas que la oposición le ha realizado al Presidente, su virtud es la de poner los temas espinosos en la mesa, y forzar el debate. El mismo se desarrollará en el Parlamento, donde debe darse y donde esperemos se tenga la serenidad para avanzar seriamente en el tema. Uruguay quiere hacer de la regulación de las drogas una bandera de su política exterior, para terminar con la hipocresía y los serios inconvenientes que acarrea a nivel internacional. Es un buen estandarte para un pequeño país, si se hace seriamente.

Hace ya más de un siglo, otro “Pepe”, José Battle y Ordoñez, fundador del Uruguay liberal y moderno, impulsor entre otras cosas de la ley de divorcio de 1907, respondía a las críticas conservadoras diciendo “seremos una republiquita pero tendremos leyes adelantaditas”. El actual “Pepe” Mujica dice “Alguien tiene que ser el primero”. Por eso, para honrar la tradición, hay que empezar bien.

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